Las organizaciones firmantes denuncian la ausencia de voluntad política del Gobierno de Cristina Fernández para debatir y colocar en la agenda pública el tema del aborto y su legalización. No se debe desconocer una realidad objetiva: medio millón de mujeres argentinas abortan cada año y de ellas 100 fallecen por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, según las cifras oficiales.

Es urgente que el gobierno Argentino impulse la discusión sobre la despenalización del aborto en el Congreso y tome las medidas necesarias para impedir que más mujeres fallezcan por su práctica sin control. señalaron las organizaciones, quienes agregaron "Además de tratarse de un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, en Argentina las altas cifras demuestran que también se trata de un problema de salud pública que exige la acción del Estado".

La legislación actual en Argentina establece 2 excepciones para realizar un aborto (artículo 86 del Código Penal): Cuando la vida o salud de la mujer está en peligro, o en caso de violación. Sin embargo, en general,los médicos no las aplican y los jueces no las autorizan, lo que las obliga a tener hijos no deseados o a practicar abortos clandestinos, poniendo en riesgo su integridad y vida.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,ya en 2010, había recomendado a Argentina modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas, incitando igualmente a adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal.

Las organizaciones esperan que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación, por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito sea discutido, debatido y aprobado con apoyo del Gobierno Nacional, como parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados.

París, Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.