COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
PERÚ: La defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos
Ginebra-París-Lima, 25 de febrero de 2021 – En Perú, la defensa de los derechos humanos es hoy una actividad de grave riesgo. 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas desde el 2011, denuncian la CNDDHH y el Observatorio (OMCT-FIDH) en el informe “Socavando Derechos:la defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos ”, presentado hoy.
La conflictividad y las protestas sociales en el Perú se han agudizado en el último año, en pleno contexto de pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Distintas acciones, pero siempre bajo un mismo esquema sostenido en la represión y la vulneración de derechos. El uso del sistema de justicia contra quienes defienden los derechos humanos, las trabas al derecho a la protesta social y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o las declaratorias de emergencia, responden a un mismo patrón de actuación que obstruye el ejercicio del derecho a la protesta.
“Hemos sido testigos en los últimos meses de la exacerbación de los abusos policiales contra una población que sale a protestar a causa de la grave crisis institucional, la precarización de las condiciones laborales y/o la defensa del derecho a la vida y la salud; la población está cansada que se privilegien los intereses de los grupos de poder. Urge responder a las necesidades de la gente y a los problemas estructurales del país respetando escrupulosamente los derechos humanos”, dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.
Los asesinatos de Gonzalo Pío Flores, Arbildo Meléndez Grandez,Santiago Vega Chota , y Roberto Carlos Villanueva Pacheco por denunciar el impacto ambiental en sus territorios de distintas empresas extractivas evidencian el nivel de riesgo que enfrentan particularmente las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
“El informe documenta cómo la decidida apuesta por el modelo extractivista en el Perú ha tenido por efecto que, además de socavar territorios, el Estado esté socavando derechos. Las autoridades que salgan de las elecciones generales tienen la obligación moral y legal de revertir esta tendencia ”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El informe destaca también la situación de los defensores de la libertad de expresión. Un caso paradigmático es el de Marco Antonio ‘Atoq’ Ramón, reportero gráfico que, al día de hoy, sigue recuperándose de las heridas que le causó el proyectil que le disparó un policía cuando cubría una manifestación en Lima, incluida la pérdida de un 70% del campo de visión de su ojo izquierdo. Su caso no es aislado. La represión de la libertad de expresión es una realidad constante en el Perú con 239ataques registrados en el año 2020, y más de 40 en las recientes manifestaciones ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020.
La criminalización, haciendo un uso indebido del proceso penal, es la forma más extendida de ataque a las personas defensoras en el Perú –hasta 960 casos en los últimos 10 años. El 7 de enero de 2021, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, defensor del medioambiente, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por protestar por los daños ambientales en su región por el proyecto de explotación minero Tía María de la empresa Southern Peru.
“Perú debe abordar de manera efectiva las causas estructurales de su vulnerabilidad, entre otras, la necesidad de un nuevo modelo para abordar la conflictividad social que evite la criminalización de personas defensoras, e incluya reformas del Código Penal y mayores garantías frente a los abusos de la fuerza pública”, declaró Gloria Cano, Secretaria General de la FIDH y Directora Ejecutiva de APRODEH - Perú.
En el evento de presentación del informe en el marco del Consejo de Derechos Humanos, participaron el Sr. Germán López Ballesteros, Jefe de la Comunidad Nativa Nueva Austria del Sira, amenazada por la tala ilegal y el narcotráfico; la Sra. Paola Ugaz, periodista de investigación criminalizada por el ejercicio de su labor, la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras; el Sr. Joel Hernández García, Presidente y Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanis y la Sra. Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH.
Lea el informe en las webs de OMCT, FIDH y CNDDHH
Para más información, por favor, contacten con:
· OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06
· FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
· CNDDHH: Raquel Palomino: + 51 999 556 311
El Observatorio es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechoshumanos en el Perú.Así busca fomentaren el país una cultura de derechos humanos integrales y paz, poner en la agenda pública problemáticas y propuestas de solución en materia de derechos humanos, y trabajar por la consolidación de la institucionalidad democrática.
JOINT PRESS RELEASE
PERU: The erosion of human rights by economic interest
Geneva-Paris-Lima, February 25, 2021 - In Peru, the defence of human rights is a high-risk activity. Since 2011, 220 human rights defenders have been murdered and 960 criminalised, said today Peruvian collective, the National Coordinator for Human Rights (CNDDHH),and the Observatory (OMCT-FIDH) in a report titled Undermining Rights- The Defence of Human Rights hampered by economic interests.
Over the past year, Peru has seen conflict increase and social protests multiply. The response by the State has taken various forms, but has constantly been based on repression and the violation of rights. The use of the justice system against those who defend human rights, obstacles to social protest, excessive use of force against protesters and of emergency declarations are all part of a pattern aiming to obstruct the right to protest.
“In recent months, we have witnessed the exacerbation of police abuses against a population that comes out to protest due to the serious institutional crisis, the precarious working conditions, and the defence of the right to life and health. The population is fed up with the priority treatment consistently granted to interests of powerful groups. The needs of the people and the structural problems of the country urgently need addressing, all with utmost respect for human rights,” said Jorge Bracamonte, Executive Secretary of the CNDDHH.
The murders of Gonzalo Pío Flores, Arbildo Meléndez Grandez, Santiago Vega Chota, and Roberto Carlos Villanueva Pacheco for denouncing the environmental impact of various extractive companies in their regions are indicative of the level of risk faced by defenders of the land, territory and environment.
“The report documents how State´s obstinate insistence on the extractive model in Peru has led to not only undermining vulnerable territories, but undermining rights. The next elected authorities have a moral and legal obligation to reverse this trend, ” stated Gerald Staberock, OMCT Secretary General.
The report also highlights the situation of those defending the freedom of expression. An emblematic case is that of Marco Antonio 'Atoq' Ramón, a photojournalist who lost 70% of the vision in his left eye while covering a demonstration in Lima after a policeman fired a projectile at him. His case is not unique. The repression of freedom of expression is prevalent in Peru, with 239 attacks recorded in 2020, including over 40 during the recent demonstrations that occurred between November 9 and 15, 2020.
The abuse of the criminal process is the most widespread form of attack against defenders in Peru - with 960 cases over the past decade. On January 7, 2021, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, an environmental defender, was sentenced to seven years and four months in prison for protesting the environmental damage in his region caused by the Tía María mining project of the Southern Peru company.
“Peru must effectively address the structural causes of its vulnerability, including by developing a new model to respond to social conflict that avoids the criminalisation of defenders, and includes reforms of the Penal Code and greater guarantees against the abuse of rights by law enforcement,” declared Gloria Cano, Secretary General of FIDH and Executive Director of APRODEH - Peru.
The report was presented at a panel in the framework of the United Nations Human Rights Council with the participation of Mr. Germán López Ballesteros, Head of the Nueva Austria del Sira Native Community, which is threatened by illegal logging and drug trafficking; Ms. Paola Ugaz, investigative journalist criminalised for her work; a member of the Office of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Mr. Joel Hernández García, President and Rapporteur on Human Rights Defenders; and Justice Operators at the Inter-American Commission on Human Rights
Read the report on the OMCT and FIDH websites
For further information please contact:
· OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06
· FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
· CNDDHH: Raquel Palomino: + 51 999 556 311
The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) was established in 1997 by FIDH and the World Organisation against Torture (OMCT). The aim of this programme is to prevent or remedy situations of repression against human rights defenders. FIDH and OMCT are both members of ProtectDefenders.eu, the European Union's Human Rights Mechanism implemented by international civil society.
The National Coordinator for Human Rights (CNDDHH) is a coalition of civil society organisations that work towards the defence, promotion and education of human rights in Peru. Since its establishment in 1985, the CNDDHH has been recognised as the primary institution of reference in Latin America bringing together a collective of human rights groups at the country level. It helps to develop a culture of human rights and peace in the country, place human rights issues on the public agenda and work for the consolidation of a democratic institutions.
