Los recientes festejos del Bicentenario de la Independencia nacional han revelado claramente el objetivo del nuevo gobierno: reintegrar a las fuerzas armadas a la vida política. Esta perspectiva ya fue ensayada, desde otro ángulo, por el anterior gobierno. Cristina Fernández nombró como jefe del Ejercito a Julio Cesar Milani, oficial de Inteligencia acusado de crímenes bajo la dictadura de Videla. Ahora, el presidente Macri autorizó desfiles de tropas militares en todo el país. Encabezando los desfiles no solo hubo bandas militares de música, sino también bandas militares, a secas. En la ciudad de Buenos Aires desfiló el golpista (1988) Aldo Rico, autor de las leyes de punto final y obediencia debida, dictadas ante Alfonsín. En la ciudad de Junín desfiló inclusive un Falcon Verde, como aquellos utilizados para secuestrar personas bajo la dictadura. En Tucumán, desfilaron varios de los participantes del "Operativo Independencia" que dio nacimiento a los campos de exterminio en gran escala.
El objetivo de "reconciliar" a la sociedad con los mandos militares no es nuevo: tuvo comienzo en 1983 con el gobierno de Alfonsín. Se llevo a juicio solo a las cúpulas de la dictadura, dejando en libertad a miles de asesinos y torturadores. Menen fue más lejos: perdonó a la propia cúpula. La crisis desatada por esta política de impunidad, sumada a la crisis económica y social del país, culminaron en enormes movilizaciones por el juicio y castigo a los genocidas. Esto llevó a la apertura de juicios en España, en ejercicio de la jurisdicción universal denunciando a través de distintas organizaciones de derechos humanos y sindicales (CTA) los crímenes de lesa humanidad y el genocidios cometidos por el terrorismo de Estado, con la actuación de civiles y militares, fuerzas para militares y policiales (ver informes del CAJ 1998/99/2000/2001).A ello se sumó en el plano convencional la postura condenatoria de las leyes de amnistía de crímenes de lesa humanidad asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos La movilización popular y de las organizaciones políticas, gremiales y sociales obligaron al Estado argentino a través de sus distintos poderes a declarar la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos.
Tanto el Poder Ejecutivo (gobierno Kirchner como la Corte acompañaron, en un primer momento ese proceso".
Desde entonces se fueron celebrando, con muchas dificultades, numerosos juicios contra los torturadores y asesinos. Videla murió en la cárcel. Otros, tan ancianos como él, pero aun vivos, gozan de un régimen atenuado de prisión.
El problema militar no son los viejos torturadores. De lo que se trata es de reinsertar a los cuadros militares aún en actividad que, como Milani, formaron parte de los escuadrones de la muerte. Son muchos los oficiales que, por su rango inferior, no pudieron ser identificados e imputados por sus crímenes. Esos están hoy en las escuelas de inteligencia, en los cuarteles, o en los directorios de algunas empresas. La reconstrucción política de las fuerzas armadas tiene un obstáculo importante: Estados Unidos no está, por ahora, a favor de ese objetivo. La asonada militar de Malvinas fue un chantaje al gobierno de Reagan para que este gestionase ante Thatcher un estatus compartido en las islas. Se buscó así una salida de la crisis imparable del gobierno cívico-militar. EEUU optó por salvar a la Thatcher, que tenía su propia crisis de gobierno. La dictadura puso así el último clavo de su cajón. Desde entonces se sumergió a los uniformados en una penuria presupuestaria y política. Menem terminó, por ese motivo, con el servicio militar obligatorio. Y Estados Unidos pasó a tutelar el desarrollo de fuerzas de choque menos numerosas y maleables, como Gendarmería, Prefectura y los grupos especiales de la Policía Federal.
El desfile militar de los torturadores y golpistas es, en este contexto, un signo alarmante de las contradicciones del gobierno de Macri. El propio presidente (seguramente alertado por sus encuestadores) estuvo a punto de no participar del desfile, tratando de evitar un costo político. Tratar de reintegrar a los "héroes de Malvinas" bajo un gobierno que considera a Estados Unidos su principal aliado, luce como misión imposible. El desfile militar del 9 de Julio es más un regalo simbólico a sectores marginales, a los que el macrismo prometió muchas cosas durante la campaña. Es por esto que el ministro de Justicia Garavano se reunió en secreto (pero se filtró la reunión) con la vocera de los ex represores, Cecilia Pando.
El intento de recuperar a los oficiales jóvenes de la última dictadura, ha sido política constante de todos los gobiernos electos desde 1983. Sea en los servicios de informaciones, o en tareas de "misiones especiales"a través de los Cascos Azules de la ONU. El gobierno de Kirchner les otorgó , inclusive, varios medios públicos de comunicación (con importante presupuesto) para tratar de mejorar su alicaída imagen.
Queda abierto el interrogante sobre la reconstrucción operativa de las fuerzas armadas. ¿Cuál sería el objetivo de esa iniciativa? La hipótesis de desbordes conflictivos ante la crisis económica tiene su barrera de contención en Gendarmería, Prefectura y grupos especiales de policía. ¿De qué servirían las fuerzas armadas? Actualmente, como en Haití, solo sirven como gendarmes ante un territorio ocupado.
La reivindicación de Macri a las fuerzas militares, en este contexto, además de un acto vergonzoso, es un acto sin perspectivas concretas. Trascendió que, en su reciente visita, el presidente de EEUU Obama, habría acordado con Macri establecer " bases de cooperación científica" en la triple frontera del nordeste y en Tierra Del Fuego. Podría haber allí un nuevo eje de reconstitución tutelado.
El CAJ denuncia lo esencial de esta iniciativa del macrismo: tratar de cerrar la movilización ciudadana contra la impunidad, del pasado y del presente. Se trata de una medida antidemocrática, cuyos alcances se verificarán en el curso de los próximos meses. Nos sumamos a la campaña por el mantenimiento de la lucha democrática contra esta perspectiva.
Por el CAJ
Juan Carlos Capurro - Horacio R. González
