La FIDH respalda la querella contra los crímenes del franquismo en
Argentina*
París, Buenos Aires, 26 de abril de 2010 - La Federación Internacional
de los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones afiliadas en
Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) ,el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción
Jurídica (CAJ), respaldan la querella presentada contra los crímenes
impunes de la dictadura franquista en España.
La causa ha recaído en el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, a
cargo de la jueza Maria Romilda Servini de Cubría y se realiza sobre la
presentación de los testimonios de dos familias de víctimas del
franquismo, residentes en la Argentina. Se trata de Dario Rivas (90
años), hijo de Severino Rivas, quien fue ejecutado cuando era alcalde en
la localidad gallega de Castro de Rei en Lugo, víctima directa de los
hechos y de Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado,
fusilado al iniciarse la guerra civil en 1936 cuando también era alcalde
y diputado provincial en Salamanca.
La querella, de la que forman parte las tres organizaciones miembro de
la FIDH, aplica el principio de jurisdicción universal contenido en el
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, que hace
parte de la misma los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, suscriptos históricamente por el Estado argentino. Se basa, a
su vez, en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina,
que recoge el principio del derecho de gentes, contenido en la
Constitución argentina desde 1853, entre ella el reconocido caso
Priebke, de extradición del responsable nazi de la matanza de las fosas
ardeatinas en Italia. Según este principio, el Estado puede- y
debe-resolver y juzgar crímenes aberrantes aún cuando no hayan sido
cometidos en su territorio, si los mismos permanecen impunes.
La querella se promueve ante los signos inequívocos de declinación de
competencia para juzgar estos crímenes por parte del Estado español. En
efecto, el único juez que ha intentado hacer cumplir las obligaciones
internacionales del Estado español en la materia, el Sr. Baltasar
Garzón, se ve hoy perseguido judicialmente al intentar satisfacer los
derechos de las víctimas. Este extremo constituye declinación expresa
del Estado español a ejercer jurisdicción propia sobre los crímenes
contra la humanidad cometidos en su territorio, que son, por imperio de
los mismos tratados internacionales suscriptos por el Estado español,
así como por el propio derecho de gentes, imprescriptibles e inamnistiables.
Las tres organizaciones querellantes pertenecientes a la FIDH, el CELS,
la LADH y el CAJ a través de sus presidentes, Graciela Rosemblum,
Horacio Verbistky y Juan Carlos Capurro, acompañan a los restantes
querellantes, entre los que se cuentan las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo- Linea Fundadora, y el Serpaj, que preside el Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel. Juan Carlos Capurro, a su vez, vicepresidente de
la FIDH ha reiterado su apoyo a la querella para contribuir a que las
víctimas de la dictadura franquista encuentren el eco imprescindible de
la justicia que les ha sido negado en su país al tiempo que reclama que
se investigue a los responsables en España del delito denegación de
justicia frente a crímenes de carácter internacional perpetrados por el
régimen franquista.
