Las recientes declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre los motivos de la detención de la dirigente social Milagros Sala, interrogan sobre la existencia de un plan nacional para criminalizar el derecho a la protesta en la Argentina.
Morales alega que la dirigente Milagros Sala quiere "disputarle el poder e instaurar un doble gobierno en la provincia".
¿Pero cual ha sido la conducta concreta que motivase su detención? El haber convocado a una protesta en la plaza, frente a la Casa de Gobierno.
Para el gobernador Morales, protestar y criticar las medidas de su gobierno constituye un acto ambiguamente sedicioso. Según afirmó un vocero judicial, se acusa a Sala de "instigación a cometer delitos y tumulto". Tales "figuras" no existen en nuestra legislación positiva, teniendo en cuenta, además, que no se sabe cuáles serían los "delitos" cometidos al protestar pacíficamente, ni mucho menos como se mide un " tumulto".
La ridícula acusación encubre el objetivo de desalojar por la fuerza represiva a los manifestantes de la plaza. Como las horas pasan y los manifestantes no se retiran, el gobernador Morales dice que piensa acusar ahora a Sala por "malversación de fondos", hecho agravado por ser diputada electa. Olvida que, más allá de las reglamentaciones de este caso (Sala es diputada al Parlasur, que no tiene resuelto un reglamento al respecto), los legisladores gozan de inmunidad. La conducta del gobierno de Morales resulta así anterior a la Carta Magna. Los señores feudales acostumbraban detener a sus opositores hasta encontrar algo que enrostrarle.
Morales no actúa solo. Hace unos días, el gobierno nacional y bonaerense disolvió dos manifestaciones de trabajadores ( Cresta Roja y Municipales- La Plata) disparando balas de goma por la espalda, es decir, cuando los trabajadores intentaban ponerse a resguardo de la carga brutal de las fuerzas gubernamentales.
En ambos casos hubo tortura, pues las balas de goma dañaron seriamente la salud de los manifestantes. Todos los protocolos, aun en el caso ilegal de repeler a quienes expresan su opinión, establecen el uso disuasivo de la fuerza (agua, gas lacrimógeno). Las balas de goma (lo hemos denunciado ya en la década de los noventa) son elemento de tortura.
Morales se apresta entonces a tirotear, nuevamente, a quienes critican al gobierno.
El CAJ denuncia nacional e internacionalmente estas violaciones a los tratados suscriptos por el estado argentino, en particular el Pacto de San José de Costa Rica, acatado por todos los gobiernos anteriores, así como por todos los Estados de la región. Si la justicia nacional no restituye el cumplimiento de la ley y condena la conducta del nuevo gobierno, el CAJ apelará a los tribunales internacionales.
Exigimos la inmediata libertad de Milagro Sala y el respeto al derecho a manifestarse, por parte del nuevo gobierno.
Comité de Acción Jurídica — CAJ —
18 de Enero de 2016