Los detenidos en Tierra del Fuego, Horacio Gallego, Roberto Camacho, José Gómez, Juan Manuel Estefoni y Alejandro Gómez, fueron puestos en libertad hace unas horas. Esa medida no resuelve la grave crisis institucional que sus detenciones provocan. Fueron llevados ilegalmente a las tres de la mañana, sacados desnudos y golpeados bajo la nieve ante sus hijos. Fueron detenidos arbitrariamente, invocando un supuesto maltrato al vicegobernador por terceras personas, ninguna de las cuales eran ellos. Su detención es un ataque al derecho de huelga, al estado de derecho y a las libertades democráticas más elementales.
El juez de la causa, Javier de Gamas Soler, ha convalidado esa detención ilegal, así como los golpes y lesiones recibidas por los detenidos. Su orden de detención a los principales dirigentes de la huelga de estatales de esa provincia es un ataque a los derechos elementales. Es más: el juez Gamas Soler les tomo declaración a los detenidos a la medianoche, entre las sombras, y los puso en libertad, nuevamente, con sigilo, a las tres de la mañana.
Estamos en presencia de un Estado de Sitio de hecho que ni siquiera garantiza las libertades que la Constitución provee para esa medida de excepción. Un grupo de camioneros apaleó a los docentes escolares ante la complicidad de la policía. La ciudad de Ushuaia esta ocupada por gendarmería (fuerza que depende del gobierno nacional) y fuerzas policiales locales, haciendo cordón sobre todas las calles de la ciudad. Los huelguistas son hostigados, golpeados y maltratados reiteradamente.
Con la complicidad de todos los medios, excepción hecha, a medias y tendenciosamente, del diario La Nación, ninguna información (Página 12, Clarín) se produce sobre lo que está ocurriendo. Mientras estos hechos ocurrían, la gobernadora de la provincia se presentó en Buenos Aires a una reunión del PJ con el nuevo titular de esa fuerza, José Luis Gioja, a asumir un cargo en esa nueva dirección. Su partido nada dijo sobre el maltrato y detención de los huelguistas. Otro tanto ocurrió con la CGT, luego de que su dirigente Moyano mencionase esa huelga en su discurso ante una multitudinaria concentración. Luego, ni una palabra.
Los huelguistas enfrentan el ajuste, con despidos y baja de las jubilaciones, que pretende la gobernadora Bertone. La ocupación de fuerzas militarizadas en la provincia es un intento de derrotar esa huelga. Pero no con un planteo de defensa política de sus medidas, sino con el uso de la fuerza represiva, directamente. Esto es ajeno a los principios constitucionales, y entra dentro del terreno de los métodos de la dictadura, que no explicaba razones, sino que actuaba mediante el terror.
No se trata de un caso más, entre los tantos. Ya el gobierno anterior de Cristina Kirchner usó tanto a la gendarmería como a los jueces. Esta práctica se profundiza bajo el gobierno de Macri. Se está utilizando el terror, directamente, para tratar de quebrar a los huelguistas. Se echa mano a las detenciones nocturnas, con personal de civil, sin identificación, se golpea, se ha utilizado grupos de choque para apalear docentes que participaban de una marcha y se ha montado una burda provocación, con uso del Vicegobernador como señuelo, para montar detenciones arbitrarias.
Las detenciones son, desde el punto de vista legal, nulas de nulidad insanable. La causa está viciada de origen, porque se acusa a los dirigentes de un movimiento huelguístico por sucesos ajenos a su conducta. El juez que aquí interviene debe ser recusado por su parcialidad y sometido a un jury por contradecir, en su ilegal accionar, a la Constitución Nacional y su mandato como garante de ésta.
La negativa a permitir la labor de los diputados nacionales que fueron a la provincia para interiorizarse sobre las detenciones configura, también, un capitulo que excede al propio juez y conlleva el procesamiento de todos los funcionarios que no acataron el mandato de los representantes del congreso.
El CAJ denuncia esta situación, promoviendo la nulidad del proceso llevado contra los huelguistas, el apartamiento de la causa del juez Gamas Soler por su conducta anticonstitucional y exige la rendición de cuentas del gobierno provincial de Roxana Bertone y nacional de Mauricio Macri (que ha enviado la gendarmería) ante el Congreso, para que expliquen por qué no se ha conformado una mesa de negociación con los huelguistas para resolver el conflicto.
Saludamos la libertad de los cinco detenidos, en este contexto de cesación de todas las garantías, como una victoria de los trabajadores que reclaman por sus legítimos derechos.
Por el CAJHoracio R. González - Director.
Juan Carlos Capurro - Presidente
