Argentina: una situación de grave crisis
La situación general de Argentina se caracteriza por una grave crisis económica y política. Más de quince millones de habitantes sumidos en la miseria, cierre de fábricas, de comercios, una inflación que ronda el seis por ciento mensual, una devaluación de la moneda del cuarenta por ciento. Miles durmiendo en las calles. La mayoría de los asalariados trabajando sin cobertura social ni prestación alguna.
Hace unas horas la joven Cynthia Choque, madre de dos hijos, murió atropellada mientras realizaba un control de tránsito. Fue entonces cuando la opinión pública se enteró que más de diez empleados de ese mismo sector carecen de toda protección médica ni cobertura de seguro, trabajando como si fuesen cuentapropistas. Esto en Buenos Aires, la ciudad más rica del país.
Hace unas horas, también, el joven Daniel Ruiz, detenido ilegalmente por participar de una protesta hace un año, ha debido comenzar una huelga de hambre porque el tribunal correspondiente no resuelve su pedido de libertad, derecho que le corresponde legalmente.
Hace apenas dos días, la Cámara de Apelaciones dio la razón a la familia de Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció en un río patagónico, luego de una represión de gendarmería. Un juez había cerrado arbitrariamente la causa. Ahora se ordenó la investigación sobre las verdaderas causas de su muerte y determinar quiénes son los responsables. Durante dos años la ministra de Seguridad Bullrich hostigó a la familia Maldonado, afirmando que no había delito alguno. Lo mismo dijo luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel , muerto de un tiro por la espalda por un gendarme. Lo mismo dijo en cada caso de gatillo fácil. Cientos de jóvenes asesinados en supuestos "enfrentamientos" o "resistencias".
Los trabajadores desocupados protagonizaron la semana pasada el mayor acampe en la historia de la ciudad, donde cuarenta mil personas exigieron un aumento de emergencia en los planes sociales para no morir de hambre, literalmente. El gobierno no hizo lugar a sus reclamos. Reprimió a los trabajadores, con balas de goma. Y aún así no pudo expulsarlos de la zona, donde permanecieron por 48 horas.
El presidente Macri firmó un decreto por el cual autoriza a los acreedores bancarios a cobrarse las deudas colosales que su gobierno contrajo, quedándose directamente con los yacimientos petroleros, la minería y las tierras cultivables del Estado. Esto no fue votado por el Congreso. No sólo es ilegal, sino la labor consciente de un grupo de gobernantes desesperados que está liquidando los recursos generales y el exhausto nivel de vida de los habitantes.
Lejos de buscar soluciones, el gobierno ha entrado en una fase de caída libre en la que se propone arrastrar al conjunto de la sociedad.
Las libertades democráticas están en el centro de esta catástrofe. La policía ha matado, como expusimos, a cientos de jóvenes en los últimos tres años. El presidente en persona felicitó a uno de ellos (Chocobar) por haber matado por la espalda a un pequeño ladrón desarmado. Es esta una política consciente de impunidad represiva.
La población no da más. No hay propuestas. La oposición espera a las próximas elecciones.
Pero la situación requiere medidas urgentes. No decretos de concesión ilegales ni ataques embozados o abiertos a las libertades públicas.
La miseria y la desnutrición están a la orden del día. La ceguera del gobierno es total.
Los maestros de la provincia de Chubut hace cuatro meses que no cobran su salario. El gobierno da respuesta. Lo mismo ocurre en el sector de la salud. Los maestros salieron a manifestar pacíficamente y fue entonces cuando grupos de civiles armados que responden a las patronales del petróleo, salieron a atacarlos, golpeándolos salvajemente, ante la mirada cómplice del gobernador. Ni un juez ni un fiscal investigan este grave hecho delictivo en esa provincia.
Numerosas personas, como el caso mencionado del obrero Daniel Ruiz, siguen detenidas, a pesar del derecho constitucional a esperar un eventual juicio en libertad. Es el caso también de la dirigente social Milagro Salas, de Jujuy, un feudo del gobernador Morales donde su principal preocupación ha sido cerrar los comedores y piscinas de recreo de los sectores más necesitados, en nombre de la " moralidad" y el "orden".
Este es el orden y la moral que imperan actualmente en Argentina.
La Justicia es parte de esta situación. Varios juzgados federales vienen actuando contra las más elementales garantías procesales. Se utilizan testigos comprobadamente falsos, se deniega el derecho de libertad mientras se investigue, como forma de coacción. Esto ha sido puesto a la luz, con pruebas fehacientes.
El gobierno, sin embargo, insiste en utilizar estos mecanismos fraudulentos.
Lo mismo ocurre con la deuda pública, contraída para favorecer la fuga de divisas de bancos y sectores vinculados al gobierno. La colosal deuda externa, auspiciada con apoyo del FMI, es impagable.
La Argentina está en default. Insistir en pagar, como afirman el gobierno y el establishment financiero, es un llamado a aplicar una salida represiva, contraria a las más elementales libertades. Esto lo que ya viene ocurriendo ante cada manifestación de protesta y reclamo.
En resumen. Un colosal desorden, en un país endeudado sin que ello fuera necesario, y donde cada día aumenta la masa de los sectores pauperizados. El CAJ, integrante del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y miembro de la FIDH, llama al conjunto de las organizaciones de derechos humanos a actuar conjuntamente para denunciar concretamente cada uno de estos hechos, particularmente ante la comunidad internacional, para que se perciba el trasfondo de la gravedad de la crisis.
Consideramos, en este sentido primordial, la exigencia del cese de la impunidad represiva y el debido proceso por las muertes de Maldonado, Nahuel y los casos de gatillo fácil.
Argentina ha ingresado en un momento de definiciones en materia de sus libertades.
Por el CAJ
Horacio R. González. Juan Carlos Capurro.
( Pronunciamiento votado por el plenario del CAJ del 17 de septiembre de 2019)
