La denuncia de inteligencia ilegal
en la base naval de Trelew
Por Eduardo Raúl Hualpa
Una causa impune: La masacre de Trelew.
Los fusilamientos ocurridos en el año 1972 en Trelew, son conocidos por todos,
pues hay razones para pensar que con las diecisiete muertes que se produjeron
luego de la fuga de presos políticos del penal de Rawson, se inauguraba una nueva
etapa en la represión a los movimientos políticos y sociales en la argentina.
Parece mentira pensar que hasta el año 2005 los familiares de las víctimas de
aquella masacre no habían iniciado causa alguna que investigue las responsabilidades y en su caso aplique los castigos, pues es probable que varios de los responsables
aún vivan en el país.
En febrero de 2006 el Juzgado Federal de Rawson se hizo cargo de una
denuncia presentada por un familiar de los fusilados del 72, que luego fue robustecida con la querella presentada por un grupo de familiares representados
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y desde la zona por quien
esto escribe.
De más esta decir que en la Provincia del Chubut, gobernada por la Armada
durante la dictadura del período 1976/1983, muchas de las personas relacionadas
con puestos de responsabilidad política, militar y policial de dicho gobierno,
gozan no sólo de la libertad sino incluso algunos de ellos de fortuna, prestigio
político y cargos institucionales, incluso electivos. Situación que solo podemos
calificar por ahora de impunidad, pero una de tal magnitud que para muchos de
los comprovincianos resulta imperceptible.
Una base activa: Almirante Zar.
La presión ejercida por los organismos de derechos humanos en una lucha
que lleva décadas y que el actual gobierno tomara, aunque en forma parcial,
como bandera propia, indudablemente molesta y ha molestado a algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que luego de la declaración de nulidad de las leyes
de obediencia debida y punto final y la consiguiente reapertura de causas en
varios tribunales del país, ven peligrar no solo su posición en la historia, sino su
libertad misma.
En las afueras de la ciudad de Trelew funciona desde hace décadas la Base
Naval "Almirante Zar" con una dotación significativa de oficiales y suboficiales,
muchos de los cuales están insertos en nuestra comunidad, pues tienen varios
años asignado el mismo destino. Esta base, responde directamente al Comando
de Operaciones Navales (COOP) con Base en Puerto Belgrano, y obviamente a
la línea de mando de la Armada Argentina.
No es posible dejar de señalar que en los trágicos hechos del 72, la Armada
aparece como el sector de las Fuerzas Armadas responsable, justamente porque los
militantes fusilados fueron detenidos, ejecutados y rematados en esa misma base.
Una ley vigente. La ley 25520.
La ley de inteligencia nacional, en su artículo 4 prohíbe a todos los organismos
de inteligencia en forma expresa:
1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí,
funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta
sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre
personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por
la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar,
policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de
los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas,
en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de
sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o
privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial."
Para alguien que desconozca nuestra historia reciente, la prohibición de
actuación de las fuerzas armadas o de seguridad sobre las actividades civiles, puede
parecer una verdad de Perogrullo, pero basta señalar que la ley 25520 fue promulgada recién en diciembre de 2001, es decir que tardamos más de dieciocho
años luego del restablecimiento del Congreso en redactar la norma.
Un suboficial clave.
El 14 de marzo de 2006, el Suboficial de Informaciones de la Sección de Inteligencia de la Base Naval de Trelew, Carlos Alegre, remitió al CELS un correo
electrónico con varios documentos adjuntos, en los que informaba que en su sector
de trabajo, se realizaban trabajos de "inteligencia" sobre actividades, personas y
organizaciones de la comunidad en abierta violación a la ley 25520, entre otras.
El suboficial manifestaba que no había tenido ninguna oportunidad de realizar
esa denuncia ante sus autoridades, pues entre los responsables de esas prácticas,
se encontraban principalmente sus superiores, y que se hallaba sufriendo además
actos de persecución y hostigamiento que le impedían encaminar de otro modo
su denuncia.
Ese mismo día, los responsables del CELS, con quien me hallaba en contacto
por la querella de la masacre del 72, me llamaron y me contaron escuetamente lo
que estaba pasando. No podíamos descartar que era preciso extremar recaudos de
seguridad personal y de la comunicación, e imprescindible realizar la denuncia en
el Juzgado Federal de Rawson.
La denuncia, que fue preparada por los abogados del CELS, ya que no queríamos arriesgarnos al uso del correo electrónico para evitar cualquier filtración,
viajó en mano de los abogados Rodrigo Borda y Diego Morales, de esa entidad
amiga de Derechos Humanos.
Un allanamiento inédito.
Así fue que el 17 de marzo de 2006 solicitamos en el marco de la denuncia
de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que se allane inmediatamente la Base Zar, y se secuestre la documentación relativa a estas prácticas
ilegales que nos denunciara Alegre.
La primer impresión de la Justicia Federal fue de asombro, y no podemos
descartar que en su fuero intimo, los funcionarios hayan dudado de la gravedad
de la cuestión denunciada.
Hacia el final del día, nos llegaban noticias desde el Ministerio de Defensa,
sobre la realización del allanamiento, pero hasta el día siguiente, no supimos el
resultado efectivo del mismo.
Nuestras dudas eran tanto sobre la veracidad de nuestro único testigo, la
voluntad de los funcionarios judiciales de llevar adelante el allanamiento e incluso
sobre la eficacia de la medida aunque se tomare ese mismo día. Lo que conocíamos era la existencia de un plan de "desarme" de la oficina que requería tres
horas. Ese era el período necesario para hacer funcionar las maquinas destructoras
de papel, y el horno en el cual se incineraría el material existente.
Las primeras respuestas.
El día siguiente del allanamiento, se conocían los primeros efectos de la
denuncia: fueron relevados el Comandante de Operaciones Navales, Pablo Rossi
y el Almirane Luis Eduardo Aviles, Director de Inteligencia de la Armada.
El allanamiento que comenzó en la tarde del viernes, fue suspendido y prosiguió
el lunes siguiente, incautando carpetas, biblioratos, computadoras, y toda clase de
registros que nos dieron ampliamente la razón: la Sección de Inteligencia de la
Base de Trelew, continuaba intacta en cuanto a las prácticas de control de actividades de la población, violando claramente los derechos de miles de personas,
como si más de veinte años de funcionamiento de las instituciones democráticas
fueran un dato secundario. Evidentemente en relación a estas prácticas, definitivamente la democracia nunca había llegado.
Gran cintura demostró tener el Gobernador del Chubut Mario Das Neves,
realizando fuertes declaraciones y logrando ocupar un sitio en la opinión publica
nacional con su protagonismo en esta causa. Es cierto que Das Neves aparecía
mencionado entre los funcionarios "seguidos" en los biblioratos en los que se
acopiaba una información exhaustiva de las autoridades del gobierno provincial
y los municipales. Pero también que sus declaraciones se encaminaron a desviar
lo que consideramos es el eje del asunto, autovictimizándose y victimizando
a su gobierno y a algunos periodistas caracterizados como "marxistas" o "de
iquierda" por los informes militares.
Creemos que esta fuerte apuesta mediática desvió el eje de atención político de otras víctimas en relación a las que el Gobernador no puede erigirse como defensor o exhibir con tanta gallardía: desocupados, movimiento
indígena, etc. En suma, era preciso que toda la comunidad y sus organizaciones realizara un severo repudio a estas actividades, y reclamara la desactivación de este aspecto del aparato estatal, y la aparición del Gobernador,
opacó las restantes voces en este sentido.
¿Qué información se releva?
Del análisis de la mayor parte del material secuestrado durante el allanamiento de la Base Zar el día 17 de marzo de 2006 surge que la información
relevada se refería a:
• Actividades relacionadas con los derechos humanos, especialmente referidas a los aniversarios del 24 de marzo y del 22 de agosto. Relatos de actividades, con nombres, fechas, e incluso algunas caracterizaciones que sólo
se pueden haber hecho con alguien presente en dichas actividades.
• Conflictos sindicales con manifestaciones públicas (por ejemplo uno
referido al salario de los trabajadores de la pesca de Puerto Madryn en el año
2005)
• Listados completos de autoridades provinciales y municipales, y seguimiento de actividades locales de algunas autoridades nacionales. En algunos
casos se incluían calificaciones o aseveraciones sobre la ideología de los "informados".
• Detallada información sobre los medios de comunicación locales, que
incluye datos generales, periodistas, inclinación ideológica y posturas en relación con la Armada como institución.
Tuvo amplia difusión la existencia de una ficha de la actual Ministro de
Defensa, Nilda Garre, del anterior Secreterio de Estado Dr. Garrete y del actual Gobernador del Chubut Mario Das Neves. Sin embargo, el mayor empeño, a mi juicio está puesto en la descripción de los "factores" "Sociales"
"político" "Sindical" "religioso" "indigenista", entre otros.
Lo encontrado, no solo releva el objeto ilegal de estas recopilaciones, sino que desnuda toda una compleja organización administrativa, con definición de "factores" distribuidos entre los miembros de la oficina y una serie
de manuales de cómo debía relevarse y clasificarse la información.
Un operativo de propaganda.
Desde el primer momento de la investigación penal, ciertos operadores
de la comunicación comenzaron a delinar, robustecer y difundir lo que denominamos "teoría del bluf". Se trata de una campaña destinada a quitar
importancia a la documentación hallada, plantar todo tipo de dudas sobre el
origen de la investigación, sobre la credibilidad del mismo Cabo Carlos Alegre, y más tarde, sobre las condiciones en que habrían desaparecido uno o
varios "modulos" con que se encriptaba la información en la Oficina de Inteligencia de la Base de Trelew.
La afirmación de que el Cabo Alegre, o el propio Juzgado al realizar el
allanamiento, o al incautar varias computadoras, e incluso los oficiales y suboficiales al momento de declarar han incurrido o incurrirían en violación
de secreto militar, realizada por los defensores de los imputados, ha recibido
durante toda la causa un importante apoyo institucional de la Armada. En
forma extraoficial los oficiales de la fuerza han manifestado al Juzgado, y a
la prensa, la preocupación existente en la revelación de secretos militares, tomando en cuenta que todos los informes, contaban con la sigla ESC o el sello "Estrictamente Secreto y Confidencial".
Podemos afirmar que se trato de una campaña deliberada y no solo una
opinión diferente a la nuestra, por varios motivos. Primero, porque se trataba de medios determinados de comunicación, ligados directamente a sectores militares (Diarios La Prensa y la Nación) o por medio de personas con
excelentes vínculos con la Marina (Diario el Chubut, cuyas noticias judiciales son cubiertas por el Corresponsal Naval Fernando Nuño, AM 580 Radio
Chubut, etc.) Al mismo tiempo estas ideas fueron desarrolladas persistentemente, en forma sucesiva, y sin dar lugar al desarrollo de sus opuestos. En la
Radio AM el Chubut el Defensor de varios de los marinos implicados, Dr.
Guillermo Hervida, tiene amplio y permanente espacio para defender todas
sus estrategias defensivas, sin que los errores y falacias informativas requieran ninguna corrección por parte de su entrevistador, el periodista estrella
local Carlos Di Filippo.
El 27 de agosto pasado, el Diario La Prensa publicó una nota en que se
aseveraba que la causa se había cerrado, cuando lo que se cerró únicamente
es la amañada investigación interna realizada por la propia Armada, con ridículas sanciones para algunos oficiales superiores.
Fracasadas o al menos neutralizadas todas estas tácticas, la siguiente distracción consiste en desarrollar el argumento de que toda las supuestas tareas ilegales de inteligencia, se reducían a la "casita" que en la jerga es como
se denomina a la Sección de inteligencia de la Base Aeronaval "Almirante
Zar" de Trelew. Es en este sentido que se orientó la investigación interna de
la Armada, dirigida por el Almirante Rotolo, actual número dos de la fuerza.
El estado actual de la causa.
Desde el punto de vista procesal, la causa llegó hasta un punto en que solamente falta tomar declaración indagatoria a una parte de los militares implicados (el Juzgado citó a quince personas, y la mitad ya declaró) lo que a
su vez está sujeto a la terminación de una pericia informática sobre el contenido de varias PC secuestradas en la Base de Trelew y de Puerto Belgrano.
Una estimación razonable implica que antes de fin de año debería estar
resuelta la situación procesal de todos los imputados, pero obviamente esto
tratará de ser obstaculizado por la defensa, que ha demostrado una importante capacidad dilatoria. Si bien todos los planteos han sido rechazados hasta el momento (recusación del Juez Pfleger, inconstitucionalidad del decreto de Kirchner que liberaba de la obligación del secreto militar a los que declaren en esta causa, nulidad del allanamiento por incompetencia de la Justicia Federal, violación del "secreto militar" por parte del Suboficial Alegre
como vicio genético) no puede dudarse que la estrategia le ha permitido a la
defensa extender considerablemente los plazos de la instrucción.
Otro de los motivos que ha demorado la causa es el reiterado cambio de
Juez. Han transitado por el expediente el Dr. Jorge Pfleger (que actualmente es Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut),
el Dr. Mariano Miquelarena, (quien por ser hermano del Fiscal de Estado
del Chubut, admitido como querellante en la causa, debió apartarse) el Dr.
Luis Lopez Salaberry (designado Conjuez del listado de Abogados), y el actual titular del Juzgado de Rawson, Dr. Hugo Sastre. Es decir, a la fecha de
este informe, cuatro jueces en cinco meses y medio, con las lógicas demoras de cada avocación.
Algunas conclusiones.
Al momento de editarse este informe, habrán declarado seguramente los
restantes militares citados en la causa, y quizá se encuentre resuelta la situación procesal de todos ellos. Sin embargo el tema de la vigilancia de las organizaciones, y militantes políticos, sindicales y sociales no puede cerrarse a
esta causa solamente, ni se verá esclarecida con la condena de uno o varios
de los responsables.
Es evidente que el hecho de que los allanamientos ocurridos en las Bases
militares de Mar del Plata, Puerto Belgrano, Ushuaia, Rio Gallegos y Zárate no arrojaran resultado positivo, no puede dar motivo a restringir la actividad de control prohibido a la ciudad de Trelew. Sin embargo lo concreto
es que la única oficina que en principio fue desestructurada es la de Trelew.
Desconocemos cuál es la efectividad de los cambios ordenados por el Gobierno en relación con el manejo de la inteligencia estratégica militar hacia
el futuro.
Lo que resulta inverosímil indudablemente es que hallamos logrado acceder a toda la información que tenga la Armada Argentina incluso sobre la
ciudad de Trelew y su ciudadanía. Existen indicios tales como referencias en
documentos hallados ("No obran antecedentes en esta oficina") o el uso de
negrillas al mencionar ciertos nombres de militantes sindicales o de derechos
humanos, que nos llevan a pensar que existen otros registros e incluso una
verdadera base de datos exhaustiva que se alimentara con los datos cuyo material "en crudo" fuera secuestrado en la causa.
En anteriores informes de este Comité, al abordar la criminalización de
la protesta social en nuestra Provincia, hemos informado sobre el uso de la
información de dudosa procedencia a cargo de personal de las fuerzas de seguridad (Gendarmería, policía provincial, etc.). Testimonios de miembros
de fuerzas de seguridad han sido utilizados como elemento de cargo para
causas penales de "cortes de ruta", e incluso policías provinciales han declarado en causas contravencionales por protestas en la ciudad de Trelew, citando supuestos antecedentes de participación en conflictos por parte de dirigentes de desocupados, que no tienen ningún antecedente penal.
Apuntó al hecho de que no puede admitirse la teoría de la "Casita" en
cuanto al ámbito de actuación de las actividades ilegales de vigilancia dentro de la Armada, pero tampoco que dichas actividades se hallan realizado
sin comunicación con otros miembros de lo que se conoce –y así surge de la
documentación secuestrada en la causa- como "Comunidad de Inteligencia". Resulta muy difícil pensar que este aspecto del Estado se realiza sin coordinación entre las diferentes fuerzas armadas y de seguridad, y por lo
tanto que con la "desactivación" de la casita se halla logrado desarmar este
aspecto del aparato represivo del Estado.
