Declaración del
CAJ
La provincia de Jujuy, en el.noroeste de Argentina, asiste en estos dÃas a un experimento represivo. El gobierno
que preside Gerardo Morales viene intentando,hasta ahora sin éxito, impedir el derecho a la protesta. Para ello
lanzó una reforma constitucional que, junto a otras medidas, prohÃbe las manifestaciones públicas.
El experimento de Morales es redundante,. Ya existe una legislación -que se ha aplicado indebidamente- para
reprimir las protestas.Esos intentos han dado siempre lugar a un rechazo democrático, tanto en las calles como en
los tribunales. Volver a intentar esa limitación represiva, bajo la fachada de una reforma constitucional, es una
excusa.
La excusa encubre la intención de introducir, mediante la reforma constitucional, un fortalecimiento del derecho
exclusivo de Morales a explotar los recursos naturales de Jujuy, entre ellos el litio y el cultivo del cannabis "
medicinal". Y de paso, acallar toda oposición a esos proyectos.
La reforma otorga un poder omnÃmodo a su gobierno para disponer de los bienes comunes, en el exclusivo interés del
sector privado vinculado al gobernador.
Morales, también flamante candidato electoral nacional, pretende erigirse en el más "endurecido" de los represores,
de cara a las elecciones generales del proximo octubre..Esas elecciones pretenden ser el prólogo de un gran ajuste
de despidos y salarios de.miseria, exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese contexto, Morales se
quiere colocar como alumno aplicado de una politica antidemocrática, basada en la represión.
Con tan limitado programa, Morales ha golpeado y encarcelado a centenares de manifestantes, ha ordenado a sus
tropas entrar en los domicilios, utilizando fuerzas parapoliciales y automóviles particulares sin placas de
identificación. Algo que ya se hizo en esa provincia, en el pueblo de la empresa azucarera Ledesma, bajo la
dictadura de Videla. Morales ha utilizado ahora esos mismos métodos de la dictadura, para tratar de frenar los
legÃtimos reclamos de la población jujeña.
La población urbana apoyó masivamente una huelga del gremio docente, reclamando presupuesto adecuado y aumento de
los magros salarios. Los pueblos originarios han salido a las rutas, denunciando que el litio y demás negociados los
han de dejar sin agua y sin tierras.
Se trata de un estallido de toda la población contra su gobierno.
La reforma constitucional ha sido votada por los partidos vinculados a Morales y sus negocios..El rechazo de la
misma se expresa en la totalidad de la población jujeña.
A una semana de impuesta la reforma y ejecutada la feroz represión las manifestaciones continúan. Esto indica que,
por el momento, la reforma ha fracasado : la defensa de.los salarios, la tierra y el agua se sigue discutiendo en
las calles y las rutas.
El CAJ denuncia ante la comunidad internacional al gobierno de Gerardo Morales, asà como la inacción institucional
del gobierno nacional de Alberto Fernández, para poner freno efectivo a esta intentona represiva y de destrucción
del.medio.ambiente , basada en una reforma inconstitucional, que pretende imponerse con métodos de la última
dictadura.
Exigimos el cese de toda represion y la derogación de la reforma inconstitucional.
Comité de Acción Juridica (CAJ). 23 de junio de 2023
