Ante el agravamiento de la represión en Argentina
Desde el CAJ denunciamos la profundización de la represión estatal, que durante la cuarentena se ha agudizado en sus formas más violentas.
El Estado de excepción y las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por el gobierno fueron acompañadas con una virtual entrega del espacio público a las fuerzas de seguridad, con el declamado objetivo de hacer cumplir la cuarentena, pero dando en la práctica carta libre a los abusos, violencia y brutalidad que las distintas fuerzas federales y provinciales naturalmente despliegan cuando se empoderan y liberan de los controles y conducción democrática.
Venimos de meses donde asistimos a graves hechos de represión policial en el conurbano (frigorífico Penta), Chaco, Formosa, entre otras, sumados al bloqueo de barrios populares con casos de Covid-19 (Villa 31 en CABA, Villa Azul en GBA), convirtiéndolos en verdaderos guetos.
Entre los casos más graves e ilustrativos, se cuenta la desaparición forzada del obrero rural Luis Espinoza en Tucumán por parte de la policía provincial, que lo asesinó y descartó su cuerpo en un barranco en otra provincia, para intentar que no se supiera su destino. También los casos de Florencia Morales y Franco Maraguello, detenidos arbitrariamente por la policía de San Luis y asesinados en calabozos de comisarías provinciales.
Han aumentado notoriamente los casos de gatillo fácil durante la cuarentena, asesinatos por parte de las fuerzas policiales entre los que se cuentan Alejandro Amaya, José Antonio Ávila y Gastón Mirabal en Córdoba; Walter Ceferino Nadal en Tucumán; Rubén Sarso y Facundo Escalso en CABA; y en la provincia de Buenos Aires, Diego Arzamendia, Alan Maidana y Arturo Iturralde en Berazategui, Nahuel Gómez en Temperley, Fernando Leguizamón en Quilmes, Lucas Barrios en Avellaneda, Brandon Romero en Mar del Plata y César Obes en Laferrere.
En los últimos días asistimos a un recrudecimiento de la violencia estatal, con una feroz represión en Mendoza contra trabajadores estatales de ATE en conflicto gremial por el cobro de sus salarios, quienes fueron brutalmente golpeados y heridos, y luego detenidos ilegalmente durante horas. El CAJ intervino en ese caso en defensa de los trabajadores reprimidos.
También los choferes representados por la UTA fueron brutalmente reprimidos y detenidos por la policía de Córdoba, mientras manifestaban para reclamar el pago de sus salarios.
La policía bonaerense llevó a cabo una feroz represión contra vecinos de Villa Elvira, desalojando violentamente y de madrugada un predio ocupado, golpeando e hiriendo a decenas de personas, incluso niños, y deteniendo a cerca de 20 personas.
Un caso paradigmático es la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, detenido arbitrariamente el 30 de abril por la policía bonaerense en una ruta cerca de Bahía Blanca, y desaparecido desde entonces.
Recién luego de más de 70 días de encubrimiento político a los policías que participaron en la desaparición de Facundo, el ministro Berni tuvo que dar cuenta públicamente del caso, aunque de la peor manera: respaldó el accionar de la bonaerense a su cargo, desautorizó a la familia y les prometió devolver a Facundo vivo.
Dada la responsabilidad objetiva que le incumbe por ser el máximo responsable de la bonaerense y subjetiva por haber encubierto más de dos meses este gravísimo hecho, desde el CAJ exigimos la inmediata renuncia de Berni, la detención de todos los policías que intervinieron en el procedimiento y el secuestro de los vehículos utilizados, así como una investigación judicial independiente y transparente, por funcionarios judiciales probos y comprometidos con la democracia y los derechos humanos.
Aparición con vida de Facundo
Fuera Berni
El Estado es responsable Cese inmediato de toda forma de represión de las fuerzas de seguridad y violencia institucional
Juicio y castigo a los culpables
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Buenos Aires, 27 de julio de 2020
