Por el CAJ
El CAJ denuncia al gobierno de Tierra del Fuego por imponer, de hecho, un "estado de sitio" ilegítimo a la población, ante la huelga general que allí están llevando a cabo los trabajadores estatales por sus reivindicaciones. La provincia está ocupada por tropas policiales y de Gendarmería, que atacan y aterrorizan a la población, arbitraria e indiscriminadamente. Las garantías constitucionales han sido allí suspendida, de facto.
Cinco trabajadores, Horacio Gallego, Roberto Camacho, José Gómez, Juan Manuel Estefoni y Alejandro Gómez, dirigentes de la huelga, fueron ilegalmente detenidos, llevados de sus casas en la noche (a las tres de la mañana, sin luz diurna, lo que la Constitución Nacional prohíbe, aun bajo estado de sitio) y golpeados por personal vestido de civil, sin identificación, que los arrastró salvajemente bajo la nieve, desnudos, en presencia de sus familias, a las que se vejó, junto a los detenidos. Se les tomó una declaración a la medianoche, luego de impedir que se los viese y constatase las lesiones recibidas, sumando así nuevas irregularidades a esta arbitraria detención.
La gravedad de los hechos ha llegado al extremo de negar a una diputada de la Nación, Josefina Sosa, el derecho de ver a los detenidos, violando así la inmunidad parlamentaria y el ejercicio de su función pública.
Esta conducta del gobierno se subleva contra la Constitución Nacional, los representantes del Congreso y los derechos constitucionales, en este caso el de huelga, al detener a los principales dirigentes de un conflicto sindical que ya lleva más de sesenta y cinco días, sin que el Estado proponga una mesa de discusión, como corresponde, para solucionar los reclamos de los trabajadores.
El CAJ exige la inmediata libertad de los detenidos, así como una investigación y sanción a quienes las ordenaron y ejecutaron ilegalmente, con violación de domicilios, golpeando, y vejando a los detenidos ante sus hijos y familia.
El CAJ exige que el Congreso de la Nación cite la gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, para que dé explicaciones sobre este accionar, y se denuncie y lleve ante la Justicia a quienes así procedieron, violando la Constitución, llegando al extremo de impedir a un representante de la Nación ejercer sus funciones.
El CAJ exige el levantamiento de las ilegales restricciones al derecho de huelga y manifestarse, al tiempo que también exige al gobierno nacional que cumpla con su deber de contralor ante las provincias, que impide imponer restricciones a esos derechos. La Gendarmería, que depende del Poder Ejecutivo nacional, debe ser relevada del ejercicio de conductas represivas que solo hemos visto bajo la época de la dictadura.
CAJHoracio R. González - Director.
Juan Carlos Capurro - Presidente
