A menos de un mes de asumir, el Gobierno del presidente Macri está dejando clara la naturaleza autoritaria y represiva del régimen político que encarna.
En el día de hoy, en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, la infantería policial reprimió violentamente a trabajadores estatales despedidos que reclamaban por su continuidad laboral. La dura represión fue llevada a cabo con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma dirigidos directamente a los cuerpos de los manifestantes, dejando numerosos heridos, en su mayoría mujeres.
Esta medida se enmarca en la política general desplegada por el Gobierno actual de despedir masivamente empleados de los distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal, que, según anuncios de los funcionarios gobernantes, se profundizará en los próximos días y semanas, con el pretendido y falso argumento de sanear los planteles públicos del personal “político” o que no trabaja regularmente.
La represión de hoy revela cuál es la respuesta estatal prevista para los reclamos y protestas que inevitablemente se sucederán en oposición a estas medidas de despidos masivos de trabajadores.
Hace pocos días, desde el CAJ caracterizamos que se trataba de instalar un régimen basado en el estado de excepción, sin el Congreso, intolerante ante los reclamos, a los que se propone controlar por vía represiva. La interminable sucesión de Decretos de Necesidad y Urgencia, atajo legal para que el Ejecutivo emita disposiciones de carácter legislativo en reemplazo del parlamento, y la violenta represión a las protestas que se oponen a sus medidas antipopulares, demuestran lo certero de aquella caracterización.
Se vislumbra, asimismo, que los crecientes autoritarismo y regresión en materia de derechos humanos es una política de Estado, atento que los otros poderes públicos, por acción u omisión, parecen acompañar la tendencia del Ejecutivo.
Frente al festival de decretos con los que el Presidente subroga sus funciones legislativas, la mayoría opositora del Congreso Nacional, pese al pedido de un sector de legisladores, se ha negado a exigir la convocatoria a sesiones extraordinarias.
En tanto, un sector mayoritario del Poder Judicial convalida con sus fallos las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno. Al mismo tiempo, hace su aporte a la restricción de derechos civiles al convalidar la discrecionalidad policial para detener e identificar personas en la vía pública sin razones ni fundamentos, como acaba de decidir esta semana el Máximo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en una causa penal, en una doctrina que retrotrae las facultades de las fuerzas de seguridad a los tiempos de los Edictos Policiales, rémora autoritaria de la última dictadura militar, derogados hace años por resultar inconstitucionales.
En suma, reafirmamos que el presente régimen político es no solo antidemocrático, sino un régimen signado por una inmensa debilidad, lo cual explica el conjunto de medidas autoritarias, que intentan promover una imagen de fortaleza allí donde solo reina una marcada improvisación.
En las actuales condiciones, sólo cabe esperar que esta tendencia se profundice, acrecentándose la conflictividad social y la represión estatal como respuesta. Se augura así un escenario de gravedad institucional de imprevisibles derivaciones.
Exigimos una exhaustiva investigación de la ilegal represión desatada hoy, y el procesamiento de sus autores materiales, intelectuales y políticos.
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Buenos Aires, viernes 8 de enero de 2016, 17:30 hs.
