Segundo comunicado del CAJ ante la muerte de Mariano Ferreyra.
Acaba de finalizar la marcha por el asesinato del joven Mariano Ferreyra. Más de cien mil personas se han congregado en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, desde el norte hasta la Patagonia. Se ha pedido Justicia; que el crimen no quede impune y que los responsables, los materiales y también los que lo planificaron, sean llevados ante la Justicia.
A casi cuarenta y ocho horas del crimen, mientras otra víctima, Elsa Rodríguez, de 61 años, se debate en un hospital entre la vida y la muerte, no hay un solo detenido por el crimen. Hemos visto por televisión las filmaciones del momento en que el grupo de atacantes de la Unión Ferroviaria comienza a correr contra los trabajadores. Los testigos y las fotos demuestran que la policía federal se retiró del lugar, minutos antes de que se comenzase a disparar contra los manifestantes, tal como se pudo comprobar ayer en el programa televisivo de Nelson Castro. Se ha comprobado que los trabajadores se iban caminando hacia la avenida Vélez Zarsfield, volviendo a sus casas, cuando fueron atacados por la espalda por los miembros de la Unión Ferroviaria. Se ha probado ante la Justicia que el hijo de secretario de Transporte, Daniel Luna, estaba entre los que dirigieron a los atacantes. El dirigente de la Unión Ferroviaria, Pedraza, reconoció ante la prensa - antes de saber que había un muerto- que miembros de su sindicato participaron del ataque.
Sin embargo, a pesar de todas las pruebas, no hay detenidos.
La Justicia debe actuar con toda energía, y, con las pruebas existentes, detener a los autores del crimen. Es necesario para la salud de las libertades democráticas en Argentina. Cada hora que pasa es un eslabón más de una pesada cadena de impunidad. Deben ser llevados ante la Justicia, también, los miembros y jefes de la policía federal, para que den cuenta de su conducta de haberse ido del lugar cuando era notorio que se iba a producir un ataque contra los trabajadores, por parte de un grupo más numeroso y fuertemente sospechoso, que el de aquellos que caminaban pacíficamente hacia sus casas, como se ve en todas las filmaciones y las fotos.
Al finalizar la marcha, el gobierno ha llamado a una reunión en el Ministerio de Trabajo para otorgarles a los trabajadores atacados respuesta a su reclamo. Según las informaciones que vemos en este momento, plena madrugada de Buenos Aires, se estaría concediendo a los trabajadores ferroviarios su pedido de ser pasados a planta permanente, es decir, de ser efectivizados como trabajadores normales en sus puestos; también se estaría reincorporando a mas de cien despedidos. Ese era el reclamo por el cual los trabajadores habían realizado una marcha de protesta, al finalizar la cual fueron atacados por la patota de la Unión Ferroviaria y baleados a mansalva.
Veinticuatro horas antes. Eso es todo lo que hubiese sido necesario. Veinticuatro horas antes, el gobierno pudo haber llamado a esta reunión, dialogar con los trabajadores y haber evitado así la marcha por su reclamo y el ataque cobarde de la patota que culminó con la muerte de un joven de 23 años, un obrero tornero, estudiante del CBC de la Universidad de Buenos Aires, que tenía toda una vida por delante. Veinticuatro horas antes significaban para el gobierno no apoyar a sus aliados, los sindicalistas empresarios que ganan fortunas teniendo despedidos o tercerizados a los trabajadores. En esas horas cruciales se fue una vida. Ahora se concede el legítimo reclamo, a un costo humano enorme.
Ante lo sucedido, el gobierno debe demostrar, en los hechos, que no queda en meras palabras. Se ha dado marcha atrás y se concedió lo legítimamente reclamado por los trabajadores. Pero los responsables del crimen, todos, deben ser -ya mismo- llevados ante la Justicia.
COMITÉ DE ACCIÓN JURÍDICA (CAJ)
miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
22 de octubre de 2010. 3 horas 40 minutos a.m.
