"El sueño, en sus representaciones,
sombras suele vestir, de bulto bello"
Góngora 1
El período que abarca este informe aparece como el de la mayor defensa de
los Derechos Humanos por parte del Estado. Es, también, el de reaparición de
todas las sombras de la dictadura y el de su período preparatorio, el gobierno
constitucional de los grupos paramilitares de las Tres A.
El gobierno de Néstor Kirchner debutó llamando a la casa de gobierno a las
Madres de Plaza de Mayo. No fue, sin embargo, el primer presidente en hacerlo.
En medio de la más grande crisis económica y social de nuestro país, Adolfo Rodríguez
Saa, presidente de emergencia, tuvo la misma conducta. Las Madres, las
Abuelas, los Hijos de los desaparecidos, fueron convocados entonces a la Rosada,
en lo que parecía un giro histórico. Ningún gobierno anterior había tenido este
gesto hacia las víctimas de la dictadura cívico-militar instalada en 1976 en la Argentina.
¿A qué obedecen estas conductas del Estado, repetidas con diferencia de pocos meses?
Para entender lo sucedido debemos revisar el pasado inmediato.
Los cacerolazos del 20012 no fueron un acto espontáneo, sino el producto de
la acumulación histórica de un proceso de crecientes manifestaciones contra la
política del gobierno de Menem, cuyo punto de arranque más destacado son las
movilizaciones de Cutral-Có y Plaza Huincul, entre el 20 y el 26 de junio de
1996. Este hecho estuvo precedido por los acontecimientos de Santiago del Estero
en diciembre de 1993, cuando el pueblo de esta provincia ocupó las calles de la capital y la casa de gobierno en demanda de trabajo, educación y mejoras sociales.
La particularidad de Cutral-Có fue la aparición de un fenómeno novedoso:
los cortes de ruta, expresión de una nueva realidad económica de la Argentina,
basada en la desocupación masiva 3 , consecuencia –en parte– de la privatización
de las empresas estatales operada bajo el gobierno menemista.
Los cortes de ruta pasaron a ser la huelga de los desocupados 4 . Ante la falta
de respuestas del Estado a los inquietantes niveles de miseria, la población laboriosa le opuso una modalidad de protesta que, sin lugar a dudas, llegó para instalarse en todo un período de la historia de la Argentina.
Como analizaremos en este trabajo, la respuesta del Estado a la protesta de los
habitantes de las ciudades y del campo ha sido la criminalización, es decir, la
puesta a disposición de la justicia penal de los protagonistas y dirigentes de estas
nuevas formas y expresiones de lucha. El CAJ fue de los primeros en denunciar
esta situación 5 y en defender, ante los ataques judiciales del Estado, a sus protagonistas.
Una serie de factores confluyeron, asimismo, para ir entrelazando las luchas
por reivindicaciones democráticas vinculadas a la situación económica, con aquellas relacionadas más específicamente a lo que conocemos como Derechos Humanos, en sentido clásico 6 . El nexo entre estas dos realidades –separadas artificialmente en el pasado– ha sido la Impunidad.
Son estas acumulaciones las que permiten explicar, en lo sustancial, esa conducta de Rodríguez Saa y Kirchner al centrar su discurso en los Derechos Humanos; lo que se procura es encabezar la movilización, para poder gobernarla, despojándola de su carácter independiente. De la Rua y Duhalde, por el contrario,
optaron por la conducta contraria: reprimir la movilización (19 y 20 de diciembre de 2001 y Puente Pueyrredón); esa política fracasó, costándole a ambos su
propio gobierno. De esas lecciones se nutrieron quienes han decidido cooptar para el aparato de gobierno, ante la desintegración de los partidos tradicionales, a
las organizaciones piqueteras y de Derechos Humanos. Este objetivo revela la falta de consecuencia en la defensa de las libertades, tratándose, apenas, de una coyuntural política de contención, como profundizaremos más adelante.
Los ladrillos de la Impunidad
El edificio que culmina con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final impulsada por el gobierno de Kirchner, está constituido por ladrillos
aportados desde distintas realidades de la sociedad.
Por un lado, un componente de ese resultado es la tenacidad en la lucha de
aquellos organismos de Derechos Humanos que se mantuvieron independientes
del Estado. Este es, sin duda, el aspecto que resulta más visible. Las marchas convocadas para conmemorar y repudiar el Golpe de Estado de 1976 fueron crecientemente masivas. El aumento cualitativo y cuantitativo de las mismas no obedece exclusivamente a los partidos políticos convocantes, ubicados en la izquierda
política, sino también a lo que consideramos un aspecto parcialmente ignorado
en los análisis: la participación de la movilización nacional, en sentido amplio, de
los familiares de las víctimas del "gatillo fácil", de los secuestros extorsivos, de los
crímenes amparados en las "zonas liberadas", de las víctimas de la prepotencia de
los cuerpos de seguridad en las "discos" y "bailantas"; es decir, de quienes sufrieron, de una u otra manera, la conducta de un Estado que ha venido cobijando y
tolerando ciertas formas del autoritarismo que fueron instaladas, de manera estructural, bajo la dictadura cívico-militar en 1976. A esto debe agregarse la represión directa de las fuerzas de seguridad del Estado a los cortes de ruta, huelgas,
manifestaciones, con su trágico saldo de heridos y muertos (Teresa Rodríguez,
Víctor Choque, Verón, Kostecki, Santillán, entre tantos otros).
Desde mediados de la década del 90 la sociedad comenzó a percibir que no
se trataba de fenómenos aislados, sino que estos hechos formaban parte, objetivamente, de una política de Estado. Esta comprensión nació luego de recorrer los
tribunales de todo el país en búsqueda de Justicia. El Estado fue el más firme escollo, con su cadena de protecciones (ocultamiento de pruebas, indicios falsos,
fuga de imputados) tanto a favor de quienes fueron autores directos de esos crímenes, como para quienes los organizaron y planificaron.
La impunidad de los crímenes policiales del gatillo fácil (Ingeniero Budge,
Dock Sud, Miguel Bru), las pruebas falsas en el juicio de la AMIA, el sobreseimiento de hecho del gobierno de Duhalde en la masacre del Puente Pueyrredón,
el encarcelamiento de funcionarios menores en el caso Cromagnon, no encuentran otra explicación que la de preservar a los diversos estamentos del aparato de
"seguridad" y de la burocracia estatal, frente a la movilización reclamante de gran
parte de la sociedad con necesidades básicas insatisfechas.
A las Madres de Plaza de Mayo se les sumaron, en estos años, las Madres del
Dolor y otros organismos de víctimas de la impunidad bajo el régimen constitucional, cuya más reciente incorporación resulta el agrupamiento de los padres de
los jóvenes muertos en la discoteca Cromagnon de Buenos Aires, como antes lo
fue el de los familiares de la voladura de la AMIA y de la masacre del Puente
Pueyrredón.
Así como no hubo sector de la sociedad argentina que no tuviese un desaparecido bajo la dictadura del 76, podemos decir que desde 1983 en adelante, por distintos factores, no hay sector de la sociedad que no tenga una víctima de algún tipo de crimen –por acción u omisión– que registre algún grado de impunidad.
La percepción de la sociedad ante estos hechos es que, en el mejor de los casos, resultan llevados ante la Justicia y eventualmente condenados los actores menores de este drama, mientras los responsables principales quedan siempre fuera
de la escena.
Esta conducta del Estado es inversamente proporcional a la aplicada en los
años ochenta. En ese entonces se juzgó, excluyentemente, a algunos de los principales responsables de los crímenes de la dictadura, para dejar a más de tres mil
oficiales y civiles en la impunidad. Luego, bajo el menemismo, se indultó a los
escasos condenados 7.
Desde mediados de los noventa hasta la fecha, los protagonistas de crímenes
contra la población, en su mayoría vinculados al aparato del Estado, fueron –en
los pocos casos en que lo fueron– sometidos a proceso desde la escala más baja.
La cadena se corta al llegar a los mandos medios, para proteger a los autores intelectuales de los asesinatos de participantes de protestas, de jóvenes en los barrios
populares, o en los actos de grave negligencia en el control de las medidas de seguridad (Cromagnon, patovicas, barrabravas). Esta misma política es la que se está aplicando, como más adelante analizaremos, luego de la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura.
El caso Blumberg
Uno de los ejemplos más paradigmáticos de este estado de cosas es lo ocurrido con el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg, el hijo de un importante empresario del Gran Buenos Aires. Este crimen simboliza la irrupción de la impunidad en los barrios de los sectores de la clase media alta y la burguesía, en los
countries.
El padre de Axel, un hombre ideológicamente de derecha, puso en pie, de
manera ejemplar, una gran campaña, desde su particular concepción de lucha
contra la impunidad. Su tesis ha sido que son las penas "leves" contra los delincuentes, aún los menores de edad, las que traen aparejada esta situación 8 . En esta cruzada fue acompañado por algunos de los más notorios abogados de la dictadura del 76. Éstos pretendieron manipular a la opinión pública en un sentido
objetivamente reaccionario. Esto porque se omitió identificar la verdadera trama
de las organizaciones que realizan secuestros, vinculadas, no a la falta de poder de
las jefaturas policiales, sino –precisamente– al perfecto control que algunos de sus
estamentos tienen del crimen organizado. Esta modalidad delictiva se fue tejiendo, comprobadamente, durante los años de la dictadura, bajo la jefatura de policía del general Ramón Camps y, tiempo antes, bajo el gobierno de la Triple A, dirigido formalmente por Maria Estela Martinez 9.
El caso Blumberg movilizó a la sociedad argentina en todas sus capas. Las
marchas convocadas por el empresario congregaron a cientos de miles de personas, convirtiéndolo en un dirigente político. El gobierno no sólo lo recibió, sino
que hizo suyo el programa de reformas penales que este propuso.
El juicio seguido contra los operadores materiales de la banda que asesinó a
Axel ha dejado importantes lecciones. En la sentencia se cumplió, en parte, con
lo pedido por Blumberg: los asesinos fueron condenados a prisión perpetua. Pero el juicio dejó al desnudo una enorme trama de complicidades que abarcan desde altos jefes policiales, llegando hasta fiscales y jueces. Se pudo constatar que no
se estaba ante una banda común de simples extorsionadores, sino ante una red
mafiosa, manejada con la mayor tecnología existente, con una enorme cantidad
de medios materiales, de recursos y de relaciones con el poder del Estado.
La principal conclusión de este caso es que los pocos condenados resultaron
ser las piezas menores de un juego de muy vastas proporciones. No hay otra explicación para la impunidad de los jefes policiales que fueron cómplices identificados, por acción u omisión, en este crimen, así como tampoco la hay para el desdibujamiento, durante el mismo proceso, de la conducta de apañamiento de la
banda perpetrada por miembros prominentes del Poder Judicial 10.
El padre de Axel, sin embargo, que ha visto todo esto en el propio desarrollo
del juicio, del que participó activamente, no ha podido asimilar la amarga lección, atribuyendo de manera poco elaborada a "fuerzas oscuras" lo ocurrido. Es,
en este sentido, un símbolo de la dificultad de los sectores más aventajados de la
clase media para vincularse, de manera consciente, con las luchas del resto de la
población contra la impunidad y las injusticias. Estas limitaciones son las permiten avizorar porque el proyecto de Blumberg para combatir la impunidad está
condenado al fracaso.
Los juicios contra la dictadura
El primer factor de la decisión del gobierno de Kirchner de anular las Leyes
de Obediencia Debida y Punto Final fueron los pedidos de extradición contra los
imputados desde tribunales extranjeros. Esto mismo ha ocurrido en Uruguay,
donde el gobierno de Tabaré Vásquez abrió una pequeña hendija judicial a la amnistía, ante los pedidos de extradición de tribunales argentinos. De acuerdo a los
tratados internacionales suscriptos por los estados del Cono Sur, o se juzgan en el
país los crímenes o se debe conceder el traslado a terceros países para su juzgamiento.
Esta crisis de las extradiciones estalló durante el gobierno de De la Rua (1999-2001), y se prolongó bajo el interinato forzoso de Duhalde (2002-2003). Ambos
gobiernos –el primero lo dijo explícitamente– tuvieron como política no acatar
las ordenes de jueces extranjeros, incumpliendo así los tratados internacionales.
Esto se convirtió en crisis terminal bajo el nuevo gobierno de Kirchner, que en
su discurso a favor de los Derechos Humanos no podía asumir la negativa a los
pedidos de Justicia desde el exterior. A su vez, los propios acusados solicitaron ser
juzgados en la Argentina 11.
La situación objetiva de los pedidos de extradición se sumaron a una incansable y creciente movilización de una franja consciente de la sociedad argentina.
A diferencia de otros países de la región, en donde se toleraron las amnistías pergeñadas en acuerdo con las dictaduras salientes, aquí –las encuestas lo revelan–
sólo un sector minúsculo continuó apoyando a los autores materiales de los crímenes contra la humanidad12.
La reapertura de los juicios es el resultado de una excepcional movilización
nacional e internacional contra la Impunidad. En este sentido cabe también a
nuestra organización mundial, la FIDH, un lugar destacado en esa lucha, con su
decidido apoyo al juzgamiento de todos los crímenes, aquí o donde fuera posible, por encima de las conveniencias miserables de toda "razón de Estado".
Pero esta reapertura ha puesto en evidencia, luego de varios meses, otro
tipo de problemas. Por un lado, los juicios se han abierto rápidamente, para desarrollarse muy lentamente. Salvo dos casos que han sido llevados a
término (el del torturador "Turco Julián" y el del ex comisario Etchecolatz),
el resto discurre con pasmosa morosidad. La Cámara de Apelaciones en lo
Penal de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, resolvió en la llamada
causa Camps, que las causas deben realizarse una por una: esto significaría llevar al banquillo a los acusados en cinco mil procesos –ese es el número
de causas– hecho humanamente imposible, al menos en el término de dos
generaciones completas. Otro tanto ocurre con las causas principales de la
ESMA, Primer Cuerpo de Ejército, Rosario, Córdoba y Tucumán.
Los jueces se quejan, ante nuestros reclamos por su lentitud, de la falta
de recursos enviados por el Estado. Esto es cierto; el gobierno se manifiesta a favor de los procesos, pero los juzgados tienen que llevar el trámite con
el mismo personal, lo que significa una carga enorme para los de por sí ya
rebasados juzgados. Pero los jueces, como se lo hemos manifestado personalmente, no denuncian públicamente esta situación, adaptándose a la dificultad, lo que los vuelve objetivamente funcionales a ellas.
La solución a este enredo material de las causas es la unificación por zona de las mismas. Al igual que se hiciera con la causa a los comandantes en
1983, se debe dotar a las Cámaras de Apelaciones del presupuesto necesario para constituir las salas que juzguen, como bloque, los crímenes cometidos. La propuesta no es una elaboración caprichosa, sino la conclusión
científica que se deriva de la forma de operar de los propios criminales. La
dictadura organizó el genocidio por zonas militares, con mandos unificados
en cada uno de ellos, que reportaban a la estructura central de la Junta Militar. Es así que las asociaciones ilícitas para delinquir, de acuerdo a la ley
argentina e internacional, deben ser juzgadas como una unidad, permitiendo establecer las diversas responsabilidades en la cadena delictiva, de arriba
hacia abajo.
Por el contrario, la metodología que se viene aplicando actualmente, no sólo
es lenta, sino que también es un semillero de más impunidad. Hasta ahora –con
la posible excepción de Etchecolatz, que era un mando intermedio– la perspectiva de los juicios por venir es seguir juzgando a torturadores y asesinos de la parte mas baja de la cadena, mientras los responsables principales siguen esperando
en sus domicilios la jubilación eterna y natural de su fallecimiento.
El CAJ ha propuesto, en cambio, desde los espacios que integra –Memoria,
Verdad y Justicia y Justicia ya– la realización de una campaña nacional para que
el Estado deba aportar los fondos y recursos necesarios para impulsar inmediatamente las causas, en forma unificada por zona, llevando al banquillo judicial a todos los responsables, lo que incluye no sólo a los generales, almirantes y brigadieres, sino también a los grandes empresarios que se beneficiaron con el golpe y se
lavaron las manos, lo que abarca un espectro mucho más vasto que el ex ministro de Economía Martinez de Hoz, también impune 13.
El secuestro de López
Jorge Julio López fue el testigo de cargo en el juicio que culminó con el histórico fallo por genocidio contra Etchecolatz. El 18 de septiembre de 2006, día
de los alegatos finales de ese juicio, en el que López debía participar para permitir a su abogada, la doctora Guadalupe Godoy, formular la acusación fundada,
desapareció. Desde entonces y hasta la fecha de este informe, a dos meses del hecho, sigue sin aparecer.
Todo indica que ha sido secuestrado. Así lo reconoció el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y también el gobierno nacional, aunque
de manera oblicua.
En un primer momento, el gobierno atribuyó a una "amnesia transitoria" su
desaparición. Se perdieron en esa interpretación –y otras más miserables aún, nacidas de las mentes afiebradas de sus adlateres– más de diez preciosos días, en
los que el Estado se manifestó inerme ante la situación. El presidente, luego de
ese lapso, rompió el silencio, expresando su preocupación por el caso.
Pero lo cierto es que nada se sabe de López. La gran prensa ha dejado de seguir el caso. La opinión pública es inducida a adormecer su conciencia ante uno
de los más graves hechos ocurridos desde 1983.
Si bien es cierto que López no es el primer desaparecido en estos años, si es el
primero en desaparecer luego de haber estado desaparecido en la época de la dictadura. Esto, de por sí, marca la gravedad del caso. Pero no sólo por esto. Muchos
jóvenes fueron tirados al Riachuelo por la policía, otros, como el estudiante de la
ciudad de La Plata, Miguel Bru, fueron torturados y luego desaparecidos. Es decir, muchos, decenas, fueron víctimas de la misma metodología de la dictadura;
pero no lo fueron por razones de su militancia o posiciones políticas. López, al
testificar valientemente contra Etchecolatz, encarnó una posición, de cara a la sociedad, no solo ética, sino también de militancia por los Derechos Humanos. Su
secuestro es una represalia por esta conducta.
El gobierno de Kirchner no puede ser acusado de complicidad o tolerancia
por este secuestro, que lo perjudica políticamente. Pero su indolencia –así lo reconoció el propio ministro del Interior, Aníbal Fernández 14 – al no haber proveído protección a los testigos de tan importante caso, es reveladora de algo tan grave, humanamente, como lo primero: su desatención por quienes militan en filas
distintas a las suyas.
¿Cómo explicar esta conducta? Los principales dirigentes del gobierno en materia de Derechos Humanos estuvieron presentes en el juicio. Lo auspiciaron y
apoyaron, indudablemente. Pero sólo desde sus propias filas, dejando –en un acto de alta imprevisión– desguarnecidos a los abogados, testigos y familiares. Esto
sólo puede entenderse como un aspecto de los propios y ajenos, parámetro al que
somete el gobierno su consideración cotidiana. López no era afín al gobierno, como no lo es, en gran parte, el espacio que impulsó el juicio a Etchecolatz. Tampoco lo son, funcionalmente, muchos los descendientes de desaparecidos que son
y han sido objeto de amenazas, y hasta de un secuestro por dos horas de uno de
sus miembros después de la desaparición de López. Ni uno solo de los autores de
las amenazas telefónicas o de cualquiera de estos atentados ha sido identificado o
puesto en manos de la Justicia. Esta inacción del Estado resulta auspiciosa, de
manera indirecta, para quienes así actúan.
Un dato deberá ser seguido con cierta atención. Días después del secuestro de
López, diversas asociaciones que reivindican a la dictadura militar, en un acto realizado en la Plaza San Martín, reclamaron una amnistía para los acusados, en general, amigos y familiares de los manifestantes. El acto no fue importante numéricamente. Pero la mayor cantidad de fotos presentes fueron las del ex secretario
general de la CGT, José Rucci, asesinado mucho antes del golpe cívico–militar.
El discurso más aplaudido, según consigna el diario La Nación (21/9/06), contenía reiteradas citas al general Perón. Este dato revela no sólo la reivindicación de
la dictadura, sino del camino que pavimentó su llegada, la Triple A, durante el
gobierno de Isabel Martínez. Ninguno de los oradores se refirió ni reclamó por la
aparición de Julio López.
Estos estamentos, con importantes posiciones en el Estado, las agencias de seguridad de ex comisarios y militares, y ciertos sectores de la dirigencia sindical
más ortodoxa, han dado su "presente" en estas horas difíciles de la Argentina.
Uno de los principales voceros del acto en Plaza San Martín, advirtió: "no se puede seguir tirando de la soga, sin que esta se rompa", al tiempo que acusó al actual
gobierno de fraguar el secuestro de López, con su anuencia. (The Washington
Post, 20/10/06 15 ).
Como lo ha manifestado el CAJ en sus comunicados, y también lo ha reclamado la FIDH en una carta abierta al presidente Kirchner fechada en Paris, hace a la salud de las libertades que se esclarezca lo ocurrido con López, con los integrantes de Hijos y con la ola de amenazas contra los defensores, abogados, fiscales y jueces de las causas contra la dictadura. Esto es lo mínimo que podemos
exigirle al Estado, sabiendo que la movilización democrática de la sociedad es la principal encargada, como lo fue en el pasado, de llevar a término el juicio a todos los responsables de estos graves hechos del pasado y del presente.
Una última reflexión, referida a los servicios de inteligencia del Estado. Se han
revelado eficientes en echar abajo todas las pruebas (grabaciones, testimonios, indicios) sobre lo ocurrido en el atentado de la AMIA. Esa eficiencia es, a la hora
de las causas democráticas, inexistente. Sólo opera para los negocios turbios, contrarios a los intereses de la sociedad. Nada han aportado no sólo en el caso López, sino tampoco en el caso Blumberg, Cromagnon, Bru, Puente Pueyrredón, la
lista es interminable. Eficaces sí, y con entrada directa a la Casa Rosada, para las
operaciones políticas de Estado 16. Absolutamente inoperantes para resolver los
graves problemas de la sociedad argentina, a espaldas de la que evidentemente actúan.
El reclamo elemental que desde aquí formulamos, junto a los demás organismos de derechos humanos, es su desmantelamiento liso y llano junto al resto del
aparato subsistente de la dictadura, lo que incluye la revisión de los planteles y
permisos de las llamadas "agencias de seguridad". La apertura total de los archivos de la SIDE, es la tarea inmediata, substituyendo a ésta por una organización
democrática y cristalina, bajo control directo de todos los estamentos de la sociedad (escuelas, universidades, sindicatos, asociaciones de víctimas, de profesionales y derechos humanos), los únicos interesados en evitar peligros para las libertades y la seguridad de nuestros hijos, para el futuro de la Argentina.
La criminalización de la protesta social
Mientras estas serias tensiones recorren los últimos años que abarca este informe, una aparente contradicción resalta entre otras. El gobierno que debutó llamando a no judicializar la protesta social, es uno de los más activos impulsores
de ésta.
Se analizan en el presente informe varios casos, su jurisprudencia y las implicancias de la conducta de la Corte Suprema y los tribunales de todo el país. Pero
la matriz de esta conducta proviene del Estado.
Pocos días después de asumir, en 2003, el gobierno actual convocó a una Comisión ad-honorem, integrada por juristas, para evaluar y proponer una solución
legal para los más de cinco mil procesados por cortes de ruta, huelgas y manifestaciones que existen actualmente en Argentina. Las causas eran, en ese momento, herencia de los gobiernos de Menem, De la Rua y Duhalde.
La Comisión sesionó durante varias semanas y meses, con la coordinación de
la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Se arribó, finalmente, a un acuerdo, en cuya redacción participó el CAJ. Formulado el mismo,
quedó en manos del Ministerio presentarlo ante el Poder Ejecutivo. Intempestivamente, las reuniones dejaron de realizarse y la Comisión fue, de hecho, disuelta, no volviendo a reunirse.
Desde entonces las causas por motivo de protestas, huelgas o manifestaciones
–algo habitual en cualquier país que respete los derechos universales– siguieron
siendo llevadas a los tribunales. El número de procesados no sólo no disminuyó
–con excepción de la provincia de Neuquén, donde si fueron cerrándose, de hecho, los innumerables procesos, mayoritariamente contra sindicalistas de ATE–
sino que han ido aumentado vertiginosamente.
Los huelguistas del gremio telefónico, de los hospitales, de los petroleros y estatales de la Patagonia, de las líneas del Subte; los piqueteros de la provincia de
Buenos Aires, fueron y siguen siendo procesados. El propio presidente de la Nación criticó la huelga del Hospital Infantil Garrahan, adonde se hizo presente la
Guardia de Infantería, para escándalo de los niños allí llevados a curar, algo que
el gobierno subrayaba –por oposición– al estigmatizar a los huelguistas, quienes,
sin embargo no dejaron sin atender, de manera impecable, un solo caso. En una
actitud temeraria, los ministros de de Salud y del Interior tildaron, respectivamente, de "terroristas de la salud y del transporte" a los huelguistas, que estaban
reclamando, con una mera huelga, normal y corriente, aumento de salarios o re-categorización del convenio colectivo.
En este clima se produjeron fuertes represiones a obreros petroleros en la Patagonia, más precisamente en la provincia en la que gobernó siempre el actual
Presidente, Santa Cruz, en las localidades de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las
Heras. ¿Que pedían los manifestantes? Más trabajo y mejoras salariales. Más aún,
pidieron que el gobierno provincial cumpliera acuerdos previamente suscriptos y
luego incumplidos, en este sentido. La crisis abierta por estos hechos, culminó
con la renuncia del gobernador de la provincia. Pero los procesos a los huelguistas y manifestantes siguen en curso.
En la llamada "Causa de la Legislatura" fueron procesados más de veinte manifestantes, en su mayoría humildes vendedores ambulantes, a los que se acusó de
"impedir la salida de los legisladores del recinto". La acusación es absurda per se
habida cuenta de que los manifestantes lo que no querían era que los legisladores
sancionasen –de allí la marcha de protesta– una ley en su contra 17 de características reaccionarias, ya que les impedía ganarse la vida, vendiendo en la calle. ¿Cómo querrían impedir que no saliesen de allí, precisamente, donde estaban votándoles en contra? En todo caso, lo que hubiesen deseado es que nunca hubieran llegado al recinto para votar ese engendro. ¿Qué sentido podía tener "no dejarlos salir"? En esta causa, cuya defensa han ejercido muy eficazmente nuestros
compañeros de la FIDH –la Liga y el CELS– así como la agrupación Apel, muchos legisladores y empleados reconocieron que la acusación era falsa. Esto no
impidió que la mayoría de los imputados pasaran catorce meses de su ya por de
sí difícil existencia, presos, dejando de llevar el sustento a sus familias, cumpliendo así, de la manera más cruel e injusta posible, con la prohibición de vender en
las calles, impulsada por un legislador que sostiene defender la doctrina cristiana,
el doctor Santiago de Estrada.
El gobierno se apresta ahora a una prueba aún más compleja con los manifestantes de la provincia de Entre Ríos. Estos cortan la ruta con Uruguay desde hace meses, en protesta por el intento del gobierno de Tabaré Vásquez de instalar
unas papeleras altamente contaminantes de capitales finlandeses, al punto que
una de similar tecnología produjo –hace unos años– graves secuelas ecológicas y
enfermedades para los habitantes de Galicia, en España.
Al principio, contradiciendo su política, el gobierno toleró estos cortes. Un
escrito presentado ante el Tribunal del MERCOSUR, redactado por la Cancillería, reconoce el derecho a cortar rutas, como lo que es, un derecho democrático
insoslayable ante una situación extrema de necesidades insatisfechas. La contaminación del río Uruguay, efectivamente, lo es.
Pero ahora el Estado ha cambiado, una vez más, su discurso, condenado los
cortes y ordenando a la Gendarmería filmar a los participantes de los mismos, en
un ostensible avance hacia su judicialización. El pueblo de Gualeguaychu, localidad de Entre Ríos, movilizada por estos hechos, ha votado en asamblea, en forma unánime, el mantenimiento de los cortes. ¿Qué hará el gobierno? Por su parte, el presidente uruguayo Vasquez, que acaba de suscribir pre-acuerdos no sólo
por estas papeleras, sino dejando de lado el MERCOSUR, en apoyo del ALCA;
ha manifestado la decisión del empresariado y los bancos uruguayos de no ceder
un palmo en la construcción de las plantas contaminantes. Estamos así ante un
verdadero dilema, a varias puntas, que habrá de ocupar la mayor parte del año
que comienza.
La explicación de todas estas aparentes contradicciones es, al igual que en el
caso de la nulidad de las leyes de perdón, la existencia de una política de Estado
que prioriza mantener bajo control toda manifestación o iniciativa independiente de la sociedad, es decir, cuando los habitantes, al no encontrar respuestas a sus
reclamos, salen a exigir al gobierno por sus justas reivindicaciones.
En su columna habitual de los domingos, el periodista Joaquín Morales Solá
ha dado, inconscientemente, con una de las claves para comprender mejor la actual situación. Dijo allí (La Nación, 05/11/06) que la tarea central del gobierno "es que mantenga el actual crecimiento de la economía" 18. Ello así, los demás reclamos de la población quedan subordinados a este objetivo. Y en efecto,
toda la preocupación que se refleja en la prensa –basta leer los diarios– es este
mezquino afán, como si las arcas del Banco Central, repletas de fondos 19, justificasen que no se hable más de López, ni de las amenazas, ni – por supuesto- de
los miles de juicios a quienes osan proponer y reclamar otras reivindicaciones más
acuciantes que el superávit. Como la persistencia de una tasa de desempleo de dos
dígitos, la mortalidad infantil, que se mantiene en apenas un decibel por debajo
de sus niveles históricos, o la angustia de quienes recorren las calles buscando en
la basura los pedazos de cartón que les alcancen para vivir. Es decir, la preocupación por la Bolsa, enfrentada a la de quienes viven de esperar –sin desearlo– una
bolsa de comida, o de llenarla con cartones, por la noche, junto a sus hijos. Aquí,
como en aquel viejo film argentino, es "donde mueren las palabras".
Resulta también preocupante la aparición en el conflicto sindical de patotas.
Es lo ocurrido en la huelga del hospital francés, donde el interventor designado
por el gobierno pretendió desalojar a los trabajadores, en momentos en que realizaban una asamblea deliberativa, con la utilización de un grupo armado de civiles, pertenecientes a los llamados "barras bravas"de los clubes de fútbol. Esta
metodología se utilizó también contra la huelga de los maestros en la provincia
de Neuquén (la patota en este caso respondía al sindicato de la construcción) y
también en los sucesos de los trabajadores frente a las petroleras en Santa Cruz,
hecho que culminó con la muerte de un agente policial y la detención de los principales dirigentes de la huelga.
La tendencia a utilizar grupos de choque, integrados por civiles, resulta particularmente grave, porque lejos de establecer los canales habituales de diálogo
para la resolución de los conflictos, los coloca en un grado de confrontación física contra quienes reclaman por sus derechos.
El CAJ mantiene en pie el proyecto de ley que redactase junto a otros organismos de Derechos Humanos –entre los que se cuentan el CELS y la Liga– tendiente al desprocesamiento de todos los manifestantes injustamente acusados de
delitos, como la "interrupción del tránsito", o la supuesta "coacción" en una
huelga, recursos que sólo hemos visto aplicar bajo los gobiernos, tristemente célebres, de la Década Infame, la Libertadora, Frondizi u Onganía. Exigimos al Parlamento la votación de esta ley que implica el desprocesamiento, ya, para todos.
Pero auspiciamos una solución de fondo para este problema. Es necesaria una
reforma del Código Penal, cuya estructura, como la cebolla, se compone de infinitas capas de reformas producidas bajo gobiernos autoritarios y dictaduras, instalando diversas figuras contra los derechos democráticos.
Existe un debate en curso sobre si es necesario modificar el artículo 194, que
se aplica a los cortes de ruta. El camarista Schiffrin, en un fallo que puede leerse
en este mismo libro, opina que es inconstitucional. Por su parte, Zaffaroni considera que estaríamos ante una contravención, por lo tanto, no punible penalmente. El debate deberá madurar, pero el capítulo del Código en el que se encuentra esta figura no es otro que el de la Seguridad del Estado, es decir, donde
el bien jurídico tutelado es el ataque a su integridad en cuanto tal, algo que nada
tiene que ver con una manifestación normal y pacífica de la población, levantando una propuesta de solución o de crítica al Estado.
La figura de coacción, incluso agravada, que estrafalariamente tienden a aplicar algunos fiscales y jueces –la mayoría hicieron su carrera judicial bajo la dictadura, sin que se los haya removido– ante el desarrollo normal de una huelga (forma de "coacción" no dolosa, por ende, atípica, que procura obtener un legítimo
resultado reivindicativo) no puede parangonarse con la conducta del delincuente, que así actúa, con propósitos extorsivos. Sin embargo, esta es la acusación del
ministerio público en los casos del Hospital Garrahan y los petroleros de Las Heras, entre tantos casos.
Resulta significativo que subsista el artículo 213 bis, figura completamente
inconstitucional, introducida por el gobierno de Martinez de Perón, en los días
de su ocaso estrepitoso, cuando era Primer Ministro el fundador visible de la Triple A, José López Rega. Ese engendro antijurídico persigue a "una asociación lícita destinada a cometer ilícitos" un galimatías que si no fuese de grave aplicación, conmovería a la risa. El objetivo de este texto fue, en su hora, el de ilegalizar a toda asociación que, siendo legal, molestase al gobierno. El propósito se
agrava, pues permite que se detenga a una persona –el delito tiene una pena muy
alta– "por el solo hecho de pertenecer a la organización". Es decir que, el asociado de un sindicato, asociación perfectamente legal, a la que se declare –de un día
para otro– "ilegal", puede ser puesto en prisión ¡por el sólo hecho de ser afiliado
al sindicato! 20
Este artículo no sólo sigue en el Código Penal, sin que los legisladores se hayan visto inmutados por su subsistencia, desde 1983 a la fecha, sino que el reciente proyecto de reforma del Código Penal presentado por el gobierno lo mantiene
textualmente, incluso en la frase final, lapidaria, referida al afiliado.
Criticamos no sólo el Código Penal, sino todo intento de reformarlo, sin debate previo de la sociedad, con participación de los organismos de Derechos Humanos, los sindicatos, los centros de estudiantes y los claustros universitarios. Reformar el Código Penal es una tarea democrática incumplida en estos largos años
de régimen constitucional. Los resultados están a la vista.
La perspectiva del nuevo período
La complejidad de lo ocurrido en estos años deja interesantes constataciones.
La primera de todas: no basta con instalar un discurso a favor de los Derechos
Humanos; es necesario impulsar la modificación de aquello que ha llevado a la
violación sistemática de los mismos.
Amparándose supuestamente en "razones tácticas", Alfonsín declinó llevar a
término el juicio a todos los responsables del genocidio ocurrido en Argentina.
Esto obligó a impulsar la jurisdicción universal, para obtener Justicia.
El CAJ impulsó y patrocinó jurídicamente las denuncias de la CTA ante el
juzgado de Garzón, en España, sosteniendo –precisamente– la tesis del genocidio 21; agregó, asimismo, el aspecto oscuro de ese hecho aberrante: la complicidad empresarial, presentando pruebas de lo que luego sería utilizado en los Juicios de la Verdad, derivando en las causas iniciadas por los secuestros en la Mercedes Benz, Ford, el Ingenio Ledesma, el Hospital Posadas, entre varios casos.
Sostuvimos entonces, como lo seguimos haciendo en la causa Etchecolatz, y
las que vendrán, que el "grupo nacional", requerido en la tipificación del genocidio 22 estuvo compuesto por aquellos elegidos por la propia dictadura; los que se
le oponían, siendo secuestrados y torturados por el mero hecho de pertenecer a
esa postura crítica consecuente, en diferentes formas y modalidades, de las cuales
la lucha armada era la expresión minoritaria, tanto por el número como por el resultado: el 70 por ciento de los desaparecidos eran trabajadores asalariados, generalmente sindicalizados.
Esto revela, como lo dijimos en los escritos presentados en el juicio de España, que se trató de un plan concebido para dejar a la sociedad sin organización
independiente. Se pretendía forjar una masa a–crítica, dócil a los designios de un
plan económico de miseria. Ese plan –es un hecho histórico– fracasó en toda la
línea: fracasó en lo económico, forzando la renuncia de Martinez de Hoz y Videla, y su proyecto de industrialización selectiva exportadora (Quiebra del Grupo
Greco y del BIR), e importación indiferenciada; fracasó en desmovilizar a la sociedad, como lo demuestran las huelgas automotrices, ferroviarias, y la huelga y movilizaciones de marzo del 82. No fracasó, sin embargo, como lo señalamos en
nuestro comunicado del Treinta Aniversario del Golpe 23 , en dejar trunca a toda
una generación, algunos de cuyos mejores hijos, asesinados por la dictadura,
deberían estar hoy contribuyendo a reconstruir, bajo otras bases, este país devastado.
Muchas cosas han cambiado luego de la dictadura. Pero si algo no lo ha hecho, en sus grandes lineamientos, es la política económica. Actualmente son la
soja, la carne y ciertos productos industrializados, como ayer lo era lo era el plan
de Martinez de Hoz con la patria financiera, de la mano de la agroindustria. El
referente inconmovible, ya lo hemos analizado, es mantener "creciendo la economía", con importaciones o sin ellas, algo natural y justo pero que aparece escindido del crecimiento del bienestar general, la salud, la educación y el trabajo creativo, o, aún, del trabajo alienado 24.
Pero la sociedad ha madurado, lentamente, en estos años. Se han conquistado importantes libertades. Se discute y se piensa. Aun en medio de las dificultades más extremas, la sociedad argentina gana las calles para exigir sus derechos.
Esa movilización es puesta en cuestionamiento, recurrentemente, desde el Estado. Se trata de idas y vueltas en la política general, cuyas tendencias autoritarias
venimos señalando como síntoma grave del país.
¿A qué obedecen estas tendencias autoritarias? Consideramos que a las propias contradicciones de la estructura del estado argentino. Por primera vez –hay
que recordarlo– se ha logrado vivir tantos años bajo un régimen constitucional,
sin el recurrente "golpe de estado". Esta tendencia no es sólo local; toda la región
está en la misma situación; los gobiernos cívico–militares han fracasado –unánimemente– en controlar, mediante la fuerza, la vida de nuestras sociedades. Esto
ha vuelto más complejo, y a la vez, por supuesto, más interesante, el desafío de
vivir en un clima de libertades. La sociedad argentina está en permanente debate, como cualquier sociedad normal, dentro de lo que implica ese precario equilibrio entre la escasez y la opulencia que las caracteriza a todas, en mayor o menor grado.
En este contexto, lo significativo es la irritación de los funcionarios del Estado ante cada manifestación, huelga o crítica. Se la considera –esto ha sido así desde 1983 a la fecha– como si se tratase de una "conspiración" contra el gobierno
de turno. De allí deriva, a nuestro juicio, la conducta autoritaria del estado argentino, que no cesa de echar mano –en distintas gradaciones, según el momento político– bajo esa excusa pueril, a la judicialización, la represión abierta o la campaña de estigmatización al disidente, por portación de ideas divergentes. Esta intemperancia se ha convertido en política de Estado. Alfonsín dictó el estado de
sitio ante la movilización por comida en los supermercados, encarcelando a dirigentes opositores. Menem envió la Gendarmería, mientras francotiradores asesinaban, selectivamente, a algunos manifestantes, para escarmiento del resto, que
enfrentaba su política de privatizaciones y desempleo. Lo propio hizo De la Rua,
cuando debutó en su gobierno ordenando una sangrienta represión en el puente
de Corrientes; fue así como, también, terminó su parábola trágica, con decenas
de muertos, el 19 y 20 de diciembre de 2001. Meses después, el gobierno de Duhalde planificó y hasta preanunció, días antes, la emboscada de Puente Pueyrredón, que costó la vida de los jóvenes Kostecki y Santillán.
El gobierno de Kirchner navega ahora sobre aguas turbulentas. Oscila entre
defender, en sus discursos y ciertas actitudes, los Derechos Humanos –lo que lo
coloca en sintonía con la sociedad– con una práctica selectiva de vulneramiento
de esos mismos derechos. Hay dos varas, según se movilicen los que aplauden, en
cuyo caso no es corte de ruta ni delito, y otra, cuando se critica, en cuyo caso es
una suerte de conspiración maquiavélica que no debe ser tolerada. Es allí, en ese
límite arbitrario, donde comienza la criminalización del disidente.
Este aspecto se traslada a otras realidades, no imputables de lleno, por ser de
antigua data, a este gobierno. Hablamos de la criminalización –valga la figura–
de los que están detenidos en las prisiones. Es este un problema mundial –en la
mayoría de los países se tiende a olvidar la existencia de los presos, como si fuesen desechos humanos. Pero en la Argentina actual, miles de jóvenes permanecen
arrumbados, desamparados, sin juicio y más aún, sin el debido proceso, en cárceles inhumanas que, en alto porcentaje, carecen de todo control por parte de la
sociedad civil. El Servicio Penitenciario Federal y sus derivados provinciales, manejan las mismas con métodos más propios de su pasado rol bajo la dictadura,
que bajo un régimen constitucional 25. Es este un sector que está llamado a protagonizar serios problemas en el futuro cercano.
Es por esto que impulsamos una reforma estructural del servicio penitenciario, colocándolo bajo la órbita del control directo de la sociedad y, transitoriamente, hasta poner en pie un plan integral, en la esfera de responsabilidad de los
jueces que actualmente alegan no poder "hacer nada", dada su insólita falta de jurisdicción en la situación de aquellos bajo su tutela, como procesados, detenidos
o condenados.
La democratización de todos los estamentos que forman parte del análisis
aquí formulado se coronan en una reivindicación que ponemos también a la consideración del debate. Se trata de la elección directa y universal de jueces y
fiscales, por oposición de antecedentes y de su mérito. Estamos en contra del
privilegio senatorial de los funcionarios judiciales que permanecen en sus cargos y son electos por el mero escrutinio de un grupo de legisladores, sin control abierto a la participación de la sociedad. Esto es anterior al reclamo de juicio por jurados; resulta absurdo que se reclame esta reforma participativa sin
abordar primero la democratización para la elección de aquellos que deben impartir la graduación de las penas y el destino de su cumplimiento. Consideramos que son los que piden Justicia quienes deben elegir, por sufragio universal,
a los encargados de impartirla.
De conjunto, la síntesis de nuestro planteo es el señalamiento de las limitaciones que la actual situación impone al ejercicio pleno de las libertades democráticas.
Las contradicciones que actualmente vive la sociedad argentina no son el resultado de la conducta exclusiva de un gobierno; es la estructura del Estado la
que, por lo menos desde el golpe cívico-militar de 1930, revela su impotencia para garantizar el ejercicio de los derechos esenciales 26.
El período que analizamos en este informe demuestra que los avances en materia de libertades se han producido, sustancialmente, debido a la pertinaz iniciativa de la población para reclamar, movilizarse y manifestar sus propuestas y exigencias, aún en los momentos más difíciles. Nuestra tarea es la de acompañar y
defender el ejercicio de ese Derecho Humano fundamental, el primero de todos.
***
1 Extracto del poema de Luis de Góngora y Argote. Inspiración del título, además, de la gran
novela del escritor argentino José Bianco. Licencia poética de un estado de situación permanente de
la República Argentina.
2 Para profundizar sobre los antecedentes de la crisis del 2001, puede consultarse el informe del
CAJ 2002-2003, en particular la documentación contenida en el capítulo "Acciones y
Pronunciamientos del CAJ". Estos informes, ampliados, se encuentra también en la página del CAJ:
www.cajuridico.com.ar.
3 Los aspectos económicos que derivaron en estos hechos pueden ser estudiados en el trabajo "Las
estructuras económico-sociales concretas que constituyen la formación económica de la Argentina"
de Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Podestá y María Celia Cotarelo (PIMSA-Documentos y
Comunicaciones-1999).
4 La jurisprudencia ha comenzado a aceptar este punto de vista, considerándolo como "huelga
inversa". Sobre el particular puede leerse en este mismo informe el fallo "'SANDOVAL, Rodolfo
Rubén y otros s/procesamiento e incompetencia' - CNCRIM Y CORREC DE LA CAPITAL FEDERAL - Sala I - 25/10/2005" y su comentario.
5 Informes del CAJ 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004.
6 La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos
Humanos, han admitido la violación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
7 El CAJ fue el primer organismo en plantear no sólo la nulidad de las leyes de Punto Final y
Obediencia debida, sino también la nulidad de los indulto presidenciales. La causa que patrocina en
el caso del desaparecido Carlos Ventura llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año
2001. Desde entonces, aun con la actual composición y a pesar de nuestro reclamo, ha omitido pronunciarse sobre nuestro planteo, que continúa descansando en algunos de sus anaqueles.
8 Todos los estudios realizados en el mundo, incluyendo aquellos con pena de muerte, como los
Estados Unidos de América, demuestran que el aumento de las penas no disminuye la tasa de criminalidad.
9 El integrante de la Triple A y Automotores Orletti, Alfredo Ruffo, fue detenido en su mansión
de Barrio Parque, valuada en más de 10 millones de dólares. Resulta particularmente significativo que
habiendo una denuncia en la causa del 1ª Cuerpo del Ejército ante el Juez Canicoba Corral desde el
21 de abril de 2004, recién haya sido detenido en la primera semana de noviembre del 2006, luego
del secuestro de Julio López. Las escasas mansiones de ese exclusivo predio no son el lugar para pasar
desapercibido.
10 La fiscal Rita Molina denunció que había cursado la orden de detención para esta banda
muchos meses antes del secuestro de Axel Blumberg.
11 El integrante de la ESMA Miguel Ángel Cavallo presentó esta solicitud ante la justicia argentina, manifestando que no existían garantías suficientes para su juzgamiento ante los tribunales
españoles. Actualmente permanece ante la espera de juicio en una cárcel madrileña.
12 Las encuestas realizadas por Clarín a la época en que se trató la ley de nulidad de Punto Final
y Obediencia debida, revelan que más un ochenta por ciento de la población está a favor del enjuiciamiento de los responsables de crímenes bajo la dictadura de 1976.
13 El CAJ denunció ante la Audiencia Nacional de España la complicidad empresarial, directa o
indirecta, con el secuestro de delegados de las empresas Ford, Mercedes Benz, Ingenio Ledesma y los
Astilleros de Ensenada, entre otras. El texto completo puede leerse en www.cajuridico.com.ar.
14 El viernes 29 de septiembre de 2006, una delegación de organismos de Derechos Humanos
del espacio Memoria, Verdad y Justicia, y Justicia Ya, que el CAJ integra, se entrevistó en la Casa de
Gobierno con el titular del Ministerio del Interior, oportunidad en la que éste reconoció no haber
provisto de protección previa a los testigos.
15 Declaraciones del ex coronel Emilio Guillermo Nanni, publicadas en la tapa de la sección de
Internacionales. Allí también el miembro del Ejército, que es presentado por el diario como "empresario en el rubro de la seguridad", señaló que los "desaparecidos" no eran tales, sino que, en su mayoría, habían escapado de la Argentina, siendo falsas las acusaciones contra el gobierno instaurado en
1976-1983.
16 Una amplia denuncia sobre el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
acompañada de documentación, ilustra sobre este particular (SIDE – La Argentina secreta, de
Gerardo Young, publicado por Editorial Planeta).
17 En este mismo informe se encuentra acompañado un dictamen sobre esta reforma en cuyo
debate intervinieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el INECIP, la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre (LADH) y el CAJ.
18 Uno de los principales empresarios extranjeros, Enrique Pescarmona, ha defendido también
este aspecto como el principal logro del actual gobierno. Utilizando los mismos términos que Morales
Solá, se pronunció en idéntico sentido el ex presidente de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en un
reportaje publicado por Página 12 el 08/11/06.
19 El Banco Central registra actualmente el monto históricamente más alto de fondos: 29.800
millones de dólares, superando inclusive los del período de la Ley de Convertibilidad en la década del
90 (Ámbito Financiero, 06/11/06).
20 Sobre el análisis de esta figura, así como del conjunto de la legislación destinada a penalizar a
las asociaciones de trabajadores, remitimos al informe del CAJ 1996 y 1998. Así también a la sobresaliente tesis presentada en la Universidad de Salamanca por la integrante del CAJ, doctora Vilma
Bisceglia.
21 El texto completo de esa presentación puede consultarse en el informe del 2000 del CAJ, así
como en la página www.cajurdico.com.ar.
22 El CAJ participó en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos
"Francisco de Vitoria" de la Universidad Carlos III, de Madrid, defendiendo esta tesis, e imponiéndola, ante la representación de la fiscalía del señor Fungariños en el seminario sobre "Justicia y
Sanción frente a los crímenes internacionales", celebrado los días 25 y 26 de marzo de 1998.
23 El comunicado puede leerse en este mismo informe, así como en el órgano internacional de la
FIDH "La Lettre" de junio de 2006.
24 Según los datos brindados por el Ministerio de Trabajo, la tasa de desocupación ronda el 11
por ciento. A esto debe agregarse la desocupación encubierta de quienes realizan "changas" o reciben
planes de subsidio que no superan los 300 pesos (100 dólares), en momentos en que el costo de vida
(canasta familiar) se ubica en los dos mil pesos.
25 La Corte Suprema de Justicia emitió, recientemente, un fallo en este sentido, haciendo lugar
al pedido de amparo contra el régimen de detenciones en la Provincia de Buenos Aires, dejando sin
efecto una resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (fallo de la Corte Suprema
de la Nación: año 2006)
26 Este aspecto de la estructura del Estado argentino ha sido analizado en el informe anual del
CAJ de 1996 en nuestro artículo "Características de la represión al movimiento obrero en la
Argentina".
