El CAJ denuncia el secuestro sufrido por Felisa Marilaf, sobreviviente del campo de concentración La Cacha, y esposa de un obrero gráfico secuestrado y desaparecido en 1977 por fuerzas represivas que respondían al entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. Felisa, que ya había sido amenazada, fue secuestrada el domingo 10 de junio, por la noche, en pleno centro de la ciudad de La Plata, por dos hombres armados que la encañonaron, la subieron en un Ford Scort color gris plomo, como primera medida le pidieron el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía- la amenazaron y agredieron durante casi dos horas, recordándole su paso por el centro de detención clandestino denominado La Cacha.
No terminó allí la situación, porque una vez liberada, en el estado de conmoción natural por lo vivido, se comunicó con el Servicio de Atención a la Víctima para pedir ayuda. Sin embargo, fueron a buscarla dos agentes de la misma Policía Bonaerense que, además, la llevaron a hacer la denuncia ni más ni menos que a la Comisaría Quinta de La Plata, uno de los más conocidos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de La Plata y pieza central del denominado Circuito Camps.
Este gravísimo hecho muestra nuevamente la impunidad con que se mueven los genocidas y sus cómplices, la inoperancia del Estado para ponerle fin, se enmarca en la desaparición de Julio López y en las decenas de amenazas, secuestros y agresiones que venimos sufriendo desde hace ya más de un año, y que denunciáramos en un extenso y detallado documento que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integra el CAJ, entregó el día 22 de marzo de 2007 al Sr. Ministro del Interior Aníbal Fernández, sin recibir al día de hoy ninguna respuesta.
A solo semanas del inicio del juicio contra el cura represor Von Wernich, nos preocupa profundamente esta situación. Seguimos exigiendo al Gobierno Nacional la APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ, y lo hacemos responsable por la integridad física de todos los testigos que intervienen en los juicios contra los genocidas.