C.A.J. - Comité de Acción Jurídica

Las declaraciones del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, criticando fuertemente la política del Gobierno argentino, planteando su preocupación sobre los resultados y consecuencias de estas políticas y su deseo de que “… se vayan antes, mediante un Juicio político o que se vayan en 2019” para “evitar una catástrofe” dieron lugar a una respuesta virulenta y agresiva de Macri y sus distintos funcionarios. Las respuestas procuran no sólo censurar, directamente, sino perseguir a quién opina diferente del gobierno, al exigir que se lo remueva de su cargo de juez por el hecho de opinar en disidencia.

Es una censura a la opinión y no la búsqueda de ampliar el debate sobre los distintos temas planteados, tales como las consecuencias de la política económica y social, riesgos de las medidas adoptadas, endeudamiento externo creciente, debilitamiento institucional y del Estado de derecho, justicia, corrupción, etc. Se contesta eludiendo el debate, haciendo mención a su trayectoria, a que sus expresiones son antidemocráticas, o directamente concurriendo a tribunales a denunciar la comisión de apología de delito e incitación a la violencia y pedir la separación del Tribunal Interamericano. En definitiva, se trata de acallar toda opinión disonante y para ello se utilizan, si fuera necesario, todos los medios y recursos del estado.

El CAJ en este, como en otros casos, se pronuncia a favor de la libertad de expresión amplia de todas las personas. No es cierto que como ciudadano Zaffaroni esté impedido de dar su opinión sobre el estado de cosas en su país, con más razón si considera que está en serio riesgo. Tampoco, es cierto, que sus opiniones impliquen quebrantar el art. 18 inc. C del Estatuto de la CorteIDH en cuanto a la “independencia, imparcialidad, dignidad y prestigio” que le exige el ejercicio de su cargo.

Denunciamos que el Gobierno Argentino incumple en este, como en otros casos en que es sujeto de críticas, o de demandas sociales, con su obligación constitucional y convencional de respetar y garantizar en su plenitud el ejercicio de la libertad de expresión (art. 13 CADH).

La reacción, sistemáticamente, ha sido, y es, no debatir sobre las expresiones, demandas, o protestas individuales o colectivas, sino descalificarlas y recurrir al poder del Estado para acallarlas. Esta política forma parte del estado de excepción que vive el país, conforme lo denunciáramos en nuestra declaración del 26/12/2017.

De ese estado de excepción y de suspensión de las garantías constitucionales, de la ausencia de un Estado de derecho democrático, son víctimas, entre otros, los trabajadores, los ancianos, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad que luchan por sus derechos, los pueblos originarios que reclaman ser considerados personas con derechos y, también, los que son acusados de delitos que deben ser juzgados conforme el debido proceso.

Comité de Acción Jurídica CAJ