Gran Buenos Aires: Los barrios 
se organizan contra la represión  

Por María Inés De Angelis

 

Informe de violaciones a los derechos humanos en el conurbano bonaerense:

 

I – Parte: Accionar policial y judicial

Introducción

Varios factores inciden directamente para que en la actualidad la clase trabajadora sufra las consecuencias del accionar policial y judicial.

Por un lado, la grave crisis económica empuja a vastos sectores de la clase obrera (o mejor dicho, a los integrantes del proletariado industrial en la actualidad desplazados del sistema productivo), a situaciones límites que ponen en grave riesgo la propia supervivencia de la clase.

Por otro lado, la desocupación y sus secuelas de marginación, de desplazamiento social y de pauperización de amplios sectores de las capas populares, tiene como contrapartida, un incremento importante de lo que podríamos denominar el accionar del "aparato represivo del Estado".

El accionar de este aparato se visualiza de la siguiente manera:

Incremento de la represión, tanto directa a expresiones de la voluntad popular: asambleas, piquetes, cortes de ruta, conflictos sociales, etc., como de manera indirecta a través de la actuación de las fuerzas represivas en: tareas de inteligencia, incriminación infundada e indiscriminada de conductas, "armado" de causas, etc.

Mención aparte merece la denominada "Judicialización de la protesta".

Esta situación se ha evidenciado en ocasión y con motivo de los sucesos acaecidos en la zona oeste durante las jornadas de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. En estos casos, las fuerzas represivas (policiales, especialmente) actuaron con una verdadera campaña de terror en los vecinos de los diversos barrios; especialmente en los partidos de Morón y Merlo. En estos casos, se difundieron noticias referidas a que los barrios se "armaban" para realizar saqueos.

Puntualmente, ante esa embestida policial, los vecinos del barrio de Merlo Gómez se organizaron en distintos grupos y se dirigieron a las localidades aledañas, con el propósito de desmentir estas versiones. Ello sin embargo, no pudo impedir que se produjeran enfrentamientos armados. Hasta donde hemos podido constatar, ello se tradujo en la muerte de, al menos diez vecinos, uno de ellos de 13 años de edad, sin que tales hechos tuvieran la más mínima repercusión periodística ni fueran dadas a conocer estas noticias.

 

 

II – Análisis de casos

En este contexto es que se desarrolló durante el año 2002 la defensa de varios jóvenes que fueron víctimas de la situación descripta. En general, en todos los casos, se evidenció como una constante que las condiciones de detención, tanto en los penales como en comisarías, fueron violatorias de los más elementales derechos humanos. Lo primero que se debe señalar es el tremendo e inhumano hacinamiento que existe en los lugares de detención.

Celdas construidas para albergar a lo sumo unos seis internos, son destinadas al alojamiento de más de veinte detenidos. Lugares sin luz natural, sin adecuada ventilación, con un pequeño baño (que cuenta con sólo una pequeña letrina); sitios en los que los detenidos fijan turnos para estirar los pocos colchones que existen y de ese modo emplearlos para dormir, son algunos de los múltiples ejemplos que se pueden señalar. Todo ello, sin dejar de mencionar los "peajes" que el personal policial recauda de los familiares para (presuntivamente) hacer que el detenido tenga algunas mejoras en sus condiciones de alojamiento, como: dentífrico, cigarrillos, etc. En realidad, estos peajes (que según los familiares oscilan alrededor de $ 15,00 semanales por cada detenido) son destinados a circuitos ilegales como: droga, robos, etc. Además, tanto en comisarías como en penales, se advierte que existe una especie de "código" tácito entre detenidos y personal carcelario, en virtud del cual los "jóvenes" (detenidos que cumplen su primera detención) son destinados a ser tratados como "gatos", "mulos" o diversas denominaciones con las que se sindican las funciones de verdadera sevicia a que son sometidos. Estos hechos se han comprobado en los penales de Olmos, Florencio Varela y en comisarías de la zona.

Al respecto, cabe aclarar que el "gato" o "mulo" es el que se encarga de preparar la comida de los detenidos mayores (generalmente son presos que cuentan con antecedentes) higienizar las celdas, fabricar las "facas" y otros elementos cortantes que generalmente se emplean en riñas, peleas, enfrentamientos. Existe una suerte de código por el cual todo detenido es obligado a someterse a estas riñas. La consecuencia de ésto es que los jóvenes a los cuales se les ha prestado nuestra asistencia legal presentan innumerables heridas, lesiones y golpes de todo tipo. Sin mencionar las secuelas psíquicas que presentan los jóvenes cuando recuperan la libertad.

Por razones de seguridad hacia los imputados y sus familias (teniendo en cuenta que se trata de sectores sociales muy carenciados y sin posibilidades de protegerse frente a una embestida del accionar policial) es que en todos los casos se reserva la identidad de las personas involucradas. Este tema ha sido debatido oportunamente con los familiares y con los propios imputados.

A fin de dar precisión a todo lo expuesto hasta aquí; a continuación se brinda una breve síntesis de los casos más representativos:

 

1).- Primer Caso: Compañeros afiliados a la C.T.A. de Morón.

Se trata de tres compañeros que fueron detenidos el día 5 de abril de 2001 en medio de una manifestación realizada frente al Palacio Municipal de Ituzaingó. En dicha oportunidad, el Intendente había dictado un decreto en virtud del cual se pasaba a situación de disponibilidad a todo el personal del Sector de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. Era una medida que afectaba a unos 300 o 400 compañeros. En medio de esta manifestación (según la policía habían concurrido unas 50 personas; mientras que para A.T.E. y C.T.A. eran alrededor de 70 u 80); se produjo la detención mencionada. Se había instalado una olla popular frente al Palacio Municipal y dos jóvenes; una de ellas una menor de edad junto con otro joven de 18 años de edad; se alejaron por la vereda de la Intendencia repartiendo volantes. El tercer compañero detenido ese día iba caminando para avisar a los organizadores de la protesta que no podía quedarse por cuanto debía realizar unos trabajos de jardinería. Por ese motivo llevaba una tijera de podar consigo, que fue posteriormente incautada en la Causa y considerada como el instrumento del delito. En el lugar, frente a la Intendencia, se encontraban estacionados algunos vehículos, la mayoría de los cuales pertenecía a funcionarios municipales. Dos funcionarias, una de ellas la Jefa de Tránsito de la Intendencia, denuncia a los tres compañeros puesto que, según sus dichos, a través de una ventana visualizó que tres sujetos intentaban violentar la puerta delantera derecha de un automóvil, propiedad de otra funcionaria municipal. Se los aprehendió en el momento y fueron derivados a la Comisaría I de Ituzaingó. La menor fue procesada como mayor de edad porque la Juez de Garantías interviniente no constató identidad. La niña sólo recuperó la libertad 17 días después de la detención porque la madre se presentó en la causa con la partida de nacimiento. Mientras tanto, la menor estuvo alojada en la Comisaría de Merlo de mayores y al recuperar la libertad, tanto ella como su madre, fueron objeto de amenazas por parte del personal policial de Ituzaingó. Pocos días después de que la menor fuera liberada, fueron literalmente secuestradas por efectivos policiales, quienes las obligaron a subir a un patrullero. Allí se les dijo que si no se mudaban de Ituzaingó, la chica aparecería en un zanjón. La familia actualmente reside en Mariano Acosta. En cuanto a los otros dos compañeros detenidos, esta defensa presentó 12 testigos que controvirtieron en todo lo presuntamente manifestado por las dos testigos de cargo. Ninguna de las pruebas fue tomada en cuenta. Cuando se clausuró la I.P.P. el resto de las medidas de prueba propuestas por la defensa no fue siquiera proveída. Quedaron propuestos como medios de prueba "no proveídos" las siguientes:

- 9 testigos más, que sumados a los 12 que prestaron declaración, hacen un total de 21 testigos. Ninguno de los dichos fue siquiera tomado en cuenta.

- El pedido de reconstrucción del hecho que fue rechazado sin más, no obstante el planteamiento de nulidad que se efectuó en legal tiempo y forma.

- Realización de nuevas pericias mecánicas, que tampoco se proveyó y que asimismo fue desestimada.

Como conclusión de lo narrado hasta aquí, ambos jóvenes estuvieron detenidos en la Comisaría I de Ituzaingó hasta el mes de Septiembre de 2001. Luego de ser trasladados por poco tiempo a otras dependencias policiales, se los derivó al Penal de Olmos.

En el Penal de Olmos fueron alojados en distintos pabellones. Uno de ellos fue derivado al denominado "Evangélico"; debido a que allí existe un preso condenado a más de 20 años de prisión que literalmente transformó en una suerte de "iglesia" al pabellón mencionado. Este siniestro personaje llamado corrientemente "EL PASTOR", maneja literalmente todo el pabellón. En el mismo existen doce celdas, cada una de las cuales albergaba en dicha oportunidad alrededor de 15 detenidos. En una de ellas fue alojado nuestro compañero. Las condiciones de detención en el lugar son extraordinariamente arbitrarias. El llamado "pastor" junto con sus ad-láteres tenían a los jóvenes a su exclusivo servicio. Los jóvenes allí tienen prohibido fumar, leer (excepto la Biblia o material previamente censurado). El motivo por el cual regía en el caso la prohibición de fumar es muy simple puesto que, de este modo, se les incautaba a los jóvenes los cigarrillos que los familiares les proporcionaban.

El otro joven fue alojado en otro pabellón; donde sufrió maltratos múltiples y debió someterse a las riñas ya mencionadas. En el momento de recuperar la libertad presentaba lesiones cortantes en el pecho y una lesión en riñón izquierdo.

Esta causa finalizó el día 9 de mayo de 2002 con un juicio abreviado. Trece meses después de la detención, cuando intervino el Tribunal Oral Nro. 3 de Morón, esta Defensa mantuvo una entrevista con el Fiscal de Crimen, quien literalmente expresó: "No puedo entender cómo es que estos chicos están presos". Ese mismo día se firmó el acta de juicio abreviado, por el cual fueron condenados a dieciocho meses de prisión en suspenso, plazo que se ha cumplido ya en la actualidad.

Luego de ello, la Fiscalía citó a los familiares de uno de los jóvenes para que se planteara la nulidad de la causa. Sin embargo, la familia decidió no iniciarla por miedo. Se aclara al respecto que, el día 23 de diciembre de 2001, en vísperas de Navidad (por supuesto antes del juicio abreviado), la madre de uno de los jóvenes había concurrido al Penal de Olmos a visitar a su hijo. Al regresar se encontró con un incendio que había desbastado la casa y sólo encontró algunas pertenencias que le salvaron los vecinos. Aparecieron una serie de pintadas con aerosol en las paredes con leyendas que decían: "Vieja p ... dejá de hablar de tu hijo". A raíz de este hecho se inició la denuncia correspondiente y se aportaron pruebas, puesto que los vecinos del barrio se solidarizaron y concurrieron a prestar declaración testimonial. Sin embargo, esta nueva causa fue sobreseída. No se esclareció el hecho.

Poco después de recuperar la libertad, uno de los jóvenes tuvo un episodio de tentativa de suicidio. En la actualidad se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Es de señalar que hasta que se produjera el hecho narrado, este joven era uno de los militantes más entusiastas de la C.T.A. en Ituzaingó. Sufre de crisis depresiva y requiere de terapia permanente. No ha vuelto a militar. Además, la familia vive con miedo.

Durante todo el tiempo en que se encontraba con condicionalidad de la sentencia, sufrió de pánico y debió soportar el acoso policial. Inclusive fue detenido nuevamente en la ciudad de Punta Lara (Partido de La Plata). En dicha oportunidad, se le abrió una nueva causa por contravención (venta ilegal en la vía pública). Este segundo hecho se analiza más adelante. Pero se lo señala aquí para indicar que el accionar policial no finaliza, ni remotamente con la obtención de la libertad por parte del detenido.

 

2).- Segundo Caso: Hijo de una compañera de A.T.E detenido por tentativa de robo de una bicicleta

En el mes de abril de 2002, fue detenido en la localidad de Haedo el hijo de una compañera de A.T.E. Morón. Esta compañera atiende a los afiliados y trabajadores municipales de la zona oeste, y ha tenido diversos problemas de persecución por su pertenencia a A.T.E.

El día en cuestión, este joven iba caminando junto con un menor y este último se detuvo a mirar una bicicleta que estaba estacionada en la vereda. Casi de inmediato apareció un policía quien, con un alicate procedió a cortar la cadena y a detener a los dos jóvenes. El caso derivó en la apertura de una causa caratulada "Robo en grado de tentativa". El menor fue dejado en libertad de inmediato pero el joven (que contaba con veinte años de edad), fue alojado en la Comisaría I de Haedo, en condiciones de detención muy semejantes a las que se han narrado con ocasión del otro caso que aquí se describe. La causa fue desdoblada y las actuaciones correspondientes al menor fueron derivadas a la Justicia de Menores.

En la citada Causa, el menor prestó declaración indagatoria (sin asistencia letrada ni defensa) y confesó el delito, con lo cual la situación procesal de nuestro defendido quedó muy comprometida.

En virtud de ello, y atento que en el hecho existía co-autoría de un menor de edad, se le aplicó el art. 171 inc. b) del C.P.P. de la Provincia de Buenos Aires, el que luego de la reforma de la Ley Nro.12.925, prohibe conceder la excarcelación si en el hecho investigado participan menores de dieciocho años de edad.

Por dicho motivo, la familia comenzó un verdadero peregrinaje. Merced a una serie de entrevistas personales casi diarias que mantuvo la madre del detenido, consiguió que la detención fuera transformada en "arresto domiciliario". Ello aconteció en el mes de julio de 2002. Luego de ello, se le otorgó permiso laboral, puesto que se pudo comprobar que el detenido tenía trabajo y una familia que mantener (el joven es casado y padre de una beba de pocos meses). Los permisos de salida abarcan desde las 8,00 hs. hasta las 18,00 hs. de lunes a sábados. Todo esto, bajo un estricto contralor policial; puesto que diariamente la policía se apersona en el domicilio y constata los horarios. En un comienzo (hasta el mes de diciembre de 2002); la asistencia letrada de este joven estuvo en manos de un letrado particular; quien prácticamente no actuó en el caso, y dejó precluir las instancias de ofrecimiento de prueba (art. 336 del C.P.P.). De manera entonces que cuanto tomamos su defensa, nos encontramos con que ya se habían vencido los plazos para deducir las pruebas de la Defensa. Sin embargo, igualmente se ubicaron testigos del hecho y se los propuso; con fundamento en que recién se tomaba el caso y se hizo valer del derecho de legítima defensa; al que se le debía dar una jerarquía constitucional superior, y que dicho derecho se encontraba por encima de cualesquiera cuestión de naturaleza formal procesal. En la audiencia dispuesta por la norma precitada (art. 336 C.P.P.), se tuvo una entrevista con el Fiscal interviniente; quien estuvo de acuerdo en arribar a un juicio abreviado, especialmente teniendo en cuenta que el menor había confesado. Lo narrado aconteció el día 2 de diciembre de 2002. Se firmó entonces el acuerdo de juicio abreviado y el fiscal solicitó una pena privativa de libertad de ocho meses y quince días de prisión. El argumento que esta Defensa esgrimió fue que el joven continuaba privado de la libertad, puesto que el arresto domiciliario es una restricción importante a la libertad. Y en esto estribó el pedido de pena por la Fiscalía. Poco después, sin embargo, el Tribunal interviniente desestimó el acuerdo suscripto con la Fiscalía por las siguientes razones:

- A criterio del tribunal, no correspondía encuadrar la cuestión en lo dispuesto por el art. 163 del C.P. por cuanto en el caso se trataba de tentativa de robo de una bicicleta.

- Por consiguiente, cabría encuadrar la cuestión en "Tentatiba de robo agravado por vehículo dejado en vía pública"; conforme lo dispuesto por el art. 164 inc. 6to. del C.P.

- Para el Tribunal; tratándose de una bicicleta, (y en ello encontró apoyo en doctrina emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), no correspondía suscribir un convenio de juicio abreviado en los términos en que había sido firmado con el Fiscal. La doctrina de la Suprema Corte de la Provincia se refiere a que una bicicleta es un vehículo, por lo tanto es aplicable la figura del robo agravado.

- En consecuencia de lo manifestado hasta aquí, el Tribunal se declaró incompetente (se aclara que no se procedió a tipificar el hecho según el criterio del Tribunal), por lo que hasta ahora se mantuvo la carátula de tentativa de robo simple. Consecuentemente, la Causa fue girada para un nuevo sorteo de Tribunal. A fines de diciembre de 2002, todavía no se había realizado el sorteo. A principios de enero de 2003, la causa había finalmente tenido radicación en el Tribunal de Crimen Nro. 3, con intervención de otra Fiscalía.

- Finalmente, recién con fecha 29 de abril de 2003, se logró suscribir el juicio abreviado. La pena impuesta fue de dos años y medio en suspenso. Todo ello por la acusación de una tentativa de robo de una bicicleta.

Este caso se trae a colación, por cuanto la madre de este joven es una militante de ATE – CTA y ha sufrido diversas persecuciones por motivo de su militancia.

 

3).- Tercer Caso: Detención del hijo de un dirigente de ATE – CTA por portación de armas – Causa Contravencional:

En este caso, los hechos sucedidos son los siguientes:

El hijo de un dirigente de A.T.E. (delegado en la Intendencia Municipal de Ituzaingó y miembro de la Rama Provincial Municipal de A.T.E. en el Consejo Directivo Provincial de Buenos Aires), un joven de 18 años de edad concurrió a la Escuela donde cursaba el secundario para inscribirse en los exámenes del mes de marzo de 2002. Al salir, se encontró con un grupo de jóvenes en la Plaza que se encuentra ubicada justo enfrente a la escuela. Estos jóvenes son artesanos y concurren durante la semana a la plaza para vender sus artesanías.

Varios de ellos contaban con herramientas para sus trabajos, como cuchillos, gubias, pinzas, etc. Cuando nuestro defendido se acercó al grupo de jóvenes, fue sorprendido por cuatro patrulleros, varios efectivos policiales rodearon al grupo y detuvieron a unos cuatro o cinco jóvenes. Se suscitó entonces una discusión y finalmente el hijo del dirigente de A.T.E. fue detenido en la Comisaría I de Ituzaingó acusado de portación de arma blanca. Se secuestró un pequeño cuchillo que, en la versión policial era portado por el detenido. En realidad, pertenecía a uno de los artesanos.

A consecuencia de ello (y merced a una rápida intervención de nuestra parte), el joven permaneció detenido por espacio de dos días, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó por aplicación del art. 4to. de la Ley Nro. 8031/73. Inmediatamente se propusieron las medidas de prueba y se peticionó al juez la inmediata libertad por tratarse de una contravención que dispone pena privativa de libertad de hasta 30 días o multa. A los dos días se dictó el auto de libertad por aplicación del Tratado Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). La detención tuvo lugar el día 5 de abril de 2002 y nuestro defendido recuperó la libertad el día 7 de abril por la mañana.

Pocos días después, la familia mudó su domicilio y se estableció en la Ciudad de Punta Lara (Partido de La Plata; Provincia de Buenos Aires). Este hecho fue inmediatamente puesto en conocimiento del Juzgado. Sin embargo, a los pocos meses se recibió una cédula de notificación en la cual se disponía la búsqueda de paradero y la consiguiente captura y remoción de la libertad. Al día siguiente, nos presentamos junto con nuestro defendido y su padre en dependencias de la Comisaría I de Ituzaingó (donde se había girado la Causa), y allí se dejó sentado en acta que se peticionaba la nulidad de la notificación (cursada al anterior domicilio), y el mantenimiento de la libertad dispuesta. El Juzgado hizo finalmente lugar a lo expuesto y nuestro defendido prestó declaración indagatoria. Anteriormente se habían propuesto varios testigos; los cuales fueron citados a declarar. Luego de ello, se citó para la realización de una pericia que finalmente se llevó a cabo a fines del mes de diciembre de 2002.

Para el momento de la redacción de este informe; aún no se ha obtenido un pronunciamiento definitivo en la Causa. Se aclara que los testigos de la Defensa expusieron los hechos tal como se los ha narrado aquí. No existe ninguna prueba directa de la presunta portación de armas en vía pública. Se dedujo la correspondiente prescripción en el mes de abril de 2003, pero el Juzgado la desestimó, a pesar de no haberse acreditado ninguna secuela de juicio.

Este hecho no es casual ni mucho menos. El padre de este joven es el mismo dirigente que había organizado la movilización de trabajadores municipales frente al Palacio Municipal de Ituzaingó y que ya fuera descripto con todo detalle. Es más, los jóvenes detenidos (ver Caso 1); eran colaboradores directos y militantes. Creemos que existe una verdadera persecución que se expresa justamente con el mencionado "armado de causas" hacia los jóvenes.

 

4).- Cuarto Caso: Detención de dos jóvenes en Punta Lara – Causa Contraavencional:

Poco tiempo después de los hechos narrados; este mismo joven y uno de los detenidos (ver Caso 1) fueron detenidos en la Ciudad de Punta Lara. El joven cuyo caso se expuso en el punto anterior, había radicado allí su domicilio y el otro joven (para evitar la persecución policial); fue albergado en casa de esta familia. Todo esto se debió en gran medida a un consejo de nuestra parte, para que no fueran vistos por la zona de Ituzaingó; ya que representaba un peligro potencial para ambos.

La ciudad de Punta Lara se encuentra ubicada a orillas del Río de La Plata y es zona de pesca durante todo el año. Ambos jóvenes, junto con un grupo de tres o cuatro más (atento la imposibilidad de conseguir trabajo), comenzaron a vender a los pobladores y vecinos (que por supuesto los conocían a todos), elementos y artículos de limpieza. Como es de prever, ambos fueron detenidos nuevamente, y lo curioso es que la policía sólo detuvo a estos dos; por venta ilegal en vía pública, a pesar de que el grupo dedicado a esta actividad era mayor.

En este caso, ambos fueron inmediatamente dejados en libertad, gracias a la intervención de los compañeros abogados y dirigentes de A.T.E. del Consejo Directivo Provincial. Este caso es una muestra más de la persecución policial constante y del ensañamiento que se evidencia con jóvenes y militantes. Adviértase que en estos casos, la represión abarca a las familias.

 

5).- Quinto Caso: Imputación de homicidio

Este hecho acaeció en la localidad de Merlo Gómez, que se encuentra ubicada en el límite entre los Partidos de Merlo y de Ituzaingó. Se trata de un barrio de clase trabajadora, donde es muy fuerte la presencia de "punteros políticos". En el mes de julio de 2002, un grupo de efectivos policiales ingresó por la fuerza en una de las viviendas buscando, aparentemente, al autor de un homicidio y presuntivamente, el autor del hecho se habría escondido en la citada localidad. Se aclara que el "procedimiento" se desarrolló sin orden de allanamiento, ni menos aún, de detención.

La vivienda de esta familia fue literalmente desbastada y allanada. En el lugar se encontraba el hijo de la familia, un joven de veinte años. Fue sacado de los cabellos y se lo detuvo porque en el lugar se encontró una gorra negra con visera. Supuestamente, el autor del hecho llevaba puesta una gorra de esas características. El joven se encuentra en la actualidad detenido en el Penal de Olmos, a la espera de juicio oral. Interviene el Departamento Judicial de Mercedes, por cuyo motivo no se le pudo tomar la defensa. Y ésto se debió a razones de distancia, atento que la suscripta reside en Capital Federal. No obstante ello, se asesoró a la familia acerca de los pasos a seguir, siendo que la única razón de esta detención es que se trataba de un joven y con casi nula prueba en su contra.

 

6).- Sexto Caso: Detención por resistencia a la autoridad

En este caso, el protagonista fue un dirigente de A.T.E de Ituzaingó, quien en el momento del hecho concurrió a la plaza para desarrollar tareas gremiales con sus ex compañeros de trabajo que pertenecen al Sector de Plazas y Jardines. Por lo tanto, ese día se encontraban trabajando en tareas de limpieza y mantenimiento de una de las plazas. Precisamente, la misma en la cual fue detenido el hijo de un dirigente de A.T.E (ver caso Nro. Tres). En la oportunidad narrada, este compañero comenzó a repartir volantes y un grupo de unos cinco o seis trabajadores se reunieron para intercambiar ideas. Uno de los temas en cuestión era que este compañero había sido uno de los despedidos en el mes de abril de 2001, a consecuencia de un sumario administrativo que se le había entablado en la Intendencia Municipal de Ituzaingó. En el momento del despido, era dirigente de A.T.E con mandato vigente. La reunión que se desarrolló en el lugar abordó varios temas, y el despido de este delegado fue uno de ellos.

El personal de la Municipalidad observó el hecho y pocos minutos después, el compañero fue detenido por resistencia a la autoridad y alojado en la Comisaría I de Ituzaingó. Estuvo detenido durante 24 horas y luego se dictó el auto de soltura. No se le pudo comprobar absolutamente nada y la Causa fue finalmente sobreseída. Mientras tanto, el hecho sirvió para montar una verdadera campaña de desprestigio hacia los dirigentes de A.T.E.

 

7).- Sétimo Caso: Robo agravado por abuso de armas de fuego

En este caso, se trata de un joven que fue apresado el día 5 de abril de 2002 a las 4,30 hs. de la madrugada, en la localidad de Castelar. Este hecho es asimismo significativo, puesto que se trata del hijo de una afiliada a la C.T.A.

En la oportunidad narrada, el joven se desplazaba en su moto junto con un amigo (quien era personal policial y se encontraba en su día franco). Ambos se apersonaron en una estación de servicio a cargar combustible. Luego, desde allí se dirigieron a un pool y cuando regresaban a su hogar, fueron detenidos por un patrullero, el que comenzó a perseguirlos. El policía (que ocupaba el asiento del acompañante), se bajó y trató de aclarar la cuestión.

Sin embargo, fueron detenidos y alojados en la Comisaría I de Ituzaingó con intervención del Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de la Dra. María del Cármen Peña. La Causa fue caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego".

Una de las primeras medidas que ordenó la Fiscalía fue el reconocimiento en rueda de detenidos. Este acto se realizó el día 9 de mayo con resultado negativo. El denunciante, que es el playero de la estación de servicio denunció que dos sujetos que se desplazaban en una moto blanca le robaron $ 25 mediante intimación con un elemento (que no alcanzó a ver) colocado en la espalda. Presumió que se trataba de un arma de fuego, y como el acompañante de nuestro defendido era policía, se le secuestró el arma reglamentaria. Es obvio que el personal policial debe portar su arma en todo momento, aún en días francos, como en este caso.

Se solicitó el sobreseimiento que fue denegado, se apeló ante la Cámara de Garantías de Morón, la Sala confirmó el rechazo del sobreseimiento sin ningún argumento válido. Sólo se dijo que no correspondía por el estadio procesal en que se encontraba la causa.

En el momento de la vista del art. 336 del C.P.P. se desestimó nuestra petición de sobreseimiento (no obstante la prueba indubitable producida); y tampoco se hizo lugar a nuestra petición de realizar una nueva tipificación del hecho.

Nuestro defendido fue luego trasladado al Penal de Olmos, pero allí sólo permaneció por 24 horas, porque los presos lo amenazaron de muerte, debido a que había protagonizado un hecho junto con un policía. Se solicitó entonces el inmediato traslado. Actualmente está alojado en el Penal de Florencio Varela a la espera de juicio oral y público. Recién en el mes de junio de 2003 se le otorgará la fecha para el juicio. Ya se aportaron las pruebas de testigos presenciales, sin que hasta el momento el Tribunal se haya expedido.

 

 

III - Actuaciones extrajudiciales realizadas con colaboración
de los familiares de detenidos

En este apartado se efectuará un breve relato acerca de las gestiones que hemos desarrollado con la colaboración de los familiares de los jóvenes detenidos.

En primer lugar, es necesario resaltar la solidaridad que hemos recibido por parte de medios de difusión locales. En ocasión de la detención de los militantes de la C.T.A. se realizaron las siguientes acciones:

1).- Se hizo una marcha y movilización frente a la U.F.I interviniente cuando nuestros militantes se encontraban detenidos. Esto aconteció en el mes de agosto de 2001. En esta movilización participaron los compañeros de la C.T.A de Morón, junto con dirigentes de A.T.E. Gran Morón y los canillitas de la zona.

2).- Con la colaboración de un grupo de canillitas (que se encuentran nucleados en un grupo de autoconvocados) se imprimeron miles de volantes que fueron repartidos en los periódicos y diarios de la zona. Se aclara que este grupo nuclea a vendedores de diarios y revistas de toda la zona oeste del Gran Buenos Aires; desde Ciudadela hasta Castelar, Libertad, San Miguel. En total son aproximadamente unos 400 canillitas, y en la mayoría de los puestos se distribuyeron esos volantes, pidiendo la libertad de los compañeros.

3).- Se asistió a varias reuniones con los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense para coordinar algunas acciones. En todos los casos se encontró una actitud de mucha receptividad hacia el problema de la represión judicial hacia los jóvenes. Inclusive los dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense se encargaron de distribuir los volantes dentro del palacio de justicia. Y fueron de gran ayuda para orientarnos en la ubicación del problema.

4).- Asimismo, se llevaron a cabo varias reuniones con los compañeros de A.T.E de Ituzaingó y el grupo de canillitas autoconvocados. Se coordinaron varias acciones para realizar en forma conjunta. Lamentablemente, no encontramos el apoyo que necesitábamos por parte de los dirigentes de A.T.E Gran Morón; puesto que no pasó de algunas declaraciones pero no se implementaron las gestiones gremiales necesarias. Por ello, en muchos casos, los compañeros quedaron desprotegidos; especialmente los que había sido dejados cesantes.

5).- Mención aparte merece el papel que jugaron los medios locales. En especial, es de destacar, la valiosa colaboración que se tuvo por parte de dos radios locales (FM) de Morón. En una de ellas se nos dio espacio reiteradamente para denunciar estos problemas. Se nos invitó a varias audiciones y lo mismo sucedió con una emisora de la ciudad de Ituzaingó, donde los familiares de los jóvenes fueron varias veces convocados. También es de destacar, el papel de apoyo que jugó uno de los diarios locales, donde dos de los periodistas dedicados a la información judicial nos brindaron reiteradamente su apoyo.

6).- Asimismo; pusimos estos temas a consideración del Colegio de Abogados de Morón, con intervención de la Comisión de Derechos Humanos. En mi carácter de Defensora fui citada para que el Colegio se expidiera acerca de las irregularidades que debimos sufrir. Se acompañó en su momento copia de las causas y el Colegio produjo un informe en el cual se expidió dándonos su apoyo. Estos hechos fueron denunciados no sólo por lo sufrido por los jóvenes, sino también por el maltrato que debimos soportar en las comisarías, especialmente en la Comisaría I de Ituzaingó, en la cual en una oportunidad se pretendió "revisarnos" antes de ver a nuestros detenidos. El dictamen del Colegio fue favorable, sin embargo, hasta el momento no hemos vuelto a ser citados.

7).- Con la colaboración de los familiares, se iniciaron asimismo gestiones por ante la Cámara de Diputados de la Nación. Una de las madres se entrevistó con varios diputados, los cuales comprometieron su apoyo. Lo mismo sucedió con los diputados provinciales, Todos los hechos narrados hasta aquí, fueron puestos en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. En los dos casos sin embargo, no se obtuvo una respuesta concreta. Sólo se comprometió la gestión para realizar una investigación parlamentaria. Pero hasta el momento, no se nos ha vuelto a llamar. Se aclara que se enviaron las copias de las causas.

 

 

IV – Formación de un grupo – caracteres

En medio de todas estas acciones, surgió una idea que tuvo favorable acogida entre los familiares de los detenidos, que fue crear una organización capaz de canalizar esta problemática.

La idea surgió en el momento en que dos de nuestros detenidos fueron liberados del Penal de Olmos. A partir de allí, comenzamos a reunirnos en dependencias de A.T.E Gran Morón. En un comienzo, fueron alrededor de cinco o seis familiares a quienes les interesó la idea. El propósito inicial de la formación de esta organización fue dar una especie de marco de contención, puesto que el familiar que se ve ante un problema como el narrado (y ésto se ha evidenciado como una constante) reacciona manifestando terror, miedo, paralización y desconocimiento de qué es lo que debe hacer y a quién recurrir.

Con estas primeras reuniones, comprobamos que los familiares (al tener un problema en común) podían enfrentar la situación de una manera más sana. Aunque parezca sin importancia, los familiares pueden hablar del tema y con el intercambio de opiniones, resulta más fácil darles elementos para que se sientan más seguros y con mayor fortaleza.

Hacia el mes de julio del año 2002, se acercó un grupo de vecinos de la localidad de Merlo Gómez, puesto que uno de los afiliados reside en ese lugar. En realidad, se acercaron porque en ese barrio el vecindario afrontaba un problema muy serio de cortes de luz; puesto que la mayoría de los vecinos no podía solventar los gastos.

A raíz de estos hechos, se iniciaron gestiones administrativas ante Edenor y ante el Ente Regulador de Energía (Enre); sin resultado hasta la actualidad.

Lo que es de destacar es que, a raíz de estas presentaciones, se comenzó a trabajar con la gente de ese barrio y de los barrios aledaños (El Cortijo, Barrio Marina, Pontevedra, San Francisco). El resultado de este trabajo preliminar fue que en el mes de julio de 2002 se realizó una asamblea vecina con la participación de unos sesenta vecinos. En dicha oportunidad se acordó conformar una comisión o grupo que encarara el tema de la seguridad. La mencionada reunión se llevó a cabo a fines de julio de dicho año. La semana siguiente se realizó una segunda asamblea, esta vez con la participación de unos veinticinco asistentes. En el transcurso de la misma, se conformó una comisión para comenzar a encarar el tema. En dicha oportunidad, se discutió el caracter de la organización que se habría de conformar. Algunos padres de jóvenes detenidos y otros que habían sufrido el acoso policial, presentaron la moción de conformar una Comisión de Derechos Humanos. Otro grupo en cambio, propuso formar un equipo que se encargara primigeniamente de estudiar el tema y de ahondar en la problemática penal. Finalmente, se decidió crear una organización que se abocara a estudiar el tema penal, a dar respuestas a los afectados, en el convencimiento y creencia que el único error que no podía cometerse era el error de ignorancia. Y que una organización puramente reivindicativa no podía resolver el problema. Además, los organismos de derechos humanos ya existían (Madres de Plaza de Mayo en sus dos líneas, HIJOS – lo mismo -, la CORREPI, el CELS, etc.). En realidad, ninguna de estas instituciones había podido dar respuesta; no obstante que a fines del año 2001, nos habíamos apersonado solicitando ayuda. Ni las gestiones con los diputados y legisladores, ni las denuncias en las comisiones de derechos humanos habían dado ninguna solución. Por lo tanto, se creía que la solución de fondo estribaba en encontrar una respuesta a través de la organización de los vecinos y de los jóvenes que sufrían esta verdadera persecución.

Fue en esa inteligencia que se comenzó con la organización de grupos de estudio que abordaran la problemática. Se reunió un grupo de vecinos y con la comisión formada que se decidió a tomar el teme en sus manos, se desarrollan hasta la actualidad cursos de asesoramiento y de conocimiento sobre el tema penal.

Por tal motivo, los días sábados por la mañana se dictan los siguientes temas:

1).- Derecho Penal y Procesal Penal.

2).- Historia Argentina.

3).- Economía Política.

Se aclara que la inclusión de Historia Argentina se debió a la intervención de unos jóvenes vecinos del barrio que estudian en la Facultad de Ciencias Sociales y fueron ellos los que nos acercaron tanto el programa a ser desarrollado como el material de estudio. A la fecha de la presentación de este Informe; se ha llegado ha abordar hasta la Revolución de Mayo; abarcando el período histórico que arranca desde la formación de España como Estado hasta la conquista y colonización de América.

Paralelamente a esto, y a medida que se avanzaba en el estudio del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal; se vio la necesidad de explicar en términos de economía política nuestra actual realidad socio – política. Por dicho motivo, se estudian actualmente temas de Economía Política.

En cuanto a la concurrencia a estos cursos semanales, hasta la actualidad existen un total de unos dieciséis participantes; si bien no de modo constante. Sin embargo, como síntesis, puede decirse que se advierte un verdadero interés no sólo en estudiar la problemática; sino en que se está despertando un grado importante de conciencia en cuanto a temas tales como: gatillo fácil, represión policial, abuso de poder, libertades individuales, etc.

Estas reuniones han tenido eco en la comunidad. Se realizaron (paralelamente a todo lo descripto); reuniones con la comunidad educativa. Tuvimos varias entrevistas con docentes de la zona de dos establecimientos escolares con el propósito de llevar esta problemática al seno de dichos lugares por el problema que se vive a diario con las drogas y con el accionar policial.

 

 

V - Conclusiones:

Como síntesis de todo el desarrollo de las acciones desplegadas hasta aquí; sólo resta indicar que las perspectivas que se abren de trabajo en el seno de la clase obrera a nuestro entender, son realmente propicias.

Es nuestro propósito e interés concretar la formación de organizaciones de base que puedan dar respuesta a los temas aquí abordados en la profunda convicción de que sólo el accionar organizado de la clase obrera puede ir resolviendo los problemas. Este es el desafío que se nos presenta como asesores jurídicos de una Central de Trabajadores. En nuestra opinión, una de las responsabilidades fundamentales del momento es hacer llegar nuestros conocimientos a nuestro pueblo, por cuanto existe un sólo error en el que no podemos caer, el de ignorancia. Y precisamente por ignorancia es la clase trabajadora la que hasta la actualidad, no ha podido dar una respuesta para salir de la crisis.