ARGENTINA.
EL CAJ DENUNCIA EL ACUERDO CON EL FMI COMO VIOLATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1.- El CAJ se ha pronunciado, en su momento, sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad del endeudamiento con el FMI, tomado por el anterior gobierno. Del mismo modo se opone ahora a que el gobierno actual reconozca su validez, rechazando en forma terminante un acuerdo que vulnere los derechos humanos.
En su momento la forma, las condiciones y plazos en que se tomó el crédito dehasta USS 50.000 millones implicó luego del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el FMI en 2018, la implementación de una serie de medidas de austeridad fiscal que incluyeron recortes presupuestarios, entre otras, en el sector salud, con la eliminación incluso del Ministerio; en educación, en ciencia y tecnología y gastos sociales, vulnerando expresos derechos constitucionales y convencionales.
Así los referidos a la necesaria participación del Congreso en empréstitos y operaciones de crédito para “urgencias de la Nación” (art. 4), 75 inc. 4 a la competencia Del Congreso de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” (art. 75 inc,4) y la prohibición de delegación de facultades legislativas en el PE (artículos 4, 75 inc. 4, 75 incisos 22 y 23 y 76 de la Constitución Nacional; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su art. 23 garantiza a todos los ciudadanos “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos y en art. 26 establece el compromiso de los Estados partes, conforme sus artículos 1 y 2, de garantizar, respetar y adoptar medidas para la plena efectividad de los Desca, su progresividad, y la prohibición de retroceso conforme los recursos disponibles.
El crédito otorgado a la Argentina además de exorbitante y contrario a los propios estatutos del FMI, implicó la violación de los derechos civiles, políticos y sociales, económicos, culturales y ambientales de los habitantes. Es por ende nulo, de nulidad absoluta, y debe ser repudiado legalmente, tanto por razones de forma y de fondo: fue tomado por el Poder Ejecutivo , sin intervención del Congreso, vulnerando además los procedimientos administrativos propios del Ejecutivo; pero además se comprometió en forma sustancial la capacidad de autodeterminación de la Nación.
Los desembolsos efectuados por el FMI fueron utilizados por el gobierno anterior para la formación de activos externos a favor del sistema bancario.
El acuerdo que se anuncia por parte del nuevo gobierno con el FMI, significa no solo aceptar la validez de una deuda ilegal e ilegítima, sino también supeditar en el tiempo los derechos humanos al cumplimiento del pago de la misma, comprometiendo el futuro de la población.
A su vez, el actual gobierno durante 2020/2021 realizó pagos al FMI sin cuestionar la legalidad y constitucionalidad de la deuda. Es evidente que la operatoria de la toma del crédito y el tratamiento actual de un posible acuerdo nos muestra que no vivimos en un Estado de Derecho pleno.
En ningún momento se respetaron formas de participación democrática en la toma de decisiones, tampoco hay acceso a la información pública, transparencia en el actuar del gobierno y menos aun rendición de cuentas claras. Todo permanece en secreto.
II.- La posición que se adopte frente al acuerdo, o no, con el FMI para el pago de una deuda odiosa divide las aguas en el país. No se trata de una cuestión secundaria, sino fundamental, en tanto está en juego el futuro y la vida digna de la población.
Su aceptación implica renunciar a ser un país soberano, a ejercer el gobierno autónomo del país y someterse al control del capital financiero como gobierno del mundo. El Estado argentino pasa a ser un instrumento técnico de realización de las políticas del capital global.
Para enfrentarlo se necesita una estrategia democrática, no necesariamente financiera; que con la participación activa de los trabajadores y de todas sus organizaciones políticas, económicas y sociales se movilicen en verdaderas asambleas deliberativas para informar, discutir e intercambiar ideas y acciones que permitan orientar el debate y modificar la relación de fuerzas que permita a la Argentina actuar como país soberano.
Desde su fundación en BW (1944) el FMI ha sido un instrumento de las grandes potencias para reconfigurar a su gusto de las economías nacionales de los países subordinados, en particular de Latinoamérica. Ello a través de sus recomendaciones y mediante condicionalidades asociadas a los créditos otorgados.
Al inicio de 2020 las deudas soberanas alcanzaron a un PBI mundial, y la deuda mundial con la pandemia no ha dejado de crecer en la mayoría de los países.
Muchos de ellos, sometidos a las políticas de endeudamiento permanente se les presenta la opción de cómo conciliar el pago de deudas cada vez mayores con el respeto y garantía de los derechos humanos, todo en contextos de extrema desigualdad y pobreza.
Es importante no perder de vista que las políticas promovidas por el FMI tienen efectos negativos sobre el conjunto de los derechos humanos, en particular respecto de los DESCA y sobre los niveles de desigualdad y pobreza de los países deudores.
Para el FMI, el Derecho Internacional de los derechos humanos no existe, no es vinculante, ni siquiera como una referencia teórica, no forma parte de sus compromisos y obligaciones.
El FMI privilegia el derecho de propiedad del capital financiero, único que reconoce explícitamente, sobre los demás derechos; su finalidad es configurar las economías de la mayoría de los países, conforme las necesidades del capital global, de manera de beneficiar a los principales socios de la institución.
Se trata de garantizar la apertura de las economías a la competencia externa tanto en lo comercial, como en el flujo de capitales. A su vez las exigencias de equilibrio fiscal y liberalización de los mercados son objetivos inmediatos a cumplir por los países. La deuda aparece como un negocio en sí mismo.
Es claro el conflicto entre los derechos de los acreedores con los derechos humanos de las poblaciones de los países deudores.
Mientras el principio de austeridad que proponen los acreedores se dirige a proteger sus activos, dicha "protección" se paga recortando los gastos sociales destinados a las personas que no tienen activos.
Es evidente que el esquema sobre el cual se asientan las deudas soberanas provoca una profunda tensión con las libertades políticas y democráticas de los países deudores.
Es por ello que el Caj convoca a todas las instituciones y organizaciones a reunirse en asamblea permanente de discusión y movilización en repudio de la deuda, de su legalidad, en resistencia y defensa de la soberanía del pueblo argentino y de sus derechos.
CAJ . Plenario del 21 de diciembre de 2021.
