DECLARACIÓN DEL CAJ
UN GOBIERNO DE ESTADO DE EXCEPCION "A LA CARTA"
Desde su comienzo, el gobierno de Mauricio Macri se ha caracterizado por tratar de imponer la suspension de las garantias constitucionales. Debutó intentando nombrar por decreto (algo prohibido por la Constitucion) a dos nuevos jueces en la Corte Suprema, Luego quiso aplicar un protocolo de seguridad ilegal. En ambos casos, fracaso en su tentativa. Pero eso no hizo que cambiase su tendencia.
Sumariamente: hizo ingresar, sin orden judicial,tropas de gendarmería en propiedad mapuche, cuyo resultado fue una feroz represion que culmino con la muerte por ahogamiento del joven Santiago Maldonado. Con el mismo proceder, tropas de Prefectura, asesinaron por la espalda al joven mapuche Nahuel. En ambos casos,fiscales y jueces no han detenido ni llevado a proceso a ningun responsable..
En el lapso de cuatro dias, militarizó, sin orden legal alguna, la ciudad de Buenos Aires, con fuerzas armadas. El resultado ha circulado por el mundo: ancianos apaleados, mujeres vejadas, diputados golpeados, tropas apuntando sus fusiles al cuerpo y la cabeza de los manifestantes, cuya unica conducta fue la de presentarse en una plaza para exigir que no se votase una ley injusta e inconstitucional contra los trabajadores retirados, jubilados.
Las escenas dantescas y el resultado de heridos de gravedad, con perdida en muchos casos de partes vitales del cuerpo, como la vista, y personas que aun hoy permanecen en el hospital, son prueba objetiva de este procedimiento.
No termina alli el sumario: la policia y la gendarmeria ha ingresado en universidades y colegios ( prohibido expresamente por la Constitucion), armados y en numerosas ocasiones, intimidando, por el solo hecho de que en esos lugares los alumnos, maestros o profesores pedian por la aparicion con vida de Santiago Maldonado. Tambien ha detenido omnibuses que trasladaban a maestros a una manifestacion pacifica y legitima, haciendolos descender, identificarse y revisando sus pertenencias. Medidas que solo ha tomado en Argentina la última dictadura militar.
Sectores de la Justicia, fuertemente ligados al gobierno, han llegado a extremos nunca vistos bajo un régimen fuera del estado de sitio. Un juez ordenó allanar casas de manifestantes, para buscar " documentos o proclamas", como si las ideas fuesen prueba de un supuesto "delito", que - ante su imposibilidad de probarlo- requiriese de razones "ideologicas". Una Cámara de Apelaciones vulnero el principio establecido legalmente, de la cadena de responsabilidades en una represion ilegal, en este caso ordenada por Macri cuando era alcalde, sublevando asi el orden establecido en los juicios contra la dictadura. La Corte nombrada a instancias de Macri emitio un fallo para poner en libertad a los genocidas, bajo una formula ilegal de dos dias de cómputo de pena por cada dia efectivo de prision. Ninguno de los responsables de las muertes de Maldonado y Nahuel está detenido.
En este contexto, se ha dejado hace horas en libertad domiciliaria a Etchecolatz, condenado a prision perpetua, principal responsable de la matanza de catorce adolescentes de menos de quince años, y oficial a cargo de todos los campos de concentración de la provincia de Buenos Aires, asi como sospechado de haber ordenado la desaparición en democracia del testigo del juicio contra el represor, Julio Jorge Lopez.
Esta sublevacion del orden constitucional llega hasta incumplir los tratados internacionales.La CIDH resolvio la libertad domiciliaria de la detenida politica Milagros Sala, calificando de ilegal su prision, y el gobierno no cumplio la decisión. Hace apenas horas, los obreros del Ingenio La Esperanza, de Jujuy, fueron gravemente reprimidos y detenidos, por el "delito"de realizar su derecho de huelga, amparado en los propios convenios de la OIT, de la cual el estado argentino forma parte.
Ante la evidencia del fracaso de la ley contra las pensiones de retiro, Macri anuncio que aplicaria la medida por decreto; es decir, ilegalmente. Solo retrocedio cuando los gobernadores, que dependen de los fondos que el debe enviarles- le aseguraron que sus diputados votarian la ley, lo que finalmente hicieron por exiguo margen, inferior al quorum para sesionar, mientras afuera del Congreso se libraba una batalla campal contra los trescientos mil manifestantes que se oponian a ese voto.
A LA CARTA
El CAJ caracteriza que el gobierno de Macri pretende gobernar violando la Constitución, aplicando, de manera empirica, un estado de excepcion " a la carta". No estan suspendidas las garantias de manera formal, pero en los hechos, no se cumple con la ley ni con la Constitucion, como lo demuestra la impunidad de las muertes debidas a las fuerzas de seguridad. Ante cada hecho de movilizacion de la población, se aplican medidas de" excepcion", violando la ley, sin que haya ninguna consecuencia para los actores de esos ataques a las libertades democraticas.
Se trata, al igual que se realiza con los acuerdos con otros sectores politicos, de medidas "puntuales", pero que de conjunto dan como resultado una suspensión de las libertades.
De acuerdo a las pruebas aportadas por nuestros colegas de Correpi, se ha producido - desde la asuncion de este gobierno- una muerte diaria, de manera directa o indirecta, debido a la actuación ilegal de las fuerzas armadas, policiales o de otro estamento. En la mayoría de los casos, los crimenes permanecen impunes.
El CAJ , sobre la base de estas graves evidencias, considera que el estado de excepcion " a la carta" esta colocado en el camino de una futura suspension permanente de las garantias y libertades constitucionales. No es solo una tendencia, sino una necesidad de este gobierno, que ha decidido continuar cerrando fuentes de trabajo, despidiendo trabajadores, impidiendo el derecho de huelga y de manifestarse. Solo bajo un regimen de estas caracteristicas, considera el gobierno que habra de poder imponer sus planes de "ajuste", elevacion de tarifas, quita de todos los beneficios sociales adquiridos democraticamente, bajo un manto de centenares de miles de despidos.
El CAJ denuncia el caracter de este regimen, advierte sobre el agravamiento de sus caracteristicas y empeña su esfuerzo para defender a la poblacion de estas medidas inconstitucionales, represivas e ilegales. Llama al mismo tiempo a todas las organizaciones de derechos humanos a realizar una campaña conjunta por la libertad de los detenidos por ejercer sus derechos y el desprocesamiento de todos los afectados por la criminalizacion de la protesta.
CAJ - 26 de diciembre de 2017.
