La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) repudia
firmemente el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida-desaparecida,
testigo en el juicio contra el ex juez Brusa e impulsora de la causa en
la cual se investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter,
secuestrado el 25 de enero de 1977.
Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en el interior del
negocio que tenía en el centro de la ciudad de Rafaela, Argentina.
Recibió doce puñaladas que acabaron con su vida. Cabe señalar que en el
proceso sobre la desaparición del Sr. Hammeter dos de los cuatro
imputados residen en la ciudad de Rafaela.
La policía argentina baraja la hipótesis del robo, al faltar el dinero
de la caja registradora y algunas mercancías. Sin embargo, según la
abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, no alberga ninguna duda de que
ha sido asesinada por su calidad de testigo, según declara “por su
calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de
Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía
con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia,
como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se
puede investigar como un robo”.
La FIDH no tiene datos suficientes para posicionarse a favor de la
hipótesis del asesinato de Silvia por su calidad de testigo. Aún así, e
independientemente de que no haya sido éste el móvil del crimen, la FIDH
denuncia la insuficiencia de mecanismos de protección de víctimas y
testigos en los casos judiciales existentes en Argentina relacionados
con crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En
efecto, si bien Silvia Suppo no se encontraba acogida al programa de
protección de testigos, la responsabilidad de su protección figuraba
objetivamente entre las obligaciones contraídas por el Estado argentino
en defensa de los testigos en causas por razón de los crímenes cometidos
durante la dictadura, por lo que su muerte se produce en un contexto de
indefensión derivado de esa circunstancias.
Este asesinato viene añadirse a la desaparición, en el 2006, de Julio
López, ex detenido desaparecido, también testigo clave en una de las
mayores causas de la dictadura, que sigue sin ser resuelta.
La FIDH condena la falta de protección adecuada para los testigos y
declarantes. Recuerda además que crímenes como el acontecido siembran el
terror colectivo y perjudican gravemente las causas abiertas contra los
responsables de violaciones graves a los derechos humanos. La FIDH teme
repercusiones negativas en testigos y declarantes de otros juicios en
defensa de los derechos humanos, que bajo miedo y presión, podrían
inhibirse de hacer las declaraciones en la forma objetiva y exhaustiva
que sería pertinente a dichos procesos.
La FIDH urge a las autoridades argentinas a arbitrar todos los medios en
ejercicio de su autoridad para que se esclarecen las circunstancias y
los motivos del asesinato de Silvia Suppo y que sus responsables sean
sancionados.
La FIDH reitera su solicitud, formulada en su informe publicado en marzo
del 2009, de que se garantice de forma efectiva y con todos los
medios necesarios la seguridad e integridad personal de víctimas,
testigos, imputados o acusados, jueces, fiscales y funcionarios
judiciales, militantes y abogados de organismos de derechos humanos que
operen en los juicios por los crímenes contra la humanidad. En caso de
que las víctimas o los testigos no quieran acogerse al Programa Nacional
de Protección de Testigos e Imputados, por considerarlo insuficiente, el
Estado debe ofrecer alternativas de protección que sean eficientes.
Finalmente, la FIDH solicita a las autoridades argentinas que tomen
todas las medidas necesarias para que los juicios se
desarrollen con mayor celeridad, para cumplir con el derecho de las
víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, junto con una
garantía de no repetición de estos crímenes.
Contacto de prensa:
Juan Carlos Capurro, vice-presidente de la FIDH, 00336 27 09 96 46
