La comunidad internacional debe exigir responsabilidades a Israel por sus crímenes de apartheid

Con motivo de la reunión de su Buró Internacional celebrada los días 27 y 28 de marzo de 2021, la FIDH desea reafirmar formalmente su respaldo a la posición de las organizaciones palestinas e israelíes que rechazan la ocupación y la política de apartheid que practica Israel hacia la población palestina. A través de leyes y prácticas sistémicas, Israel pretende establecer una política de discriminación institucionalizada destinado a favorecer a los ciudadanos israelíes de confesión judía con objeto de lograr la fragmentación del Estado de Palestina. Además de la discriminación, esta población se enfrenta a persecución jurídica e institucional, que constituye una violación grave del derecho internacional y exige una respuesta adecuada por parte de la comunidad internacional a fin de acabar con estos crímenes y con la impunidad de la que disfruta Israel.

Desde 2009, varias organizaciones palestinas miembros de la FIDH, entre ellas Al-Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos y el Centro Al-Mezan de Derechos Humanos, han analizado la dimensi√≥n colonialista y segregacionista de la ocupaci√≥n israel√≠. Han documentado los asesinatos, la destrucci√≥n de bienes sin justificaci√≥n militar, la expropiaci√≥n, las detenciones arbitrarias y la tortura, el traslado de colonos israel√≠es a los territorios ocupados, las anexiones de tierras palestinas, los innombrables obst√°culos a la libre circulaci√≥n de la poblaci√≥n palestina ‚ÄĒcomo el muro de separaci√≥n‚ÄĒ, el saqueo de los recursos naturales, as√≠ como otros numerosos abusos cuyo objeto es mantener la supremac√≠a israel√≠ en detrimento de los derechos de las personas palestinas. Estas pol√≠ticas y pr√°cticas constitutivas del crimen de apartheid se han cometido con total impunidad y sus autores han logrado evitar responder ante la justicia.

En enero de 2021, B‚ÄôTselem ‚Äď el Centro de Informaci√≥n Israel√≠ sobre los Derechos Humanos en los territorios ocupados, organizaci√≥n miembro de la FIDH que, desde su creaci√≥n en 1989, documenta las violaciones de los derechos de la poblaci√≥n palestina cometidas por Israel en Cisjordania (incluido Jerusal√©n Este) y la Franja de Gaza, public√≥ un informe titulado Un r√©gime de supr√©matie juive de la M√©diterran√©e au Jourdain : c‚Äôest un apartheid [Un r√©gimen de supremac√≠a jud√≠a del Mediterr√°neo a Jordania: es apartheid].

El informe confirma que el Gobierno israelí intenta implantar un régimen de discriminación institucionalizada destinado a favorecer a los ciudadanos israelíes de confesión judía. Para ello, las autoridades israelíes han dividido los territorios y la población palestina en diferentes unidades y han atribuido a la población palestina de cada una de ellas un conjunto diferente de derechos, siempre inferiores a los derechos acordados a la ciudadanía judía que reside en la misma zona. La labor de documentación realizada por las organizaciones palestinas e israelíes ha conducido a numerosas instancias internacionales de derechos humanos a las mismas conclusiones.

Un Estado que utiliza leyes, políticas y prácticas que vulneran los derechos humanos, con objeto de mantener y perpetuar la dominación de un grupo (racial, étnica, nacional o religiosa) sobre otro grupo, se considera, en virtud del derecho internacional, un Estado que comete el crimen de apartheid. [1]

‚ÄĘ Las manifestaciones del apartheid cometido por Israel:

Como potencia ocupante, de facto y por la fuerza del derecho, Israel aplica diversas políticas para establecer un sistema de superioridad sobre la población palestina.

En el plano jur√≠dico, Israel ha adoptado varias leyes que revisten un car√°cter discriminatorio hacia la poblaci√≥n palestina de 1948 (que ten√≠a pasaporte israel√≠) y la poblaci√≥n palestina de 1967, que viv√≠a en los territorios palestinos ocupados; dichas leyes establecen diferencias de trato en materia de estatuto personal, protecci√≥n jur√≠dica, acceso a ventajas sociales y econ√≥micas o derecho a la tierra y a la propiedad. Entre estos textos jur√≠dicos, cabe citar a t√≠tulo indicativo la ley sobre la nacionalidad israel√≠ y la entrada en Israel, aprobada en 2003 (ley provisional) que permit√≠a a toda persona de religi√≥n jud√≠a, procedente de cualquier pa√≠s, trasladarse a vivir en Israel y obtener de este modo la ciudadan√≠a israel√≠. Un derecho totalmente negado a la poblaci√≥n palestina, incluso a las personas refugiadas cuyo derecho a retornar a Palestina se consagr√≥ hace 70 a√Īos, mediante la resoluci√≥n 194 de las Naciones Unidas.

Esta ley discriminatoria y la violaci√≥n del derecho internacional refleja la voluntad de la potencia ocupante de modificar la composici√≥n demogr√°fica de la poblaci√≥n a trav√©s de medidas para garantizar la superioridad cuantitativa de la poblaci√≥n jud√≠a israel√≠. En su √ļltima modificaci√≥n de 2018, esta otorg√≥ al ministro de Interior israel√≠ un amplio poder discrecional para anular o suspender el permiso de residencia permanente de las personas palestinas nacidas en Jerusal√©n, que, como consecuencia, pueden perder la residencia en Israel sin condiciones ni criterios objetivos, salvo algunas raras excepciones. Esta ley obstaculiza el derecho de la ciudadan√≠a israel√≠ o de las personas residentes en Jerusal√©n Este a la reagrupaci√≥n familiar, cuando su c√≥nyuge es de nacionalidad palestina y vive en Cisjordania o la Franja de Gaza.

M√°s discriminatoria a√ļn, la Ley fundamental de 2018 hace de Israel el Estado naci√≥n del pueblo jud√≠o y confirma car√°cter discriminatorio contra las personas no jud√≠as del Estado de Israel, ya que dispone que el ejercicio del derecho de autodeterminaci√≥n en el pa√≠s est√° reservado al pueblo jud√≠o. Esta ley hace del hebreo el √ļnico idioma oficial del pa√≠s, y relega al √°rabe a ‚Äúlengua con estatuto especial‚ÄĚ. Adem√°s, aunque los asentamientos israel√≠es situados en el territorio palestino ocupado son ilegales seg√ļn el derecho internacional y que, adem√°s, constituyen un obst√°culo para el ejercicio de los derechos humanos por el conjunto de la poblaci√≥n, la Ley fundamental les otorga el estatuto constitucional de ‚Äúvalor nacional‚ÄĚ (art√≠culo 1, 2 y 5).

En la pr√°ctica, no faltan los ejemplos de la discriminaci√≥n racial estructural e institucional practicada por Israel, en su calidad de potencia ocupante. Desde 1948, contin√ļan produci√©ndose confiscaciones y expropiaciones de tierras palestinas. De este modo, Israel ha creado m√°s de 700 ciudades y pueblos jud√≠os. En este mismo periodo, no se ha creado ninguna ciudad o pueblo palestino nuevo. En la actualidad, el 93% de las tierras de Israel son tierras p√ļblicas. Por el contrario, la poblaci√≥n palestina posee √ļnicamente el 3% de la tierra, aunque representa aproximadamente el 20% de la poblaci√≥n de Israel. [2] Se han adoptado varias leyes con objeto de justificar la utilizaci√≥n de las tierras palestinas, entre ellas, la ley relativa a la propiedad de las personas ausentes. En el territorio palestino ocupado, incluido Jerusal√©n Este, se contin√ļan imponiendo restricciones que limitan el acceso de la poblaci√≥n palestina a los recursos naturales, principalmente a las tierras agr√≠colas ya sistemas adecuados de suministro de agua. Asimismo, el r√©gimen israel√≠ limita estrechamente la construcci√≥n y el desarrollo en las escasas tierras que contin√ļan en manos de las comunidades palestinas dentro de su territorio soberano. Del mismo modo, no realiza planes urban√≠sticos que reflejen las necesidades de la poblaci√≥n, y mantiene las zonas de estas comunidades pr√°cticamente sin cambios, a pesar del crecimiento de la poblaci√≥n. [3]

Por otra parte, √ļnicamente Israel toma de decisiones sobre el movimiento entre las diferentes zonas, e impone, a trav√©s de diferentes f√≥rmulas, restricciones a la libertad de circulaci√≥n de la poblaci√≥n palestina, incluso en lo que se refiere a los viajes al extranjero y al retorno. Por ejemplo, la poblaci√≥n palestina de Cisjordania que desea entrar en Israel, en Jerusal√©n Este o en la Franja de Gaza, debe realizar una solicitud ante las autoridades israel√≠es. El muro, erigido en territorio palestino, cuya construcci√≥n ha sido condenada por la Corte Internacional de Justicia, limita cada vez m√°s la circulaci√≥n de la poblaci√≥n palestina. En la Franja de Gaza, sitiada desde 2007, la totalidad de la poblaci√≥n se encuentra encarcelada, ya que Israel proh√≠be pr√°cticamente cualquier desplazamiento, de entrada o salida, salvo raras excepciones calificadas como humanitarias. Debido a esta situaci√≥n de bloqueo, se impide a la poblaci√≥n residente en Gaza el acceso a servicios b√°sicos, entre ellos el agua potable y la ayuda m√©dica y humanitaria urgente.

El apartheid y las políticas con fines supremacistas se encuentran implantadas de forma diferente en cada zona y las formas de la injusticia a las que dan lugar varían, pero, actualmente son objeto de una creciente condena por la comunidad internacional.

‚ÄĘ Las medidas de la comunidad internacional contra el apartheid cometido por Israel:

Desde hace algunos a√Īos, las instancias internacionales se vienen manifestando en relaci√≥n con las pol√≠ticas de apartheid que lleva a cabo Israel. De este modo, en diciembre de 2019, el Comit√© de las Naciones Unidas para la Eliminaci√≥n de la Discriminaci√≥n Racial (CERD) expres√≥ su preocupaci√≥n en relaci√≥n con la existencia de pol√≠ticas y pr√°cticas israel√≠es de apartheid contra el pueblo palestino a ambos lados de la l√≠nea verde. En sus observaciones finales sobre el informe de Israel, el Comit√© se√Īala que ‚Äúen relaci√≥n con la situaci√≥n particular del territorio palestino ocupado, el Comit√© est√° sumamente preocupado (v√©ase CERD/C/ISR/CO/14-16, p√°rr. 24) por las consecuencias de las pol√≠ticas y las que equivalen a segregaci√≥n de facto, como la aplicaci√≥n por el Estado parte en el territorio palestino ocupado de dos sistemas jur√≠dicos y dos series de instituciones totalmente separados, por un lado para las comunidades jud√≠as agrupadas en asentamientos ilegales y, por otro, para las poblaciones palestinas que viven en ciudades y pueblos palestinos. El Comit√© est√° particularmente alarmado por el car√°cter herm√©tico de la separaci√≥n de los dos grupos, que viven en el mismo territorio pero que no disfrutan del mismo uso de las carreteras y las infraestructuras, ni del mismo acceso a los servicios b√°sicos y los recursos h√≠dricos. Esta separaci√≥n se concreta en la aplicaci√≥n de una compleja combinaci√≥n de restricciones de la circulaci√≥n mediante el muro, los cortes de carreteras, la obligaci√≥n de utilizar carreteras diferentes y un r√©gimen de permisos que solo afecta a la poblaci√≥n palestina (art√≠culo 3).

El 16 de junio de 2020, m√°s de 50 personas expertas y relatores/as especiales sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas publicaron una declaraci√≥n com√ļn en la que consideran que ‚Äúel proyecto de Israel de anexionarse pr√°cticamente un tercio de Cisjordania es ‚Äė la imagen de un apartheid el siglo XXI‚Äô‚ÄĚ y a√Īade que ‚Äúlo que quedar√≠a de Cisjordania ser√≠a un bantust√°n palestino, islotes de tierra desconectados, completamente rodeados por territorio israel√≠ y sin conexi√≥n territorial con el mundo exterior.‚ÄĚ Las personas expertas y los relatores/as especiales de las Naciones Unidas advirtieron de esta grave violaci√≥n del derecho internacional indicando que la ‚Äúconsecuencia de la anexi√≥n ser√≠a la cristalizaci√≥n de una realidad ya injusta: todos los pueblos que viven en el mismo espacio, dirigidos por el mismo Estado, pero con derechos profundamente desiguales‚ÄĚ.

Desde 2013, la FIDH ha alertado sobre el crimen de apartheid cometido por Israel. Actualmente, tras acoger con satisfacción la decisión histórica emitida el 21 de febrero de 2021 por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmando que la competencia de la Corte se aplica a Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y que, en consecuencia, la Fiscalía está autorizada a investigar los crímenes internacionales cometidos en estos territorios, la FIDH insta a que se investigue, además de los crímenes de guerra, el conjunto de hechos, leyes y prácticas que atestigua el crimen de apartheid.

Paralelamente, y adem√°s de las responsabilidades individuales que se deriven de la justicia penal internacional, la comunidad internacional y los Estados miembros de las Naciones Unidas contin√ļan teniendo la responsabilidad de tomar medidas decisivas para poner fin de inmediato el estado de apartheid y acabar con el crecimiento de las actividades de colonizaci√≥n en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusal√©n Este. Estos cr√≠menes, que se encuentran entre los m√°s graves que contempla el derecho internacional, deben cesar, y la poblaci√≥n palestina debe poder ejercer su derecho a la autodeterminaci√≥n.

Notas

[1] El apartheid en el derecho internacional: La Convenci√≥n Internacional sobre la Represi√≥n y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de noviembre de 1973 y que entr√≥ en vigor en 1976, califica como ‚Äúapartheid‚ÄĚ los actos inhumanos cometidos para instituir o mantener la dominaci√≥n de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial con objeto de oprimirlo de manera sistem√°tica (art√≠culo 2 de la Convenci√≥n sobre el Apartheid). Seg√ļn el art√≠culo 2 de la Convenci√≥n, estas pr√°cticas de segregaci√≥n y discriminaci√≥n racial, similares a las que se practicaron en Sud√°frica, pueden ser constitutivas de crimen de apartheid cuando se trate de: La denegaci√≥n a uno o m√°s miembros de un grupo o grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona: mediante el asesinato de miembros de uno o m√°s grupos raciales; mediante atentados graves contra la integridad f√≠sica o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o m√°s grupos raciales, su sometimiento a torturas o a penas y tratos crueles inhumanos o degradantes; mediante la detenci√≥n arbitraria y la prisi√≥n ilegal de los miembros de uno o m√°s grupos raciales; cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o m√°s grupos la participaci√≥n en la vida pol√≠tica, social, econ√≥mica y cultural del pa√≠s y crear deliberadamente condiciones que impiden el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o m√°s grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educaci√≥n, el derecho a salir de su pa√≠s y de regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulaci√≥n y residencia, el derecho a la libertad de opini√≥n y de expresi√≥n y el derecho a la libertad de reuni√≥n y de asociaci√≥n pac√≠ficas; cualesquiera medidas, incluidas las de car√°cter legislativo, destinadas a dividir la poblaci√≥n seg√ļn criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o m√°s grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes ra√≠ces pertenecientes a uno o m√°s grupos raciales o a miembros de los mismos; la explotaci√≥n del trabajo de los miembros de uno o m√°s grupos raciales, especialmente someti√©ndolos a trabajo forzoso; la persecuci√≥n de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid priv√°ndolas de derechos y libertades fundamentales. Seg√ļn el Estatuto de Roma, ratificado por 123 Estados, el apartheid constituye un crimen contra la humanidad (art√≠culo 7). Se define como ‚Äúactos inhumanos de car√°cter similar a los mencionados en el p√°rrafo 1, cometidos en el contexto de un r√©gimen institucionalizado de opresi√≥n y dominaci√≥n sistem√°ticas de un grupo racial sobre uno o m√°s grupos raciales y con la intenci√≥n de mantener ese r√©gimen.‚ÄĚ Se trata, por lo tanto, de un r√©gimen que es competencia de la CPI. Aunque hist√≥ricamente ha estado vinculado a la experiencia de Sud√°frica, en derecho internacional este crimen no puede limitarse a un Estado en particular y la comunidad internacional tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias ‚ÄĒtanto jur√≠dicas, como administrativas o econ√≥micas‚ÄĒ para ponerle fin y perseguir a sus autores. Aunque Palestina ha suscrito tanto la Convenci√≥n Internacional sobre la Represi√≥n y el Castigo del Crimen de Apartheid como el estatuto de la CPI, respectivamente, en 2014 y 2016, Israel se niega a hacerlo.

[2] https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/israel-doit-abroger-la-loi-sur-la-citoyennete

[3] https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid