Comentario a fallo Fontevecchia

El caso “Fontevecchia”.

En febrero de este año, la Corte Suprema se expidió en el caso “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso `Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina´por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Se trata de un caso en el cual, en 2001, la CSJN había confirmado la sentencia civil que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Carlos Menem contra Editorial Perfil S.A., Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, por publicaciones periodísticas de éstos que habrían afectado el derecho a la intimidad del ex presidente.

Los demandados acudieron al sistema interamericano de protección de derechos humanos, planteando que la sentencia de la CSJN había vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13 CADH).

En 2011 se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando que el Estado argentino había violado tales derechos, por lo que dispuso diversas medidas a cargo del Estado: dejar sin efecto la sentencia civil condenatoria, publicar la sentencia de la Corte IDH y entregar las sumas de dinero allí fijadas.

En cuanto a las dos últimas medidas, se cumplieron sin mayores porblemas. Pero la controversia se planteó respecto de la primera: la CSJN se opuso a dejar sin efecto su sentencia firme anterior.

Uno de los argumentos centrales de la CSJN fue que, si bien las sentencias de la Corte IDH, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino, son de cumplimiento obligatorio para éste (art. 68.1 CADH), ello alcanza solamente a aquellos pronuncimientos dictados dentro de las “potestades remediales” del tribunal internacional. Es decir, en tanto éste no se exceda de sus facultades.

Eso es lo que, a juicio de la CSJN, sucedió en el caso, ya que en razón de la naturaleza subsidiaria y complementaria del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la Corte IDH no constituye una “cuarta instancia” que revisa o anula decisiones jurisdiccionales nacionales.

Para sostener tal argumentación, la CSJN recurre al supuesto criterio de otros órganos de protección regionales, puntualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del cual afirma que abrazó enfáticamente la comprensión del rol de los tribunales internacionales de derechos humanos como actores subsidiarios, con sus doctrinas del “margen de apreciación nacional” y de la “cuarta instancia”.

De tal afirmación, la CSJN extrae como consecuencia el criterio que aplicaal caso, según el cual, al ordenar dejar sin efecto –o revocar– una sentencia firme y pasada en cosa juzgada de ésta, la Corte IDH se erige en los hechos en una instancia judicial superior, contrariando los principios estructurantes del sistema interamericano y las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ingresar al mismo.

Asimismo, y lo que resulta más determinante, entiende el Alto Tribunal nacional que no puede reconocérsele a la Corte IDH la facultad de dejar sin efecto o revocar una sentencia firme de la CSJN pasada en cosa juzgada, ya que se estaría contrariando la “esfera de reserva soberana” –expresión del “margen de apreciación nacional”– consagrada por el constituyente en el art. 27 de la CN, delimitada por los principios de derecho público establecidos en la propia Constitución Nacional, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad, entre los que surge incontestable el carácter de la CSJN como órgano supremo y cabeza del poder judicial (conf. Art. 108 CN).

Un claro retroceso.

Dicho criterio resulta un claro retroceso en materia de derechos humanos, en cuanto a la vigencia de los tratados que los tutelan y la aplicabilidad de las decisones de sus órganos de aplicación, en relación a la línea jurisprudencial de la CSJN conforme su evolución en los últimos 25 años.

Inversamente, tal criterio se acerca a lo que sostuvo históricamente la doctrina mayoritaria en nuestro país y la jurisprudencia de la CSJN –previo a la reforma de 1994–, según el cual la vigencia de los tratados internacionales debía ser siempre supeditado a un cierto “escrutinio previo de conformidad” con la CN, conforme lo dispuesto en el art. 27 de la Constitución 1853-60.

Ello comenzó a cambiar en la jurisprudencia de la CSJN incluso antes de la reforma de 1994, con el fallo “Ekmekdjian c. Sofovich”, en el cual se estableció la preeminencia de las obligaciones internacionales asumidas en virtud de la ratificación de un tratado.

Una vez producida la reforma constitucional, en “Giroldi” señaló la CSJN que la jerarquía constitucional de la CADH fue establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (art. 75 inc. 22), lo cual debía interpretarse, tal como la Convención rige efectivamente en el ámbito internacional, conforme la aplicación jurisprudencial por los tribuanles internacionales competentes para ello. Así, la CSJN expone que nuestro país aceptó la jurisdicción de la Corte IDH, y se considera a sí misma obligada a su observancia en la medida de su competencia, al igual que los otros poderes del Estado, con riesgo de responsabilidad internacional del Estado en caso contrario.

Luego, en “Arancibia Clavel”, la CSJN avanza un paso más en la explicitación de su doctrina en la materia, asignando valor obligatorio a la jurisprudencia de la Corte IDH, la reputa como “derecho aplicable”, por lo que dispone que resulta un deber para el Estado –incluida la CSJN– su cumplimiento. Aquí se va a reseñar, en particular, la obligación del Estado argentino de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, emanada de la doctrina de la Corte IDH en “Velázquez Rodríguez” y “Barrios Altos”.

Lo propio ocurre en “Simón”, donde la CSJN vuelve a recurrir a la jurisprudencia de la Corte IDH –“Barrios Altos”– , cuya traslación al caso argentino entiende imperativa, de lo cual deduce obligaciones del Estado argentino que no le permiten consagrar la impunidad para los delitos de lesa humanidad, alcanzada mediante las leyes de punto final y obedienbcia debida, las que entonces declara inconstitucionales.

En sentido inverso a la evolución reseñada, lo resuelto en “Fontevecchia” retrocede el camino recorrido en las últimas dos décadas por la propia CSJN, en una interpretación de la CN y del derecho internacional delos derechos humanos que puede, al menos, cuestionarse.

Críticas al fallo.

Debe señalarse –en línea con lo resuelto por el voto en minoría del Ministro Maqueda– que, a partir de la reforma constitucional de 1994, y conforme lo dispuesto en el art. 75 inc 22 CN, las sentencias de la Corte IDH dictadas en casos ajenos a la Argentina constituyen una imprecsindible guía de interpretación de la norma convencional; y aquellas pronunciadas en causas en las que el Estado argentino es parte, deben ser cumplidas por todos los poderes públicos nacionales, resultando en consecuencia de cumplimiento obligatorio también para la CSJN, todo ello conforme lo previsto en el art. 68.1 CADH.

Resulta clara e indiscutible la obligación del Estado argentino al respecto, emergente de la norma referida (art. 68.1 CADH) y del principio básico del derecho que dispone que los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda), conforme lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 31), no pudiendo alegarse razones de orden interno para abstraerse del cumplimiento de la norma convencional (art. 27 de la Convención), bajo apercibimiento de incurrirse en responsabilidad internacional.

Concretamente, con la reforma constitucional de 1994 y, particularmente, la inclusión del actual art. 75 inc 22 CN, se estableció un nuevo orden normativo, en el cual se reconoce supremacía a los tratados en general respecto de las leyes, y en particular se otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos allí enumerados.

En virtud de ello, se amplía la cima de la pirámide normativa a un “bloque de constitucionalidad”, conformado por la propia CN y por los tratados de derechos humanos a ésta incorporados. Es decir, el constituyente puso en un mismo nivel las normas constitucionales propiamente dichas con las de tales instrumentos internacionales, consagrando una verdadera igualdad material entre éstas.

Es por ello que el criterio de la CSJN en “Fontevecchia”,por el cual se plantea la supeditación, adecuación o conformidad de los tratados de derechos humanos enumerados en el art. 75 inc. 22 CN –en el caso, la CADH– “con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”, en aplicación del art. 27 CN, no hace más que desconocer, en los hechos, la jerarquía constitucional de tales instrumentos, estableciendo en todo caso “dos niveles de constitucionalidad” –uno superior al otro–, lo cual se aparta abiertamente de lo dispuesto por el constituyente de 1994, que no previó tal diferenciación.

Asimismo, el carácter subsidiario del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que la CSJN invoca para justificar la preeminencia de sus decisiones por sobre las de la Corte IDH, no se encuentra en absoluto controvertido, aunque sí la interpretación de tal naturaleza.

En efecto, al igual que todos los órganos de aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, la Corte IDH exige como requisito indispensable para habilitar su competencia el haber agotado los recursos de jurisdicción interna (art. 61 en función del art. 46, CADH). Ello da muestra cabal de la subsidiariedad del sistema.

Si se trata de un asunto dirimido judicialmente, que ha llegado hasta la última instancia nacional, ello implica –o puede implicar– que haya existido un pronunciamiento de la CSJN, que una vez firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, puede ser materia de objeción por ante la CIDH y luego la Corte IDH, si es que se alega y prueba que mediante el mismo se afectaron derechos tutelados en la CADH.

En tal caso, de recaer sentencia de la Corte IDH por la cual se declare que, mediante la resolución judicial firme de la CSJN, se han vulnerado derechos humanos consagrados en la Convención, podrá ordenarse que se deje sin efecto la misma. Así, no se ve en absoluto desvirtuada la naturaleza subsidiaria de tal intervención. Por el contrario, ésta se ve afirmada.

Allí radica otro de los saltos lógicos en que incurre la CSJN en “Fontevecchia”, que veda la facultad de la Corte IDH de ordenar se deje sin efecto una sentencia firme de la Corte, supuestamente por arrogarse facultades que exceden la subsidiariedad que caracteriza al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuando lo que en realidad está haciendo la CSJN, por esa vía, es negar la jurisdicción de la Corte IDH, y con ello, la jerarquía constitucional de la CADH que la establece.

Últimas reflexiones.

Es probable que sea más fácil, menos problemático, acatar una sentencia de la Corte IDH que resuelva sobre los derechos humanos violentados por un Estado parte mediante una detención ilegal, la aplicación de tormentos o, incluso, la vigencia de alguna norma que contraría garantías tuteladas por la CADH.

Parece, en cambio, más controvertido e incómodo –y este caso así lo revela– cuando la intervención del tribunal internacional señala como violatoria de derechos humanos a una sentencia judicial, más aún si se trata de una resolución firme del máximo órgano jurisdiccional nacional, con calidad de cosa juzgada.

Sin embargo, entiendo que no se debe perder de vista que la competencia de la Corte IDH se ciñe a casos de violaciones de derechos humanos consagrados en la CADH por parte de los Estados parte, ya sea por acción u omisión de cualquiera de sus poderes públicos, razón por la cual no cabe hacer distinciones en cuanto al origen de la afectación –sea un acto del PEN, una norma del Poder Legislativo o una sentencia judicial, incluso de la CSJN–, ni limitar por ello el alcance de las decisiones del tribunal regional.

En tal sentido, el argumento “soberanista” queplantea la mayoría de la CSJN en Fontevecchia para desoír la manda de la Corte interamericana de dejar sin efecto una sentencia violatoria de derechos humanos, podría ser, llegado el caso, esgrimido también por el Poder Ejecutivo y el Legislativo para oponerse a la adecuación de sus actos conforme al derecho internacional y a las resoluciones de los órganos de protección, lo cual nos acercaría peligrosamente a un virtual “congelamiento” de la vigencia en nuestro país de la CADH en particular y del resto de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional en general.