Derechos Humanos: Entrevista a Carlos Slepoy,
abogado querellante en España en los juicios a los represores argentinos:
"hay que hacer un nuremberg argentino"
CARLOS SLEPOY ES ABOGADO Y PASÓ COMO DETENIDO POR LA ESCUELA DE MECÁNICA DE LA
ARMADA Y OTROS SITIOS CLANDESTINOS O "LEGALES" DEL ESTADO TERRORISTA. RECIENTEMENTE
VISITÓ LA ARGENTINA, SU PAÍS, DEL QUE TUVO QUE EXILIARSE EN LOS AÑOS DE PLOMO. HOY,
A UNO Y OTRO LADO DEL ATLÁNTICO INSISTE EN QUE "LOS MILITARES Y LOS CIVILES INVOLUCRADOS
EN EL GENOCIDIO DEBEN IR PRESOS. NO POR UN PROBLEMA DE MORTIFICACIÓN, SINO PORQUE EL
DERECHO PENAL TIENE COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EL DESARROLLAR VALORES SOCIALES. Y UNO
DE ELLOS, EL ESENCIAL, ES EL DE LA JUSTICIA".
–¿Cómo evalúa la puja entre justicia e impunidad que desde hace décadas se libra en la Argentina?
–Se han logrado cosas muy importantes: la anulación de las leyes de punto final y
obediencia debida es un éxito histórico de los luchadores, y el Gobierno ha hecho
muy bien en promoverlos. Pero ahí, entre otras, hay dos interpretaciones posibles:
¿el Gobierno está actuando por convicción o por conveniencia? Podría decir que a
Kirchner no se le conoce un solo movimiento por los derechos humanos antes de asumir
la presidencia del país. ¿Por qué hoy tiene tanta vocación por los derechos humanos?
Y ahí puedo sacar conclusiones: hoy los derechos humanos rentan políticamente, por
lo tanto se sube a ese caballo. Esa la interpretación más desfavorable para Kirchner.
La otra, la favorable, es que encontró su oportunidad histórica para expresar lo que
nunca pudo. No lo sé, el tema es complejo, lo que se ha conseguido hasta ahora es muy
valioso, mas creo que en lo esencial, y con toda la importancia que tiene, se relaciona
más con lo simbólico que con lo efectivo. Simbólico importante, porque se ha terminado
con esta idea de los dos demonios, por ejemplo, y en este sentido veo esta etapa como
un triunfo de esta lucha por los derechos humanos de la sociedad argentina.
–¿Qué relaciones establece entre los juicios de España a ex represores argentinos y
los que se desarrollan en nuestro país?
–Existe una relación absoluta. El fiscal Castresana lo afirmó claramente una vez que
estuvo acá cuando dijo: "Nosotros estamos prestando la cancha, cuando ustedes tengan
su propia cancha van a celebrar los juicios en su propio país". Los juicios en el
exterior surgen como consecuencia de que no se pudieron celebrar aquí. Y son una
consecuencia general de la lucha contra la impunidad, por lo tanto no son juicios
de extranjeros, son juicios de argentinos que se realizan donde se pueden realizar.
E independientemente de que ahora puede juzgarse a los genocidas en la Argentina,
estos criminales deben ser perseguidos en todos lados. Por ejemplo, Ricardo Miguel
Cavallo, ex represor extraditado desde México a España, está desesperado por venir
a la Argentina, y hay que preguntarse por qué: allá está en la cárcel y no en el
living de su casa. El de España es un gran juicio madre. Alfredo Scilingo, el ex
marino, ya fue condenado y está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal
Supremo tanto por él como por nosotros, que estamos en desacuerdo con algunos
aspectos de la sentencia.
–¿Con qué aspectos del fallo que condenó a Scilingo a 640 años de prisión está en desacuerdo?
–Son varios. Ojo que hablamos de planos jurídicos, porque estamos totalmente
satisfechos con la condena. Sucede que a Scilingo solo se lo condena por tirar 30
personas al mar, por un secuestro y por un caso de tortura, en definitiva, por
aquellos crímenes que él admitió haber cometido. Entonces entra en juego un concepto
muy fuerte y es qué ocurre con los crímenes que se cometen en un centro clandestino
de detención, donde se ocultan las pruebas, se actúa en la clandestinidad y las
víctimas son asesinadas. Nosotros decimos que Scilingo es responsable penalmente
de todos los crímenes cometidos en la Esma en el año que él estuvo ahí, de diciembre
del 76 a diciembre del 77, porque prestó colaboración necesaria para esos crímenes.
–¿Cuál es su visión de los juicios que se sustancian en la Argentina?
–Creo que regresamos al momento inmediatamente anterior al que fueron dictadas las
leyes de punto final y obediencia debida, en el 86 y 87, cuando estaba todo por hacerse.
Las cosas, claro, ahora son distintas. Hay mucha gente procesada como en ese momento,
hay juicios abiertos y hay todo un trecho por caminar. Dependerá de cómo actuemos, de
cómo transitemos ese camino. Aunque ya hay elementos que amenazan con que esto puede
empezar a languidecer, a frustrarse y hay que tomar los resguardos necesarios.
–¿Por ejemplo?
–El de la cárcel efectiva es un tema central, es inconcebible que estos tipos estén en
sus casas o, peor, en establecimientos militares cumpliendo sus penas. Porque salvo
unos poquitos que están entre rejas porque tienen secuestro de niños o violaron el
arresto domiciliario, los demás están en la base naval, en regimientos o en dependencias
de la policía, es decir, custodiados por sus camaradas. El único modo de terminar con
esto es que haya una cárcel real, común, efectiva. Y, por otra parte, habría que hacer
una reforma extraordinaria en la estructura judicial para hacer real el castigo.
–¿Qué propone en tal sentido?
–Existen temas estratégicos, profundos. Yo creo que si los juicios se siguen haciendo tal
cual se hacen, pueden ir por mal rumbo. Hay magistrados que quieren ir adelante, pero
son los menos. En otros hay indiferencia y algunos fueron nombrados por la dictadura.
Por tanto, no sabemos a ciencia cierta cual será el desarrollo real de los procesos
mientras jueces de esta naturaleza tengan las causas en sus manos. Con las Cámaras,
que son los tribunales de apelación, ocurre otro tanto. La Cámara de Casación
permanentemente pone obstáculos. Además, los jueces que están atendiendo este tema
necesitan realizar una profunda investigación, necesitan una multiplicidad de pruebas
y junto con esto están atendiendo 50 asuntos más. Y finalmente, para ver los problemas,
el Estado deja hacer pero no interviene, es decir, el gobierno no está presente
activamente en los procesos judiciales con todo lo que esto implicaría.
–¿Entonces?
–A mi entender, hay que hacer un Nuremberg argentino. La sociedad argentina se ha
ganado ese derecho. Lo digo como figura y como una idea posible de materializar. Un
Nuremberg significa en la conciencia colectiva juzgar a los responsables del genocidio
y hacerlo con tribunales especialmente dedicados a esa tarea. Con jueces y fiscales
liberados de cualquier otra obligación. Podría actuarse con una ley del Congreso que
estableciera una estrategia de juzgamiento. Por ejemplo, así como los militares
dividían en cinco jurisdicciones al país, debería haber cinco tribunales. A la vez,
se podría implementar un mecanismo por el cual todos los jueces que quisieran juzgar
este tema se propusieran al Consejo de la Magistratura y que el Consejo seleccionara
ternas. Es decir, serían los propios jueces con vocación de querer juzgar estos crímenes
quienes lo harían. Es verdad que hay jueces que lograron cosas, pero esto va a ir
lentamente, y no se puede mantener indefinidamente una situación de este tipo. Cuando
decidís juzgar determinados hechos, lo tenés que hacer en su momento, porque pasado el
tiempo puede provocar desinterés. Por otra parte, no es admisible que un Estado que ha
llegado a la conclusión de que hay que juzgar estos crímenes, no sea parte de la causa
y no ponga sus abogados, su personal especializado para hacerse presente junto con los
organismos como querellante. Tengamos en cuenta que en nuestro país existió la decisión
–y se llevó a cabo– de eliminar a un grupo humano, eso es el genocidio, eso es lo que
hicieron los nazis con los judíos, gitanos y comunistas. No puede quedar impune. Salta
a la vista que este es el momento de hacer justicia con todo.
