POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS, CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL
¿Qué significa el reciente motín la policía bonaerense? ¿Se trata de un fenómeno inscripto en preparativos golpistas? ¿Una insurrección preparatoria?
Consideramos que no existe en estos momentos una situación que permita un hecho de esas características.
El gobierno actual, sometido a un bombardeo constante por parte de la llamada "oposición", tiene, sin embargo, una legitimidad incuestionable. Ha cerrado un acuerdo con los acreedores internacionales. El FMI lo avala. Ningún sector del gran empresariado o clerical lo cuestiona seriamente.
Históricamente, todo proceso desestabilizador o golpista, ha tenido en nuestro país un origen civil. Si cotejamos la génesis de éstos, siempre han sido el empresariado y la banca, con el aval religioso y el apoyo externo, los convocantes al sector armado. Nunca a la inversa. Esto por la razón elemental de que este último sector está subordinado, política y económicamente, a aquellos.
La asonada de la bonaerense tiene sus raíces en varios fenómenos y se enmarca en la autonomización creciente desde hace años de las distintas fuerzas policiales y represivas del país. La participación en todos los negocios ilegales y su recaudación paralela consecuente, tolerada por desidia y conveniencia de toda la clase dirigente, sumado a la nula depuración de sus filas de los cuadros más corruptos y reaccionarios que hunden sus raíces en la última dictadura, da como resultado cuerpos inorgánicos y descompuestos que lejos de ser parte de la solución a los temas de seguridad ciudadana, son el principal problema.
En este caso se suman además los efectos derivados de la propia pandemia, en dos aspectos contradictorios: el aumento de poder que le fuera concedido para controlar el territorio, entregándoles el control del espacio público, por un lado; por el otro, el descenso abrupto en la recaudación de la policía en sus negocios paralelos, que también fueron tocados por el cierre de numerosas actividades, como el juego clandestino, la prostitución y la venta de droga.
Esa conjunción tuvo como resultado un envalentonamiento del sector en sí mismo. Ante la merma de sus ingresos paralelos, el salario congelado ya no fue suficiente. De allí el reclamo, desatendido hasta ese momento por el gobierno, como parte de una política general de congelamiento de los salarios estatales, exigido por lo acreedores y el FMI.
El gobernador bonaerense Kiciloff quizás haya creído suficiente darles más poder e impunidad como moneda de cambio. Esto explica que su ministro de Seguridad, teniente coronel Berni, alentase la mano dura, el control discrecional y la impunidad represiva. Ejemplo de ello es que, a la fecha, ningún policía de los comprobados responsables de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Casrto haya sido detenido o sujeto a suspensión, siquiera.
Ese desfasaje entre impunidad y falta de dinero, tuvo como resultado esta explosión, que arrinconó al gobierno provincial y nacional, los que han tenido que ceder a todos los reclamos, sin obtener nada a cambio, salvo la supuesta tranquilidad de una fuerza cohesionada. Esa cohesión es reaccionaria, en tanto se ha realizado a expensas de todo control.
La ratificación operada hace horas por el gobernador Kiciloff, hacia el ministro de Seguridad Berni (un ex militar golpista), revela que aquel ha decidido hacer explícito el sostenimiento de la política llevada adelante por éste, política que -paradójicamente- culminase con esta crisis.
Este giro pretende, objetivamente, fortalecer la ola represiva instalada en todo el país, operada con la excusa de controlar la pandemia, la que a la fecha deja un saldo de 94 víctimas del gatillo fácil o la desaparición forzada de personas seguida de muerte.
Para el C.A.J. este giro es alarmante. Se trata de una tendencia a consolidar el cercenamiento de las libertades democráticas.
El mensaje de Berni, ratificado y fortalecido, es el mismo que sostienen los gobernadores de provincia, sean oficialistas o de la oposición. Expresa que no se tolerará la protesta ni la movilización. De allí la orden de desalojo contra las familias sin hogar que se han visto obligadas a ocupar terrenos baldíos. Solo un juez de Bariloche ha tenido el coraje de oponerse a dar la orden de desalojar por la fuerza a familias sin techo. Los demás, junto a fiscales solícitos, ordenan a las fuerzas de seguridad usar sus armas para desalojar.
El encolumnamiento de gobernadores y Poder Ejecutivo en esta misma línea explica el porqué de la conducta débil ante las protestas de la bonaerense. Se la necesita a ella y las demás fuerzas armadas, para tratar de enfrentar la oleada de manifestaciones y luchas ante la creciente crisis económica y social del país.
Ante este cuadro, el CAJ alerta sobre el carácter del giro que se pretende dar a la grave crisis humanitaria, nacida de la crisis económica, que una vez más pretende ser colocada sobre las espaldas de los sectores asalariados y desocupados.
Por el contrario, sostenemos que debe discutirse seriamente un impuesto permanente y consistente a las grandes fortunas, destinada a paliar la crisis. Y, conjuntamente, el reforzamiento de las libertades, lo que implica el juicio y castigo a los responsables de las muertes por violencia policial bajo la pandemia.
Las maniobras destinadas por el gobierno a cabalgar esta crisis sobre las bayonetas están llamadas a alentar la utilización de esos sectores contra las libertades y, llegado el momento, contra el gobierno mismo.
Asistimos, en este contexto, a una creciente movilización popular reclamando vivienda, que ocupa terrenos masivamente, en procura de satisfacer un derecho elemental.
El gobierno, tanto nacional, como los provinciales, en lugar de atender el dramático reclamo a ese derecho, ha optado por responder con represión y desalojos. Se instala así en una posición compartida con lo más reaccionario del país. La jauría de los medios y los funcionarios claman por el derecho de propiedad, como ayer lo hicieron por el derecho a la libre circulación, en el caso de los cortes de ruta.
Como lo hiciéramos en el pasado, estamos a favor del derecho acuciante, contra los derechos en abstracto, que lejos de ser absolutos, deben ser siempre relativos. Estamos con los que ocupan las tierras, como lo estuvimos y seguimos estando con los que cortan las rutas.
En este contexto, el CAJ, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia del cual forma parte, convoca a participar del acto de aniversario de la desaparición de Jorge Julio López en Plaza de Mayo, y de la Plenaria Antirepresiva y por los Derechos Humanos a realizarse el próximo sábado 19 de septiembre.
CAJ. Comité de Acción Jurídica.
Integrante de la FIDH. Federación Internacional de Derechos Humanos.