EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA IMPLICA UN ATAQUE A LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS

En el contexto de la sanción de la ley 27541 de emergencia pública generalizada y las medidas adoptadas a raíz de la pandemia mundial del COVI-19 se dictan, diariamente, por el gobierno una serie de disposiciones que limitan fuertemente los derechos y libertades de los trabajadores. En particular, asistimos, a la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, reemplazada por el arbitrio del PEN, manteniendo, por otra parte a la mayoría de los jubilados en niveles de pobreza extrema, la continuidad del proceso de armonización a la baja de los regímenes jubilatorios provinciales, los despidos, el ajuste de los salarios y el recrudecimiento de la represión en todo el país.

La deuda externa es el telón de fondo de una crisis de conjunto, de la cual los referidos aspectos son partes integrantes y necesarias. La deuda externa argentina, consolidada a la fecha, asciende a 335.000 millones de dólares. A esto se le suma que varias provincias (Rio Negro se acaba de sumar, a la lista, mientras Córdoba y Chubut esperan una reestructuración de sus bonos defaulteados) se encuentran en estado de crisis terminal.

Las deudas de las provincias suman otro 10 por ciento del PBI. Las empresas privadas, por su parte, deben 80 mil millones de dólares, lo que convierte al sector en un enorme Vicentín,, empresa en quiebra fraudulenta..

El cuadro es muy grave, en tanto no hay en el horizonte una reactivación económica, como la de 2OO3/2OO7, ni se avizora un mejoramiento del precio de las materias primas, principal fuente de ingresos mediante la exportación. Nuestra economía primarizada, podemos decir que desde el “Rodrigazo” (1975) se han sucedido numerosos planes económicos, que no solo han destruido los vestigios de un proceso de industrialización, sino que han sometido al país, durante los distintos gobiernos, a un endeudamiento permanente como una política verdadera política de estado.

En la actualidad Wall Street y el FMI han apoyado la propuesta de pago del actual ministro Guzmán, lo han hecho para mejor condicionarla. Es por ello, que no aceptaron ninguna excepcionalidad para el caso argentino. Esto se debe a que más de ochenta países se encuentran actualmente con problemas de deuda, empezando por el Líbano y Ecuador (ambos similares al caso argentino). Es por ello que los organismos internacionales y los fondos de inversión no dan ninguna tregua a Guzmán, para evitar que los restantes pidan un trato similar.

Entre los fondos de inversión, en general, existe una aceptación de los duros términos de pagopropuestos por el gobierno argentino, pero supeditándolos al monitoreo del FMI.

Esto, sin embargo, no resuelve la ecuación. Porque el principal grupo mundial de fondos, Blackrock (32 por ciento del paquete de 64.8OO millones de deuda en negociación inmediata), no acepta ninguna variante. Quiere todo. Quiere aún más que los usurarios intereses ya concedidos a los otros sectores, según los cuales no hay quita de capital, y la tasa de interés ofrecida por el gobierno trepó de 2,5 al 5 por ciento, cuando la tasa del mercado norteamericano esta en O,6 por ciento. Se llegó a conceder, asimismo, que el periodo de gracia o no pago- originalmente propuesto por Argentina en cuatro años- haya disminuido a un año. Es decir, que se pague en el cortísimo plazo.

Esta propuesta no interesa a Blackrock, que va por el pago nominal, lo que plantea, para esos fondos buitres, que el tema pase a dirimirse en la justicia norteamericana, de acuerdo a lo comprometido por el Estado argentino en los contratos de préstamo.

La jueza que entenderá en estos casos es Loreta Preska, sucesora del fallecido juez Griessa, de triste recuerdo, por sus fallos contra la Argentina, ante las pretensiones usurarias planteadas, hace unos años, por los fondos buitre. Esta jueza falló recientemente contra nuestro país por 225 millones de dólares, y esta a su resolución otro caso, por remanentes de la vieja deuda, por otros trescientos millones. A ella irán a hacer valer sus derechos los de Blackrock y Cia.

Más allá de este sector "independiente", el resto de los acreedores han manifestado, como dijimos, que supeditan cualquier firma a lo que se acuerde, primero, con el FMI.

La deuda con el FMI, contraída por el anterior gobierno de Macri, ronda los 50 mil millones de dólares.

La condición para dar un respiro en ese pago, es establecer un "monitoreo" del manejo de la economía argentina. Implica un severísimo ajuste fiscal, tanto a nivel de ingresos como del gasto público social, con su secuela de despidos masivos, miseria y desinversión, en educación, salud, e infraestructura, y- definitivamente- terminar con los sistemas de seguridad social tal como se los conoció históricamente en nuestro país.

En concreto: significa entregar el gobierno del país a los acreedores.

De allí que lo que ya está sucediendo: golpes al sector de jubilados y trabajadores, represión abierta y dura a la población, sean la antesala de una preparación del terreno para lo que el FMI se propone hacer abiertamente: dirigir el país para imponer su plan de ajuste total.

En base a este análisis y sus implicaciones, el CAJ considera que la única opción viable, por corresponder a la realidad, es el denunciar la deuda externa como ilegítima, una verdadera estafa al pueblo argentino, reclamar el no pago de la deuda en todas sus variables, investigando a quienes la contrajeron como parte de un negocio financiero, junto a la inmediata vigencia de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y de los jubilados.

En este contexto, la represión es funcional al pago de la deuda externa y el ajuste que conlleva. Por eso exijimos, asimismo, la judicialización y castigo de los responsables de todos los asesinatos de jóvenes en las barriadas obreras, cercadas por la fuerza, en todo el pais, y en particular en Gran Buenos Aires, bajo el mando del teniente coronel Berni y sus similares de otras provincias, que deben renunciar, como primera cuestión.

CAJ.
26 de julio de 2020.