El presente informe del CAJ abarca uno de los períodos más interesantes y
complejos de la historia argentina de los últimos tiempos. Se trata de un período
signado por las contradicciones, los avances y los retrocesos.
Las contradicciones se evidencian en que, por un lado, el discurso desde el Estado prohija la defensa de los derechos humanos, mientras que, en la práctica cotidiana, diversos estamentos del mismo, los vulneran, o impiden su ejercicio pleno. También, en numerosos e importantes casos, los protegen. Es así como se han
venido produciendo decenas de procesamientos contra dirigentes y luchadores
sociales, al tiempo que ciertos fallos y procesos han culminado con el sobreseimiento y absolución de aquellos que injustamente fueron acusados, por el mero
hecho de ejercer sus derechos.
Otro tanto ocurre con las leyes sociales y laborales, así como los fallos del sector. Lo significativo aquí es la escisión entre los reclamos pecuniarios ante los tribunales, cuya jurisprudencia, en muchos e importantes casos, ha mejorado, y el
tratamiento que reciben los delegados que llevan adelante huelgas, reclamos, cortes de ruta o protestas, que son judicializados. Existe así un divorcio ostensible
entre el ejercicio del derecho individual y colectivo, ante ministerios y tribunales,
que discurre , en términos académicos y judiciales, con relativa normalidad,
mientras, en las calles y las fabricas, los trabajadores, los jubilados o los desocupados son acusados de delitos y llevados a juicio penal, al presentar sus reclamos.
Estos avances y retrocesos, sin embargo, marcan un rumbo de recuperación
de conquistas por parte de la población, sobre la base de la movilización, sea ante los tribunales, el Congreso, las fábricas o las aulas.
En este contexto, la parte oscura de la Argentina -su pasado reciente y también el más remoto- golpea, una vez más, a la puerta. La desaparición del testigo
Julio López, las amenazas a los familiares de desaparecidos, abogados, jueces y testigos, se manifiestan libremente, sin que el Estado individualice a uno solo de los
responsables. Alarma el número de funcionarios de la dictadura que subsisten,
gozando de canonjías académicas, cargos de gobierno y responsabilidad en el aparato de Educación y Seguridad del Estado.
La Argentina que pugna por las libertades, convive con la de la reacción y el
retroceso. Nuestra apreciación es que se deben evaluar ambos aspectos, sin escindir "la marcha de la economía" -que muestra una recaudación de fondos histórica - de la desocupación, los secuestros de testigos, la falta de presupuesto educativo, y la subsistencia de un cuarenta por ciento de habitantes por debajo de la línea de pobreza. Para fortalecer esta perspectiva es también necesario el depuramiento del aparato estatal, apartando de su seno a quienes colaboraron con la dictadura, escollo objetivo y subjetivo al avance de las libertades democráticas.
Estas páginas intentan aportar elementos para ese debate y en favor de la lucha por todos los derechos, sociales, económicos y culturales.
