Considerando el golpe de Estado cívico-militar, encabezado por el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, llevado a cabo el 28 de junio de 2009 en Tegucigalpa, contra el Señor Manuel Zelaya, Presidente democráticamente electo por el pueblo hondureño;
Considerando el secuestro y expulsión del Presidente Manuel Zelaya a Costa Rica por el Ejército y otras detenciones arbitrarias y ordenes de arresto contra simpatizantes y miembros del gobierno depuesto;
Considerando que este quebrantamiento del orden constitucional, vulnerando el orden democrático y de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, afecta no solamente al pueblo hondureño, sino que produce efectos de desestabilización en toda la región que recuerda a toda América Latina algunos de los capítulos más oprobiosos de su historia reciente, y teme que este golpe de Estado pueda constituir un precedente peligroso para la región en su conjunto;
Considerando las denuncias de represión violenta de manifestaciones a favor del Presidente Zelaya, las violaciones a las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión que se ha concretado en la suspensión de varios medios de comunicación y agresiones a periodistas, violando el derecho a informar y ser informado del pueblo hondureño;
Considerando el Estado de Sitio adoptado por las autoridades de facto en Honduras, mediante el cual se suspenden derechos fundamentales tales como la libertad personal, permitiendo la detención e incomunicación por más de 24 horas, la libertad de asociación y de reunión, y el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio de Honduras (fuente: CIDH, 3 de julio de 2009);
El Buró Internacional de la FIDH:
Reivindica la condena unánime de la comunidad internacional y el llamado para que se reintegre al presidente Zelaya en el ejercicio constitucional de sus funciones.
Manifiesta su preocupación porque las gestiones del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, durante su visita a Honduras el 3 de julio, no prosperaron y, afirmó que “la ruptura constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir la situación”, lo que ha originado la expulsión de Honduras de la OEA.
Exige que cese la represión, se restablezca las libertades y garantías constitucionales, se ordene la inmediata e incondicional libertad de todas las personas que hayan sido detenidas, se suspendan las órdenes de captura como consecuencia del golpe de Estado.
Manifiesta su solidaridad y apoyo al pueblo hondureño, en particular a los defensores y defensoras de derechos humanos, exigiendo las garantías y respeto a su ejercicio conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos.
Finalmente, pide a la comunidad internacional que utilice todos los mecanismos diplomáticos de los cuales dispone, de conformidad con el derecho internacional, para que sea restablecido el orden constitucional en Honduras.
