La FIDH repudia la ley del Estado de Arizona/EEUU que vulnera aún más los derechos humanos de los migrantes y pide al gobierno de Obama hacer lo necesario para su derogación*
La FIDH y sus organizaciones en las Américas expresan su enérgico rechazo a la ley SB1070 (llamada Ley Arizona) aprobada por las autoridades del Estado de Arizona, EEUU e instan al gobierno del Presidente Barack Obama a interceder para evitar que esta ley entre en vigor el próximo mes de agosto.
La ley criminaliza al migrante indocumentado, lo cual resulta inaceptable y contrario a los estándares internacionales. La FIDH y sus organizaciones reconocen el derecho de los Estados a regular la migración misma. Sin embargo, convertir el fenómeno de la migración en un delito va contra de las normas internacionales de derechos humanos, incluida las normas internacionales sobre migración.
La FIDH repudia además que esta ley establece un método altamente discriminatorio y racista para su aplicación, ya que faculta a la policía para detener a las personas e interrogarlas sobre su estatus si las consideran “sospechosas” de ser migrantes irregulares. Se está vulnerando el principio penal esencial que es la presunción de inocencia. Suponiendo que esa persona « sospechosa » no haya atravesado la frontera de modo irregular, habrá sido injustamente detenida (asimismo habrá que examinar de cerca en qué condiciones se realiza dicha detención y qué garantías de respeto a los derechos humanos se ofrecen durante la misma). Podemos prever que de esta detención arbitraria, en base a un poder discrecional que la ley atribuye a los agentes de policía, se derivarán sin la menor duda mayores vulneraciones de derechos humanos.
La FIDH recuerda las conclusiones y recomendaciones resultado de la misión de observación que realizó del 25 de febrero al 13 de marzo de 2007 en la frontera entre Estados Unidos y México. La FIDH reclamó que tanto en México, como en Estados Unidos se iniciara una reforma profunda de la legislación sobre la migración que descriminalizara a los migrantes en situación administrativa irregular. Denunciaba también la impunidad de los actos de corrupción y de violencia en contra de los migrantes indocumentados, y reivindicaba que estos no fueran detenidos sistemáticamente, creándose a su vez un derecho efectivo de apelación de las decisiones de deportación. La FIDH constata con tristeza el caso omiso que se ha hecho a estas recomendaciones.
Adicionalmente la FIDH hace eco de las declaraciones de la CIDH en la que manifiestan « su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley » así como « preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados ».
La FIDH condena decididamente la ley SB1070 (Ley Arizona) y urge una rápida intervención por parte de las autoridades competentes para evitar su entrada en vigor, y con ello todas las violaciones de derechos que se derivarán de dicha ley.
La FIDH recoge con satisfacción el repudio generalizado que las autoridades mexicanas han expresado frente a esta ley, esperando que más allá de las declaraciones tomen medidas eficaces para proteger a sus migrantes en el exterior.
Al tiempo la FIDH recuerda al gobierno mexicano sus propias obligaciones de respetar los derechos de las personas migrantes en su propio territorio. En particular demandamos a las autoridades mexicanas desmantelar lo antes posible las organizaciones criminales, que contando con la complicidad de funcionarios públicos, han creado unas redes de secuestros, extorsión, torturas y asesinatos de migrantes que intentan pasar sus fronteras hacia los EEUU.
La FIDH recuerda que el costo económico del conjunto de las infraestructuras y de las operaciones de represión y de control de las fronteras es colosal, y que ese dinero podría ser invertido en proyectos de desarrollo.
La FIDH insiste en que es responsabilidad de los gobernantes sacar el tema de las migraciones del ámbito del miedo y de la seguridad, para ubicarlo en el del desarrollo y los derechos humanos.
La FIDH insta a la comunidad internacional a no permanecer impasible ante la aprobación de leyes que vulneran la presunción de inocencia y los derechos de los migrantes.
* Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
* Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) GUATEMALA
* Centro de estudios legales y sociales (CELS) ARGENTINA
* Center for Constitutional Rights (CCR) EEUU
* Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) NICARAGUA
* Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
* Liga argentina por los derechos del hombre (LADH) ARGENTINA
* Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH) BOLIVIA
* Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) PERÚ
* Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) ECUADOR
* Comité de Acción Jurídica (CAJ) ARGENTINA
* Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) PERÚ
* Ligue des droits et libertés (LDL) CANADÁ
* Centro de Capacitación Social (CCS) PANAMÁ
