Carta de la FIDH al Embajador de Argentina
en Francia por los hechos de Las Heras

Paris, 27 de junio de 2005

Al señor embajador
De la Republica Argentina en Francia
D. Archibaldo Lanus
S/D.

Señor Embajador:

Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra mas viva preocupación por los hechos recientemente acaecidos en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.

De acuerdo a la información directamente recibida por la FIDH, con motivo de un reclamo sindical de la ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) en esa localidad, se llego a un acuerdo salarial, la semana pasada, otorgándose un aumento de cincuenta pesos sobre el básico de convenio. El acuerdo fue firmado a las tres de la madrugada del martes próximo pasado, ad referéndum de una asamblea general de trabajadores. En la mañana de ese mismo día, la asamblea general acepto el acuerdo firmado por sus representantes sindicales, por lo que el texto definitivo se ratifico y firmo con el señor intendente de esa localidad, Osvaldo Maimo, a la una de la tarde. Mediaron así varias horas entre una y otra actividad.

Para sorpresa de los trabajadores, y de la opinión publica en general, al día siguiente, el intendente Maimo se desdijo del acuerdo, denunciando que el mismo había sido obtenido “mediante amenazas” de los trabajadores. Cabe destacar que los acuerdos fueron firmados dos veces, con nueve horas de diferencia uno del otro, en presencia de las mas altas autoridades de la ATE, que firmo los mismos a través de sus delegados locales y el propio secretario general de ATE de esa provincia, Alejandro Garzon, asi como del secretario gremial, Alejandro Barriga.

Así las cosas, el intendente formulo denuncia penal ante la jueza Graciela F. Ruta de Leone. La magistrada procedió, sin que mediase citación alguna, a librar sesenta ordenes de detención en toda la provincia, desatándose así una ola de allanamientos en casas de familia. En este momento continúan las detenciones. Hasta el momento se encuentran detenidos seis dirigentes sindicales y trabajadores, entre ellos los secretarios general y gremial de ATE, Alejandro Garzon y Alejandro Barriga, así como Pilar Peralta, delegada municipal; Julio Pezolano y Dario Pere y dos trabajadores de apellido Seguel y Payalaguala.

Lo grave del caso, señor embajador, es que se desconoce el paradero y lugar de detención exacta de los mismos, ya que la jueza se niega a recibir al abogado interviniente, doctor Joaquin Gonzalez, al que le ha sido vedado el acceso al expediente por lo que se desconocen los cargos y las supuestas pruebas de tan grave acusación. La jueza tampoco ha accedido a recibir al abogado y los familiares de los detenidos no han podido verlos, así como tampoco su defensor para comprobar su estado de salud.

El ministro de gobierno de la provincia de Santa Cruz, ha efectuado declaraciones al diario “La Opinión Austral” en las que reconoce que le problema estribaría en que no hay dinero suficiente para pagar el aumenta, ya que “significa une erogación de cinco millones de pesos anuales”. Pero el aumento fue acordado en legal forma por el intendente, habiendo tenido tiempo más que suficiente y libertad ambulatoria amplia para denunciar la supuesta “coacción” antes de firmar el acuerdo definitivo, que contempla exiguos cincuenta pesos, suma por demás, honesta, respecto del actual costo de vida en Argentina.

Ante esta situación, nos dirigimos a usted para que, por su intermedio, se haga llegar nuestra más enérgica protesta por estos hechos ante el señor presidente de la Nación, doctor Nestor Kirchner, solicitándole se tomen los recaudos necesarios para reencauzar el estado de derecho en esa provincia y en particular en la localidad de Pico Truncado. No es esta la primera vez, como recordara el señor embajador, que la FIDH se pronuncia contra la criminalización de la protesta social, habiendo presentado ante esta misma embajada, y en reunión con el propio Canciller argentino, nuestro enérgico punto de vista respecto de la plena vigencia de las libertades de expresión y de peticionar, como el en caso que nos ocupa.

La FIDH solicita se permita el ejercicio del derecho a la defensa al abogado de los detenidos y que, con absoluto celeridad, se verifique la legalidad del acuerdo obtenido; esto permitirá considerar la inmediata liberación de todos detenidos, así como el cierre de proceso, cumpliéndose con el acuerdo salarial otorgado.