Un grupo de niños de entre siete y catorce años que practicaba con su "murga" para las próximas fiestas de carnaval, fue baleado en la villa 1-1114 con perdigones de caucho por la Gendarmería. Según fuentes confiables, fueron baleados por estar molestando con su práctica musical, la que declinaban interrumpir.

Como resultado de la balacera, más de diez niños debieron ser hospitalizados, con graves daños en su salud, al recibir perdigones de caucho que se incrustaron en partes vitales de su cuerpo.

Según alega el gobierno se trató de una "confusión", pues los gendarmes buscaban a unos narcotraficantes, y por eso los niños recibieron balas, al quedar en medio del hecho.

Según los testigos presenciales, nada de esto es cierto y los gendarmes atacaron a los niños porque consideraban molesta su actividad. Se pretendió "disciplinarlos", para que cesasen en su legítima y sencilla práctica de cantar y bailar, lo que es normal en todos los barrios populares en vísperas del Carnaval.

La ministra de Seguridad, P. Bullrich, no ha condenado este hecho. Su silencio corrobora, por el momento, la practica aberrante de balear niños indefensos.

El CAJ condena el hecho. En primer lugar, en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, de la que Argentina es signataria, que prohíbe todo tipo de agresión física o psicológica a los niños.

En segundo lugar, porque el Estado argentino ha vuelto a utilizar balas de goma. Las mismas se lanzan con escopetas destinadas a tiro con balas de acero. La fuerza con la que los cartuchos salen de las mismas puede causar la muerte, al alojarse en zonas vulnerables del cuerpo.

La utilización de balas de goma, al incrustarse con gran dolor físico y lesiones duraderas constituye tortura, en los términos y alcances previstos en la Convención en la materia, así como en la legislación positiva argentina.

La ministra de Seguridad Bullrich debe condenar estos hechos, no soslayarlos. Caso contrario, su conducta involucra el delito de encubrimiento.

El CAJ exige la determinación de las responsabilidades ante el grave caso de abuso de autoridad, lesiones y torturas, sancionándose a sus culpables.